Por: Nicolás Rodríguez Bautista. www.eln-voces.com

Un respetuoso saludo enviamos a ustedes desde el ELN, señores firmantes de la carta Clamor por la paz, del pasado 10 de diciembre del año anterior. Nos merece toda consideración su misiva, llena de contenido y búsquedas de paz, propósito que nos identifica porque desde lo más sentido de nuestra condición de insurgentes estamos comprometidos con ella.

Por: José Antonio Gutiérrez D. Rebelión

Una motocicleta-bomba estalla en Pradera, Valle del Cauca, cerca de la alcaldía dejando un saldo de un muerto y más de medio centenar de heridos. Inmediatamente, el presidente Santos y el ministro de defensa culpan a la FARC-EP de este “acto irracional”. Los medios, que no están acostumbrados a investigar, repiten las condenas agregando que los insurgentes inauguran de esta manera el término del cese al fuego unilateral de un mes, sin proveer ninguna prueba de la autoría y sin esperar un pronunciamiento oficial de los guerrilleros

Por: Revista Insurrección

La guerra actual que sobrepasa los 60 años, es continuación de un proceso de acumulación de insatisfacciones, exclusiones, represiones e injusticias sociales, y se inicia con traición a la primera independencia y el apoderamiento del poder de los representantes de intereses económicos heredados de la colonia, semillero de la oligarquía de hoy.

Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Resulta por lo menos engañosa la pretensión de reconocidos alentadores y devotos de la guerra de obtener votos en nombre de la paz, para alcanzar su elección  reelección en un cargo legislativo.  La ratificación de la paz, convirtiendo los acuerdos de una negociación en leyes y políticas responde a un complejo proceso de construcción social colectiva y no puede volver a ser sometido al escrutinio de quienes la usan como slogan.

Por: NOMADESC

Las organizaciones abajo firmantes, en nuestra calidad de organismos no gubernamentales de derechos humanos, por medio del presente escrito acudimos ante ustedes a efectos de informar las recientes medidas adoptadas por parte del Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación, las cuales ponen en grave riesgo a víctimas y testigos de ejecuciones extrajudiciales y promueven la impunidad de estos crímenes, en particular en relación con los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2008 en la vereda Java, de la ciudad de Manizales (Caldas).

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