La invasión a Panamá expuso un manual de intervención que hoy se reactualiza, fabricar escenarios de crisis, capturar la narrativa, violar los marcos normativos y legitimar la agresión. El objetivo real permanece intacto, saquear recursos, disciplinar pueblos y destruir proyectos soberanos bajo el disfraz de la “democracia”.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
Ayer en Panamá, como hoy en Venezuela, el imperialismo estadounidense prometió una “operación quirúrgica”, limpia, rápida y sin daños colaterales. En 1989 se afirmó que el objetivo era únicamente “extraer” a Manuel Antonio Noriega para restaurar la democracia y combatir el narcotráfico.
La historia real, vivida y ampliamente documentada, fue radicalmente distinta, una invasión militar a gran escala, el arrasamiento sistemático de barrios populares, miles de civiles asesinados y la imposición de un régimen político subordinado a Washington, una subordinación que, bajo distintas formas, persiste hasta nuestros días.
El Informe No. 121/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), correspondiente al Caso 10.573, José Isabel Salas Galindo y Otros vs. Estados Unidos, rompe décadas de silencio e impunidad y se erige como uno de los pronunciamientos jurídicos más relevantes contra la violencia imperial en América Latina.
Este fallo no solo reconoce la responsabilidad internacional de Estados Unidos por violaciones masivas a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino que restituye la centralidad de las víctimas civiles y reafirma el principio fundamental de la soberanía de los pueblos frente a la lógica de la dominación hegemónica.
El contexto de la invasión y el modus operandi del poder hegemónico
La denominada Operación “Causa Justa”, nombre que evidencia el cinismo y el uso deliberadamente amañado del lenguaje jurídico-político, ejecutada el 20 de diciembre de 1989, constituyó una agresión militar unilateral que violó de manera flagrante la soberanía panameña, la Carta de la OEA y principios fundamentales del derecho internacional.
Bajo los pretextos de la “lucha contra el narcotráfico”, la “defensa de la democracia” y la “promoción de la libertad”, Estados Unidos desplegó más de 24.000 efectivos militares, atacó 27 objetivos de forma simultánea y empleó armamento de alto poder destructivo en zonas densamente pobladas, evidenciando una estrategia de guerra total contra un país soberano.
El caso documenta un uso abiertamente desproporcionado de la fuerza, ataques indiscriminados y un actuar calificado como “imprudente y temerario” frente a la población civil, en abierta violación de los principios esenciales del Derecho Internacional Humanitario: distinción, proporcionalidad y necesidad.
El barrio El Chorrillo, donde se encontraba el cuartel central de las Fuerzas de Defensa de Panamá y donde resistieron los Batallones de la Dignidad, fue incendiado y prácticamente borrado del mapa.
Más de 18.000 personas perdieron sus viviendas. Miles de civiles fueron asesinados. Sus cuerpos, de acuerdo con testimonios directos e investigaciones independientes, fueron incinerados, arrojados al mar o enterrados en fosas comunes, en un intento sistemático por ocultar la magnitud del crimen.
Las cifras de víctimas continúan siendo un campo de disputa política, ética e histórica, mientras la Conferencia Episcopal de Estados Unidos reconoció alrededor de 3.000 muertos, investigadores panameños estiman más de 4.000. En cualquier caso, el horror no fue un “daño colateral”, fue parte constitutiva del método de intervención.
Gobierno impuesto y restauración del enclave neocolonial
La invasión culminó con la juramentación de Guillermo Endara como presidente —sin mediación electoral— en una base militar estadounidense la misma noche del ataque. Este acto condensó el verdadero sentido de la intervención: no liberar a Panamá, sino imponer un gobierno alineado con los intereses estratégicos de Estados Unidos, particularmente los vinculados al control y la seguridad del Canal.
Luego de largos años de luchas por la soberanía, el país fue reinsertado como enclave neocolonial en el orden hemisférico. El Chorrillo quedó como símbolo de esa ruptura histórica y hoy expresa sus secuelas: violencia estructural, economías ilegales y exclusión social. Panamá se consolidó como uno de los países más desiguales de América Latina y como plataforma central del lavado de narcodólares. La democracia prometida fue sustituida por una estabilidad dependiente y profundamente excluyente.
Argumentos jurídicos y derechos vulnerados según la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó su competencia con base en la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aplicando el Derecho Internacional Humanitario como “lex specialis” en el marco de un conflicto armado internacional.
El Informe concluyó que Estados Unidos incurrió en responsabilidad extraterritorial por la violación de derechos fundamentales, entre ellos:
Artículo I: derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad personal.
Artículo VII: protección de la maternidad y la infancia.
Artículo XXIII: derecho a la propiedad.
Artículo XVIII: derecho a la justicia y a un recurso efectivo.
El Caso 10.573, José Isabel Salas Galindo y Otros vs. Estados Unidos, expresa una lucha colectiva contra la impunidad. Reconoce inicialmente a 272 víctimas, susceptibles de ampliación y toma como caso emblemático el asesinato de Dionisia Meneses Castrellón de Salas, muerta por un misil estadounidense en 1989. Su esposo, José Isabel Salas Galindo, obrero panameño y demandante principal, dio nombre al proceso y encarna la persistencia de las víctimas frente al olvido institucional.
Pese a la ausencia de respaldo de los gobiernos panameños posteriores, las víctimas, junto a la jurista Gilma Camargo, lograron que la CIDH estableciera la responsabilidad internacional de Estados Unidos por violaciones graves a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
En 2017, la CIDH ordenó reparación integral, atención en salud e investigación de los responsables. Estados Unidos rechazó estas recomendaciones, reafirmando su histórica política de negación. Aun así, el fallo se consolidó como un precedente jurídico global y una victoria política y moral para las comunidades afectadas, especialmente El Chorrillo.
El caso demuestra que la invasión a Panamá no fue un hecho excepcional, sino parte de un patrón de intervención imperial que persiste en América Latina contra pueblos y proyectos soberanos. Este reconocimiento quiebra la narrativa de la excepcionalidad imperial y reafirma un principio central del derecho internacional contemporáneo, ningún Estado está por encima de la ley.
Víctimas, daños y reparación colectiva
El fallo adopta una definición amplia de víctima, que trasciende el listado inicial y reconoce daños que van desde la pérdida de vidas humanas hasta la destrucción material cotidiana: viviendas, bienes, herramientas de trabajo y medios de subsistencia.
Al reconocer la devastación del tejido social y comunitario como daño jurídicamente relevante, el caso se erige como uno de los precedentes más avanzados del sistema interamericano en materia de reparación colectiva por actos de guerra.
La CIDH ordenó a Estados Unidos:
Reparación integral, material e inmaterial.
Atención en salud física y mental para las víctimas.
Investigación, esclarecimiento y sanción de los responsables.
Esta última medida desafía directamente la lógica de autoimpunidad imperial, al exigir verdad y rendición de cuentas sobre la invasión.
El Caso Salas Galindo y Otros vs. Estados Unidos constituye una victoria histórica frente a la impunidad y una herramienta clave para los movimientos de derechos humanos, la justicia transicional y la defensa de la soberanía. Al mismo tiempo, evidencia las consecuencias estructurales de la invasión: remilitarización policial, presencia permanente de inteligencia estadounidense y subordinación política del Estado panameño, lo que refuerza la urgencia de una respuesta antiimperialista consciente y articulada desde América Latina.
De Panamá a Venezuela, el mismo guion
Lo ocurrido en Panamá no es un pasado clausurado; es un método vigente. Hoy, contra Venezuela, se repite el mismo libreto, aunque con ropajes actualizados: amenazas militares abiertas o veladas, sanciones económicas criminales que castigan a la población civil, guerra mediática sistemática, acusaciones de narcotráfico, invocaciones cínicas a la “defensa de la democracia” y operaciones encubiertas bajo el disfraz de la “ayuda humanitaria”.
Detrás de toda supuesta “Causa Justa”, el objetivo estratégico permanece intacto, apropiarse del petróleo, los minerales estratégicos y el agua, disciplinar a un pueblo que decidió ser soberano y destruir un proceso revolucionario que desafía el orden geopolítico impuesto.
Panamá demuestra que detrás de cada “operación quirúrgica” no hay precisión ni humanidad, sino incendios, muertos, despojo, desplazamiento forzado y reinstalación del neocolonialismo. La experiencia panameña es una advertencia histórica para toda la región.
Recordarlo no es un ejercicio retórico ni nostálgico, es un acto de memoria, denuncia y resistencia, para que América Latina no vuelva a aceptar en silencio crímenes promovidos a viva voz mediante discursos falsos, con absoluto desprecio por el derecho internacional, regional y local; crímenes que atropellan la soberanía de los pueblos, imponen jefes de Estado prefabricados y subordinan naciones enteras a los intereses de una potencia que se arroga el derecho de decidir sobre la vida, la muerte y el destino de nuestros territorios.
*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, equipo coordinador Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ, integrante Grupo Autónomo Kavilando. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Referencias:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2018). Informe No. 121/18. Caso 10.573. José Isabel Salas Galindo y otros vs. Estados Unidos. Fondo. Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2018/USPU10573-ES.pdf
TVN. (2025). Comisión del 20 de Diciembre rinde su décimo informe sobre víctimas de la invasión y alerta falta de fondos. Gobierno de la República de Panamá. https://www.tvn-2.com/nacionales/comision-20-de-diciembre-invasion-estados-unidos-informe-victimas_1_2219214.html
McPherson, A. (2003). Yankee No!: Anti-Americanism in U.S.–Latin American Relations. Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv1q8tgf3
La Nación. (2015). Iglesia católica de Panamá reclama contar la invasión de EE. UU. sin sesgos. https://www.nacion.com/el-mundo/politica/iglesia-catolica-de-panama-reclama-contar-la-invasion-de-ee-uu-sin-sesgos/SXYOF76QQFFR3LILANCEX7XJJY/story/
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