La desclasificación de los archivos del DAS abre una grieta en el muro de impunidad que cubre la violencia estatal en Colombia. En ellos reposan claves sobre espionaje político, vínculos con paramilitares y operaciones contra Venezuela. La verdad podría sacudir las estructuras del poder.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez
El presidente Gustavo Petro ordenó el 17 de octubre de 2025 la desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), abriendo una fisura en el muro de impunidad que encubre décadas de persecuciones ilegales, espionaje político, narcotráfico y el entramado del llamado “cartel de las tres letras”, donde confluyeron Estado, empresa y violencia.
En un acto público, Petro ofreció perdón al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), víctima de una persecución sistemática por parte del Estado. Este gesto fue acompañado de la apertura de estos archivos, acto que traduce en una señal histórica y en una muestra tangible de una Verdad aún pendiente de ser revelada.
El DAS: centro de espionaje, violencia y narcotráfico
El DAS, creado como órgano de seguridad e inteligencia, fue liquidado en 2011 tras escándalos de interceptación ilegal a magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, décadas antes ya existen denuncias de que esta institución operó como una estructura paralela de poder.
El ex jefe de informática del DAS, Rafael García, señaló que dentro del organismo se conformó una red de narcotráfico y lavado de dólares, denominada “el cartel de las tres letras”.
Según su testimonio, grupos de narcotraficantes y paramilitares del Bloque Norte y del Frente Wayúu, por ejemplo, se beneficiaron del apoyo institucional, entre otros hechos criminales de gran envergadura.
En 2003–2004, el DAS en coordinación con la Aerocivil y la DIAN, habría facilitado la introducción de cerca de USD 100 millones de narcotráfico, mediante correos humanos y facilidades de tránsito aéreo. Ya desde Venezuela se había acusado al DAS como una institución del Estado colombiano que funcionaba como “importante cártel de droga”.
Éstos archivos podrían arrojar luz sobre hechos emblemáticos de la violencia estatal.
Piedad Córdoba fue secuestrada y sistemáticamente perseguida, como hoy queda claro en la sentencia que condena a Jorge Noguera, exdirector del DAS por este delito.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró que el DAS tenía listados de “objetivos de alto valor” y entregaba información para acosar y asesinar líderes sociales; señaló que el expresidente Gustavo Petro estuvo entre ellos.
Asimismo, el asesinato del periodista Jaime Garzón (1999) y el sector de las personas defensoras de derechos humanos fueron blanco de seguimientos, interceptaciones y violencia, donde el DAS participó como aparato de inteligencia ilegal.
Estado, narcotráfico y paramilitarismo: una trama de poder
Esta apertura documental revelaría por ejemplo, que el conflicto colombiano no fue sólo entre guerrillas y Estado, sino que estuvo atravesado por una alianza entre sectores estatales, élites política y empresariales, así como grupos narco-paramilitares. La estrategia de “seguridad democrática” impulsada en los años 2000 se combinó con despojo territorial, muerte de liderazgos sociales y control empresarial, acciones articuladas por organismos como el DAS.
Las rutas del narcotráfico, según el exdirector de informática del DAS, partían de Colombia hacia Venezuela, México y EEUU, con la complicidad de altos funcionarios del DAS y alianzas con el cartel de los Beltrán Leyva.
Estas redes implicaban financiación de paramilitares, control territorial de cultivos ilícitos y protección de intereses empresariales extractivos.
El papel de Estados Unidos: la sombra detrás del DAS
El rol de la Drug Enforcement Administration (DEA) ha sido señalado como pieza clave en este entramado de poder y violencia. Oficialmente aliada del Estado colombiano contra el narcotráfico, hay denuncias de que la DEA y otros servicios estadounidenses conocieron —o incluso colaboraron con— redes de inteligencia del DAS que ejecutaron operaciones ilegales de espionaje, persecución política y asesinato.
Una de las revelaciones más graves apunta a planes gestados desde el DAS para asesinar, en su momento, al presidente venezolano Hugo Chávez y desestabilizar a Venezuela.
El silencio de Washington ante estas denuncias del “cartel de las tres letras”, la red del DAS que mezclaba narcotráfico, inteligencia y corrupción institucional, refuerza la sospecha de una protección internacional que favoreció la impunidad.
El decreto del presidente Gustavo Petro para desclasificar los archivos del DAS representa un paso histórico, pero liberar archivos no basta, se requiere una auditoría forense internacional que custodie, sistematice y contraste la información, trace las cadenas de mando estatales, empresariales y paramilitares, y garantice el acceso a la verdad de las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó en diciembre de 2024 que el fondo documental del DAS abarca más de 57 544 unidades de conservación, equivalentes a 14 364 metros lineales de documentos, advirtiendo que la magnitud exige mecanismos urgentes de acceso.
🔴El Presidente @PetroGustavo firmó el decreto “por el cual se desclasifica y levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”. pic.twitter.com/Ez69HjxVY6
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 17, 2025
Desafíos estructurales
Sin reformas profundas en los sistemas de inteligencia, justicia y control civil, esta apertura podría quedarse en un simple gesto simbólico. ¿Se investigarán los altos mandos del DAS, los presidentes, los ministros, los empresarios que financiaron paramilitares? ¿Se revelará el papel de la DEA? ¿Se explicará la desaparición del DAS como parte de una estrategia de encubrimiento institucional?
La decisión presidencial abre una nueva y central ventana sobre el nexo entre Estado, narcotráfico y represión política. Pero su verdadero sentido dependerá de que esos archivos permitan juzgar a los responsables, reconocer a las víctimas y sobre todo, reformar el Estado; aportando a una verdad aún pendiente en Colombia.
De no ser así, la desclasificación será solo otra cortina de humo, una pieza más de una farsa histórica que deja a Colombia como una democracia capturada por la alianza entre criminalidad-empresa-Estado. Solo la verdad plena podrá romper el ciclo que someten al país a un constante giro pendular perpetuo entre la barbarie y el espejismo de una paz sin transfo
Tomado de: https://www.telesurtv.net/opinion/colombia-los-archivos-del-poder-una-deuda-con-la-verdad/
