Desalojos para el despojo: El desplazamiento forzoso por proyectos de desarrollo. Medellín.

Linea Territorio y despojo

Por: Astrid Osorio Álvarez*

El pacto de derechos económicos sociales y culturales –PIDESC-, reconoce el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado, esto incluye el derecho a una vivienda adecuada. Otros tratados internacionales, así como la Constitución de 1991 reconocen también la protección de la propiedad privada, la protección del hogar y la privacidad.

 

 

San Luis Medellín

Sin embargo, estos derechos parecieran tener que ceder ante el supuesto “interés general” que se pregona de los proyectos de desarrollo y renovación urbana que se vienen adelantando hace varios años en la ciudad de Medellín.

La ejecución de estos proyectos en diferentes zonas de la ciudad, comparten, y no por casualidad, unas consecuencias, relacionadas con el modo en que actúa la Administración: desalojos forzosos, amenazas de desalojos, reasentamiento de población y arrendamiento (a)temporal[i] -que supera en muchos casos 5 años-, son las acciones sistemáticas de diferentes instituciones estatales, las cuales repercuten en la vida, la integridad personal y el derecho a la vivienda adecuada de las comunidades que habitan los lugares que reconocían como hogar.

 

 

 

Pareciera que para la Alcaldía de Medellín y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED-, el barrio, las casas y la cotidianidad tejida a través de los años por las comunidades que habitan las zonas de interés del proyecto de desarrollo se trocaran fácilmente. Esto se advierte con el proceso que adelanta la Administración luego de tomar decisiones unilaterales que impactan de manera perversa la vida, en su más amplio sentido, de cada uno de los habitantes.

Entre tanto, intentan amedrantar e intimidar a las comunidades, por medio de la fuerza policial del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-, desconociendo con estas acciones compromisos de carácter internacional y derechos fundamentales como el debido proceso, la propiedad privada, y la integridad personal.

Luego, el reasentamiento de la población, el valor del subsidio de vivienda, las ofertas de compra, así como con el precio final pagado en el marco de enajenación (arbitraria) “voluntaria”, las decisiones de demolición y expropiación son los medios por los cuales la administración actúa para finalmente, desplazar, desintegrar las redes socio-económicas y empobrecer a los habitantes de los barrios.

La situación de las comunidades que habitan diversas zonas de la ciudad que se han visto impactadas de manera negativa por la ejecución de proyectos de desarrollo no encuentran todavía la protección a sus derechos fundamentales, por el contrario, vienen atravesando diferentes procesos que van de la resistencia a la resignación, pues finalmente, en la relación administración – comunidad, estos últimos permanecen en una posición débil ante el poder y la fuerza (ilegal) que acompaña al Estado.

Nos encontramos pues en un estadio complejo, dónde diferentes barrios claman ser escuchados y apoyados por nosotros, la sociedad que celebra el desarrollo, desde la visión única, del interés general, de la comodidad y de lo “bello”.

 

 

 

“Nosotros no somos delincuentes, lo único que hemos robado es a la pobreza, una casa” Juana Cardona, habitante del barrio San Luís. Víctima de la obra Tranvía en Medellín:

Este es el caso del barrio San Luís, que si bien no se encontraba en el perímetro requerido para la construcción del tranvía, resultó afectado como consecuencia de la falta de pericia para manipular la dinamita utilizada en dicha construcción lo que ocasionó que las viviendas del barrio se vieran afectadas con la detonación. Los hechos ocurridos en 2014 hasta la fecha no encuentran desenlace.

Lo que inició como un desalojo temporal para salvaguardar la integridad de las familias que habitaban el barrio, pasó a ser blanco de expropiación por parte de la Administración. Y respecto de las casas que lograron usurpar por medio del modelo de “enajeción voluntaria” se tiene prevista una demolición, que muy seguramente no tiene un plan de acción, donde se pueda estimar el riesgo y minimizar los daños que se podrían ocasionar a las demás viviendas que todavía están en proceso de negociación / expropiación.

Sin bien, las condiciones de negociación comparten con otros casos en la ciudad de Medellín, elemento como: (des)información de los procesos que se adelantan, ausencia de procesos participativos efectivos, falta de claridad y reconocimiento de las propuestas comunitarias, en esta oportunidad, se evidencia que el engaño se usa como primera medida para:

Conseguir que la población desaloje sus viviendas, previa una indemnización y facilitando con ello la intervención del barrio a espaldas de sus habitantes.

Incidir de manera indirecta en el deterioro de las viviendas, situación que impacta de manera gravosa el avalúo de las mismas.

Desarticulación de las redes de resistencia comunitarias.

Desinformación generalizada entre unos y otros habitantes, promoviendo desacuerdos y confusión en el proceso, así como negociaciones sospechosas.

El caso San Luís, se presenta como un ejemplo, de las nuevas estrategias de la Alcaldía de Medellín y el ISVIMED, para despojar y pagar menos valor por las viviendas. Y así lograr implementar proyectos de renovación urbana que embellezcan la ciudad que discrimina, desplaza, segrega, empobrece y revictimiza.

Nota.

[i] Según el Decreto 2339 de 2013 entre las diferentes modalidades de arrendamiento temporal que se establecen, el plazo máximo para este subsidio se extiende hasta un año.

* Docente Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – Universidad de Antioquia. Coordinadora del Semillero Movilidad Humana, desarrollismo, cambio climático y nuevas violencias.

 

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