Por: Carolina Jiménez Martín y John Freddy Gómez
Una breve trayectoria histórica del comportamiento de la deuda en Colombia, especialmente la pública, y a partir de estos elementos situar la urgencia de avanzar en un proceso de auditoria internacional de esta. Aportando insumos en un horizonte de justicia económica y tributaria.
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Presentación
En lo recorrido del siglo XXI hemos padecido sin ropajes los horrores del capitalismo. Tan solo transcurridos siete años del nuevo siglo estalló la gran depresión demostrando los límites económicos, sociales, ecológicos y políticos de un sistema soportado en el despojo de los bienes comunes y en la precarización del mundo de la vida.
Iniciando la tercera década de este nuevo siglo, nos enfrentamos a la pandemia del SARS-CoV-2, la cual visibilizó de modo aún más descarnado los desequilibrios y las profundas desigualdades e injusticias sociales y territoriales que signan el orden dominante.
En Colombia, la emergencia sanitaria, gestionada por un gobierno autoritario y ultraneoliberal, profundizó las condiciones de pobreza y precarización de millones de familias: en términos de pobreza monetaria [PM] se pasó de 35,7 % en 2019 a 42,5 % en 2021 y en pobreza monetaria extrema [PME] hubo un incremento del 9,6 % al 17,7 % para los mismos años. Estas tasas ubican al país como el segundo con mayor población de la región en condición de pobreza, solo superado por Honduras (CEPAL, 2022) y el más desigual de los integrantes de la OCDE. Entrado el año 2022 este escenario podría empeorarse debido a los anuncios de una eventual estanflación en la economía mundial.
Entre los dispositivos que jalonan y explican estas exorbitantes cifras de pobreza y desigualdad se encuentra el endeudamiento. La deuda se ha configurado como un proceso catalizador que soporta las dinámicas de acumulación capitalista en Colombia, así como su forma de inserción en la economía mundial.
Ateniendo a lo anterior, este artículo tiene como objetivo proponer una breve trayectoria histórica del comportamiento de la deuda en Colombia, especialmente la pública, y a partir de estos elementos situar la urgencia de avanzar en un proceso de auditoria internacional de esta. Tenemos la convicción de que auditar nos permite, por un lado, allanar caminos que contengan la brutalidad de este capitalismo financiarizado, y, por el otro, aportar insumos en un horizonte de justicia económica y tributaria.
Deuda pública: fuente de estabilización fiscal y de apalancamiento del despojo
El carácter dependiente y primario de la economía colombiana y el consecuente deterioro de los términos de intercambio han configurado a la deuda pública como un dispositivo privilegiado para ordenar y dinamizar el sistema económico nacional. De ahí que la deuda no solo ha jugado como factor de incremento de los ingresos fiscales del Estado, sino también como dispositivo regulador del capital financiero, hoy globalizado, sobre nuestra soberanía monetaria y fiscal.
Con la entronización del neoliberalismo este panorama se ha complejizado aún más. En efecto, con el agotamiento y límite del proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones a finales de la década de los años 60 del siglo XX y la consecuente reprimarización y liberalización económica, asistimos a una reducción La deuda como dispositivo de despojo colectivo y acaparamiento individual de los ingresos del Estado1 y el consecuente crecimiento de la deuda pública como fuente de estabilización (Estrada, 2004).
La pérdida de fuentes de financiación estatal ha conducido, por un lado, a reforzar una estructura tributaria regresiva (aumento de los impuestos indirectos) y un desmantelamiento progresivo de la política social del Estado, con las implicaciones que esto tiene para la reproducción social y el ejercicio de los derechos fundamentales de las gentes del común; y por el otro, a un incremento exorbitante de la deuda. Todo lo anterior soportado en las orientaciones dadas por los
organismos financieros internacionales como son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Gráfica 1: Ingresos tributarios en Colombia entre 1970-2021 en porcentaje de participación
Nota: Realizada a partir de (DANE, 2022)
Fuente: elaboración propia a partir de DANE, 2022.
Gráfica 2: Deuda bruta del Gobierno Nacional Central 1970-2021 en Colombia (en porcentaje del PIB)
Nota: Realizada a partir de (Ministerio de Hacienda, 2021)
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Hacienda, 2021
Gráfica 3: Ingresos, gastos y déficit fiscal del Gobierno Nacional Central en Colombia 1985-2021 (en miles de millones de pesos colombianos)
Nota: Realizada a partir de (Banco de la República, 2022)
Fuente: elaboración propia a partir de Banco de la República, 2022a.
La deuda como dispositivo de despojo colectivo y acaparamiento individual
Las gráficas anteriores ilustran la relación existente entre incremento de la deuda, injusticia tributaria, pérdida de otros ingresos fiscales y empobrecimiento de los sectores populares. En la primera gráfica se observa la reducción dramática de los ingresos derivados de los impuestos arancelarios y el recrudecimiento del Impuesto al Valor Agregado, lo que de facto ha implicado la transferencia de las cargas impositivas desde el gran capital a la sociedad en su conjunto.
En la segunda gráfica se evidencia el incremento sostenido de la deuda pública bruta del Gobierno Nacional Central como fuente de apalancamiento fiscal. Por último, se encuentran los ingresos, gastos y déficit fiscal en Colombia atestiguando el incremento del desequilibrio de la política fiscal bajo la puesta en marcha y devenir de las políticas neoliberales.
Tenemos entonces una lógica perversa de la organización económica la cual castiga el salario social y subordina las condiciones de existencia del conjunto de la sociedad al servicio de la odiosa y espuria deuda externa.
Crisis, financiarización y ajustes estructurales en la economía colombiana
La configuración de un régimen de acumulación neoliberal, con rasgos dependientes y reprimarizados, ha aumentado de modo impactante la vulnerabilidad externa de la economía colombiana. Desde la década de los años 80 del siglo pasado se han desplegado diversas crisis económicas con importantes impactos fiscales, de endeudamiento y de pérdida de soberanía monetaria y fiscal debido a los acuerdos alcanzados con las Instituciones Financieras Internacionales [IFI].
Entre las crisis y acuerdos más lesivos se destacan:
• Crisis de 1983: con un déficit fiscal de aproximadamente el 7 % del PIB y un elevado endeudamiento público y privado. La deuda pública del GNC con respecto al PIB pasó de 8,71 % a 19,86 % entre 1980-1990 y la deuda privada externa en 1983 y 1984 fue la más alta para el periodo 1970 a 1990 bordeando los 4 000 millones de dólares. La gestión de la crisis vía endeudamiento (crédito de alrededor de 1 000 millones de dólares) y una reforma de ajuste estructural que abrió una línea de crédito sujeto al cumplimiento de la reducción de las tasas de inflación, incremento de las reservas internacionales y saneamiento fiscal. Consecuencia de esta gestión fue la adopción y constitucionalización del Consenso de Washington.
• Crisis de 1998: La deuda pública del GNC con relación al PIB pasó de 22,51 % en 1998 a representar 43,24 % en 2003 y la deuda externa privada superó los 17 000 millones de dólares en 1997 y 1998, cifra más alta entre el periodo 1990-2009. También, se asistió a un incremento del déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos y fiscal (6,2 % del PIB), estancamiento económico e inflación galopante. Entre los dispositivos de gestión se destaca la indexación de la tasa de interés a los vaivenes de la inflación por parte del Banco de la República configurando un incremento exponencial y odioso de las deudas de la sociedad colombiana.
En el marco de esta crisis se firman los acuerdos Stand By y el Acuerdo Extendido, que implicaron, entre otras cosas: reducción del gasto fiscal, venta de activos y empresas estratégicas del Estado, salvataje de las entidades financieras privadas con recursos públicos, blindaje y priorización del servicio de la deuda por encima de los derechos fundamentales (Garay, 1991).
• Acuerdo y crisis 2013: ante la promulgación y puesta en marcha de las políticas de reajuste estructural impulsadas en los acuerdos Extendido y Stand By, se presenta hacia adelante una lógica de verificación de la profundización de las políticas neoliberales permanente por parte de las Instituciones Financieras Internacionales por periodos de dos a tres años bajo una fuente de recursos permanente denominada Línea de Crédito Flexible. Algunas de las reformas neoliberales impulsadas por este proceso son la imposición de un Marco Fiscal de Mediano Plazo en el que se impuso una La deuda como dispositivo de despojo colectivo y acaparamiento individual regla fiscal cuantitativa en beneficio del pago de la deuda pública y en contraposición de la salvaguarda de los derechos de la sociedad, y el postulado de sostenibilidad fiscal que subordina los derechos y la justicia ante la estabilidad y tecnocracia gubernamental.
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A partir del año 2013 se evidencia un incremento exponencial de la deuda pública bruta del GNC con respecto al PIB pasando de 35 % en 2013 a superar el 60 % para el año 2021. Esta dinámica se debe a la crisis fiscal derivada de las políticas neoliberales y el desplome de los precios de las materias primas configurando procesos de reajuste estructural escalonados con venta de activos del Estado, austeridad en el gasto e inversión, reformas tributarias regresivas e indirectas, mayor demanda de deuda pública, incremento del autoritarismo y violencia como fuente de gobernabilidad. Este contexto fue exacerbado por el arribo del covid, el cual profundizó los procesos de austeritarismo: austeridad fiscal y autoritarismo gubernamental.
Gráfica 4: Crecimiento porcentual de la cartera de consumo, microcrédito, hipotecario y del salario mínimo entre 2004 y agosto de 2022
Nota: Realizada a partir de (Banco de la República, 2022)
Fuente: elaboración propia a partir de Banco de la República, 2022a.
En la anterior gráfica se puede evidenciar el desequilibrio entre el incremento del salario mínimo y la deuda de consumo, microcrédito e hipoteca inmobiliaria, de los hogares colombianos en el periodo 2004 a 2022. Este desequilibrio da cuenta del alto nivel de endeudamiento que padecen el grueso de las familias colombianas y la forma en que apalancan el desmantelamiento de la política social vía deuda.
Así las cosas, las gestiones de la crisis han aumentado la dependencia, financiarización y austeritarismo; ocasionando un círculo vicioso de acceso a crédito, crisis, reajuste estructural y nuevo acceso a créditos en el que se profundiza y se aplica diferentes olas y ampliaciones de las políticas neoliberales, las cuales lesionan profundamente a las poblaciones y la naturaleza debido al papel de la deuda como germen de desigualdad y subordinación. Al respecto es ilustrativo lo señalado por Nancy Fraser, Prácticamente todos los individuos poscoloniales no propietarios son expropiados a través de la deuda soberana, mientras los Estados poscoloniales se endeudan con prestamistas internacionales y quedan atrapados en el dispositivo del “ajuste estructural”, viéndose obligados a abandonar el desarrollismo en favor de políticas liberalizadoras que transfieren riqueza al capital empresarial y las finanzas globales. Además, la reestructuración, lejos de reducir la deuda, no hace más que agravarla, elevando estratosféricamente la relación entre el servicio de la deuda y el PNB y condenando a innumerables generaciones a la expropiación, algunas mucho antes de que nazcan e independientemente de si están o no sometidas también a la explotación. (Fraser, 2020, pp. 109-110)
La deuda asume en simultáneo un lugar privilegiado para la acumulación y dominación del capitalismo financiarizado del siglo XXI.
Buen deudor, crisis capitalista y escenario pospandemia
El contexto actual en Colombia evidencia un nuevo momento de crisis con un déficit de alrededor de 85 billones de pesos (7,2 % del PIB), una tasa de inflación anual de 9,67 %, una deuda pública bruta del Sector Público No Financiero de 72,8 % con relación al PIB, una tasa de desempleo de dos dígitos y la tasa de informalidad superando el 60 %, entre otros indicadores que ponen de presente la inestabilidad de un Estado diligente con el capitalismo financiarizado (Banco de la
República, 2022b).
Un ejemplo de lo anterior es que Colombia destinó en el año 2022 para el pago del servicio de la deuda y de los dispositivos de control militares y policiales aproximadamente el 30 % del Presupuesto General de la Nación configurando su talante austeritario (Ley 2159, 2021). Para el año 2021 por cada 100 pesos de ingresos fiscales de la nación, 35,6 pesos se dirigieron al pago del servicio de la deuda pública, de los cuales el 47 % se destina al pago de intereses y tan solo el
53 % a la amortización de la deuda (Oficina de Relación con Inversionistas, Ministerio de Hacienda, 2022).
El gobierno de Iván Duque priorizó el pago del servicio de la deuda pública durante el periodo más fuerte de la pandemia y por encima de las grandes necesidades vitales de la población colombiana.
La negativa de implementar una renta básica y como correlato la transferencia de recursos al sistema financiero privado como fuente de apalancamiento de la oferta de créditos evidencia la captura del Estado por entes nacionales e internacionales del capitalismo financiarizado.
Escenario progresista: auditoría internacional de la deuda y el camino del vivir sabroso
Atravesamos momentos convulsos como humanidad. La gran recesión2 a la que asiste la economía mundial desde 2008, y que se complejiza con la pandemia, parece no encontrar puntos de fuga para su recuperación. Diversos análisis han advertido sobre la emergencia en el segundo semestre de 2022 de un período de estanflación (inflación alta sin crecimiento) que aumentaría de modo brutal el costo de vida y limitaría los márgenes fiscales de los Estados para atender las
necesidades sociales más apremiantes de miles millones de hombres y mujeres en condición de pobreza.
La magnitud de la crisis requiere insistir en un horizonte antisistémico que nos permita caminar en la construcción de un orden social que realmente genere las condiciones para garantizar la vida digna para todas y todos. Advertir esta serie de asuntos resulta de suma importancia en el momento político que se vive en Nuestra América y en nuestro caso en Colombia.
El gobierno progresista que inicia en Colombia con la fórmula presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez requiere atender entre los asuntos prioritarios para frenar la crisis el tratamiento de la deuda espuria y la financiarización del modelo económico que la soporta.
Para avanzar en este abordaje resulta de suma importancia que el gobierno nacional abra un gran diálogo sobre la deuda pública y permita una auditoría ciudadana internacional que advierta sobre qué sectores económicos nacionales e internacionales se han beneficiado de este sistema de despojo, el nivel de expropiación vía pago de intereses, la pérdida de soberanía monetaria, entre otros asuntos, que brinden herramientas para la suspensión de pagos, la renegociación de los montos y la reingeniería del sistema de deuda del país. Solo así se puede allanar el camino de una justicia tributaria, un buen vivir y un vivir sabroso para las gentes del común.
Bibliografía
Banco de la República. (2022a). Boletín de Indicadores Económicos. https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf
Banco de la República. (2022b). Estadísticas: Balance Fiscal GNC. Bogotá: Banco de la República.
CEPAL. (2022). Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
DANE. (2022). Estadística de recaudo. Bogotá: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Estrada, J. (2004). Construcción del modelo neoliberal en Colombia, 1970-2004. Bogotá: Aurora S.A.
Fraser, N. (2020). Los talleres ocultos del capital. Un mapa para la izquierda. Madrid: Traficantes de sueños.
Garay, L. (1991). Colombia y la crisis de la deuda. Bogotá: Ediciones Antropos LTDA.
Ley 2159, (2021). Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2022. Diario Oficial No. 52052
Ministerio de Hacienda. (2021). Derecho de petición. Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Oficina de Relación con Inversionistas – Ministerio de Hacienda. (3 de Julio de 2022). Indicadores Deuda Pública. https://www.irc.gov.co/webcenter/portal/IRCEs/pages_Deuda
Roberts, M. (2016). La larga depresión. Madrid: El Viejo Topo.
notas:
1 Esta reducción se explica, entre otras cosas, por una liberalización comercial que redujo los impuestos arancelarios, los cuales pasaron de representar el 33 % de los ingresos fiscales de la nación en 1970 a rondar el 2 % en el año 2020, y por la creación de incentivos tributarios al gran capital.
2 “Esta caída del capitalismo ha sido llamada la Gran Recesión por su gran magnitud. Ha sido la más larga y profunda, en duración y profundidad de la contracción de la producción, que ha experimentado la economía global capitalista (representado por los 30 países capitalistas avanzados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE) desde la gran depresión de 1929-32” (Roberts, 2016, pág..88)
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