Más de $21 billones de pesos perdidos y 15 millones de personas afectadas por la corrupción en Colombia, revela la Radiografía de la Corrupción 2016 - 2022

Linea Territorio y despojo

Por: Transparencia por Colombia

La corrupción le cuesta al país una enorme cantidad de recursos que podrían ser utilizados para mejorar la educación, la salud, la infraestructura y otros servicios públicos esenciales. Los niños, niñas y adolescentes fueron los más afectados por la corrupción en el periodo 2016 -2022.

 

 

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Transparencia por Colombia presenta la Radiografía de Hechos de Corrupción 2016-2022[1].

En este periodo también se identifica la participación de grupos armados ilegales y de actores vinculados con economías ilícitas en las redes de corrupción del país.

Esta nueva Radiografía de la Corrupción contribuye a avanzar en la construcción de medidas y políticas que permitan atacar de forma significativa la corrupción.

Esta es una iniciativa que contribuye a comprender, analizar y enfrentar la corrupción en Colombia. A través del análisis minucioso de 1.243 casos documentados por la prensa nacional y territorial entre 2016 y 2022, y verificaciones de información oficial de entidades judiciales y de control, se ofrece una visión completa de la magnitud, características y repercusiones de este fenómeno en el país. A continuación, se exponen los principales hallazgos y recomendaciones resultantes del análisis.

La corrupción en cifras

La corrupción le cuesta al país una enorme cantidad de recursos que podrían ser utilizados para mejorar la educación, la salud, la infraestructura y otros servicios públicos esenciales. De 2016 a 2022:

$137,65 billones estuvieron comprometidos en hechos de corrupción asociados a contratos, obras o servicios.
$21,28 billones se perdieron por hechos de corrupción, terminando en manos de actores corruptos.
$9,08 billones fueron recuperados por las autoridades competentes mediante la imposición de multas, sanciones o acciones como la exigencia de la devolución de esos recursos.

Este fenómeno ha impactado la vida de $ 14,53millones de personas en el país, siendo los niños, niñas y adolescentes (NNA) el grupo más perjudicado, representando el 24,65% de los afectados por los hechos de corrupción.

El análisis de los hechos también arrojó que, en primer lugar, las entidades del gobierno nacional son las más afectadas, seguidas por las alcaldías y gobernaciones. Así mismo:

La corrupción administrativa (49,4%) y la corrupción política (23,73%) son los tipos de corrupción más frecuentes en los hechos identificados.
El sector Defensa y Seguridad se destaca como el más impactado por la corrupción, seguido por los sectores judicial, educación, vivienda y salud.
El 31,94% de los hechos identificados, se dan en el ámbito de la contratación pública. En segundo lugar, se encuentra el ámbito de la seguridad con el 20,51%.
53 hechos de corrupción se relacionan con afectaciones al medio ambiente.
En el periodo de 2021-2022, se destacó una significativa afectación en proyectos de infraestructura, con 59 casos de corrupción. Sólo en estos hechos, $18 billones estuvieron en riesgo, $3,6 billones se perdieron y $1,2 billones se recuperaron. En especial, se identifica la afectación de proyectos viales y de vivienda subsidiada.

Las nuevas fronteras de la corrupción

La Radiografía revela la influencia significativa de diversas estructuras que facilitan la ejecución de hechos de corrupción, dentro de las que se encuentran servidores públicos, autoridades electas por voto popular y actores del sector privado. El 72% de los hechos que involucran la participación de diversos actores, incluye al menos dos tipos de actores.

Igualmente, se detectó que en las redes de corrupción del país hay una alta participación de actores vinculados con economías ilícitas y grupos armados ilegales. Frente a los casos en los que se evidencia la participación de actores colectivos, se destaca que en el 31,8% participa el Clan Úsuga y en 28,79% las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto confirma que una característica de la corrupción es la participación de actores criminales en redes interconectadas.

Los Flujos Financieros Ilícitos (FFI) son entendidos como los movimientos de dinero, tanto a nivel doméstico, como transfronterizo, cuyo origen, transferencia y/o uso es explícitamente ilegal. Los FFI permiten ocultar los beneficios que se producen por prácticas corruptas, pero, a su vez, la corrupción los facilita. También, son un gran motor detrás de la corrupción, pues fortalecen las redes corruptas y dificultan la investigación y recuperación del dinero público desviado, especialmente en su vínculo con actividades criminales y economías ilícitas. Entre 2016 y 2022, se encuentran 50 hechos de corrupción en los que se evidencia el origen, uso o transferencia de FFI; estos casos están asociados a los ámbitos: lavado de activos (en un 28% del total de los casos de FFI), contratación (16%), seguridad (16%) y electoral (12%).

Recomendaciones ante los escándalos recientes de corrupción

Del análisis de los 1.243 hechos de corrupción identificados, y a la luz de los recientes escándalos de corrupción, se identifican cinco frentes urgentes para actuar:

Avanzar en la definición y puesta en práctica de los mecanismos de integridad pública, como los Programas de Transparencia y Ética Pública y la definición de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción.

Mejorar el seguimiento y la trazabilidad de recursos. Abordar los riesgos en la presupuestación y contratación a través de fondos especiales, particularmente en entidades como la UNGRD. La divulgación de información contractual y declaraciones de conflictos de interés ayudaría a mitigar estos riesgos.

Fortalecer la aplicación efectiva de sanciones para evitar la entrada de recursos prohibidos en campañas políticas, como herramienta fundamental para abordar la relación entre corrupción política y corrupción administrativa.

Robustecer la lucha contra la corrupción en el sector ambiental y los mecanismos de supervisión y control para evitar la concesión irregular de licencias mediante sobornos. Asimismo, promover políticas de imparcialidad, rendición de cuentas y participación ciudadana en la vigilancia ambiental.

Realizar seguimiento a la infraestructura territorial. Esto implica mejorar la infraestructura local mediante acceso a información, supervisión de organismos de control y participación comunitaria. Veedurías ciudadanas pueden ayudar a prevenir la corrupción, como demuestra el caso Blas de Lezo II.

“La Radiografía de Hechos de Corrupción, permite analizar el panorama complejo de la corrupción en el país, proporcionando una comprensión detallada de este fenómeno. Es vital destacar que ser corrupto no es normal, y este análisis identifica elementos específicos que pueden ser abordados para prevenir la corrupción.”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

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[1]La presente Radiografía de la Corrupción es una actualización de la Radiografía de la Corrupción 2016 – 2020, publicada en el año 2021 y se complementa con la información disponible en la base de datos abiertos de Monitor Ciudadano de la Corrupción.

TOMADO DE: https://transparenciacolombia.org.co/comunicado-radiografia-2016-2022/

 

 

 

 

 

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