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Mar, Sep

En el San Juan, la violencia armada, el avance extractivo y la vulnerabilidad ante desastres se superponen sobre comunidades afro e indígenas históricamente excluidas. La respuesta no puede ser más guerra, exige derechos, paz y transformación territorial.

El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.

En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.

La crisis que atraviesa la USO trasciende una disputa sindical, pone en juego su memoria histórica, su autonomía frente al poder corporativo y la defensa de Ecopetrol. El desafío es evitar que la resistencia obrera termine administrada por los intereses del capital.

En El Volador, más de 50 años de historia comunitaria chocan con el “progreso” del Metro de la 80: expropiaciones, desalojos y familias desplazadas. Una pregunta queda abierta: ¿desarrollo para quién y a costa de quién?

Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.

La investigación formativa se toma la palabra desde las regiones. Estudiantes e investigadores del país se reunirán este 8 de octubre en un espacio virtual para compartir saberes, experiencias y propuestas que construyen paz desde y para los territorios.

La cruda realidad de estos días destruye el mito de que los desastres sacan lo peor de la humanidad. La angustia por ayudar es palpable y no se limita a quienes están alrededor de los escombros: atraviesa a todo el país. Al mismo tiempo, las catástrofes hacen visibles nuestros propios límites y muestran cuánto necesitamos fortalecer nuestras capacidades para responder de manera organizada, solidaria y eficaz.

Granizal volvió a las calles para exigir agua, vías y derechos. Tras el deslizamiento que dejó 27 muertos en 2025, persisten el riesgo, la precariedad y las respuestas insuficientes del Estado. La comunidad exige dignidad y derecho a permanecer.

Ucrania, Gaza, Irán y una nueva alianza están reconfigurando el tablero mundial. Mientras las guerras se prolongan y EE. UU. pierde capacidad de control, nuevas potencias buscan contener la expansión de Israel y disputar el orden global.

Ya no hacen falta golpes de Estado tradicionales, bastan algoritmos, miedo, lawfare y gobiernos obedientes. La disputa por América Latina es hoy una batalla por los recursos, la memoria, la soberanía y el derecho mismo de los pueblos a existir con dignidad.

La Revista Kavilando publica un nuevo número dedicado a comprender las transformaciones del orden global desde una perspectiva crítica latinoamericana. Guerra cognitiva, geopolítica, migración, justicia, crisis climática y resistencias populares articulan esta edición. 

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