El narcotráfico: una amenaza estructural para la democracia en América Latina

mq2 narcos

Por: ACENTOS - SPUTNIK

El narcotráfico se ha consolidado como uno de los principales factores de desestabilización de las democracias en América Latina. Aunque la región se presenta geopolíticamente como una de las más estables del mundo —sin guerras interestatales y con un relativo equilibrio institucional—, esta estabilidad es frágil y contradictoria, pues convive con la expansión del crimen organizado, la violencia estructural y la captura de Estados por redes narcoeconómicas.

Tras la pandemia de COVID-19, el consumo global de drogas ha crecido de forma significativa, lo que ha fortalecido los eslabones de la cadena de producción y tráfico en América del Sur. Colombia, Perú y Bolivia, tradicionalmente señalados como países productores, siguen cumpliendo ese papel en un contexto en el que las rutas, métodos y actores del narcotráfico se han diversificado y sofisticado. No obstante, como advierte el abogado penalista colombiano Yani Vallejo Duque en entrevista para Acentos, “frenar este fenómeno es extremadamente complejo, no solo por las condiciones internas de los países andinos, sino por la falta de voluntad real de las naciones consumidoras —particularmente en Europa y Estados Unidos— que, aunque condenan el tráfico, lo sostienen indirectamente con su demanda y doble moral”.

Más allá del impacto en la seguridad ciudadana y la salud pública, el narcotráfico incide profundamente en las estructuras de poder político. Financia campañas electorales, compra jueces, corrompe cuerpos policiales, infiltra partidos políticos y, en muchos casos, llega a posicionar presidentes y ministros. En palabras de Vallejo Duque: “El narcotráfico es uno de los fenómenos más desestabilizadores de las democracias en Latinoamérica”. Y no se trata solo de corrupción individual, sino de un entramado sistémico que distorsiona la voluntad popular, socava la justicia y erosiona la soberanía de los pueblos.

Este fenómeno se inscribe en un modelo global de mercado que convierte territorios enteros en zonas de sacrificio para abastecer la demanda del norte global. Las comunidades rurales son criminalizadas, militarizadas o desplazadas, mientras que las grandes ganancias se lavan en los centros financieros internacionales con total impunidad. La llamada "guerra contra las drogas", más que una solución, ha sido una estrategia de control territorial y represión selectiva que no toca las raíces económicas ni los beneficiarios reales de este negocio ilícito.

Por ello, cualquier propuesta seria de transformación democrática en América Latina debe incorporar una lectura crítica sobre el rol del narcotráfico en la captura del Estado y la descomposición institucional. Es urgente revisar el régimen internacional de drogas, desmontar el discurso punitivista y asumir una agenda regional que incluya la regulación, el fortalecimiento de las economías campesinas, y una cooperación internacional basada en la corresponsabilidad, no en la imposición.

En síntesis, el narcotráfico no es solo un problema de seguridad o salud pública: es una fuerza que corroe las democracias desde sus cimientos, reproduce la desigualdad y perpetúa un orden global profundamente injusto. Enfrentarlo requiere más que discursos: exige transformar el modelo de desarrollo, desmontar la connivencia entre poder político y crimen organizado, y construir soberanía popular desde abajo.