Mientras Manrique (Medellín) enfrenta desalojos bajo un fuerte despliegue policial, Medellín proyecta turismo, grandes eventos y millonarias inversiones. La pregunta persiste: ¿transformación urbana para la vida o para quienes pueden rentabilizarla?
Por: Alfonso Insuasty Rodriguez*
La denuncia difundida por la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda sobre el modelo de ciudad que Medellín viene consolidando: ¿quiénes tienen derecho a permanecer en ella y quiénes terminan pagando los costos de su transformación?
La organización denuncia un operativo de desalojo en los barrios Brisas del Jardín y San José de la Cima 2, en la comuna 3-Manrique, acompañado, según su comunicado, por un amplio despliegue de Policía, tanqueta y unidades de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). La intervención ocurre después del desbordamiento de la quebrada La Tebaida registrado el 3 de abril y en medio de la incertidumbre de las familias frente a su futuro habitacional (Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, s. f.).
#Atención 🚨 #Alerta 🆘
— CORPADES 🇨🇴🇵🇸🕊️ (@corpades) September 8, 2026
Comunidades denuncian el inicio de la violencia sin soluciones desde la @AlcaldiadeMed de @FicoGutierrez contra los pobres de la comuna 3, #Manrique.
En #BrisasDeJardín y #SanJosé de #LaCima2, familias asentadas cerca de la quebrada #LaTebaida enfrentan… pic.twitter.com/wNSomuGBem
El contexto exige una lectura más compleja que la oposición simplista entre “seguridad” y “ocupación”. Si existen viviendas localizadas en zonas de riesgo no mitigable, el Estado tiene la obligación de proteger la vida y puede ordenar su evacuación. La jurisprudencia constitucional ha sido clara, sin embargo, en que esa obligación debe acompañarse de censos, atención de emergencia, alternativas habitacionales y procesos de reubicación, particularmente cuando están comprometidos derechos como la vivienda digna, adecuada y el mínimo vital (Corte Constitucional, 2019).
El problema aparece cuando la gestión del riesgo termina reducida a sacar personas del territorio, mientras la solución habitacional queda aplazada, fragmentada o simplemente ausente. Prevenir el desastre no puede convertirse en producir un nuevo desarraigo.
Del territorio popular al territorio turístico
La situación adquiere una dimensión todavía más profunda cuando se observa la historia reciente de estos mismos barrios.
Brisas del Jardín y San José de la Cima II fueron incorporados al proyecto “Constelaciones”, presentado por la administración municipal como una intervención de transformación urbana, arte, convivencia y promoción turística. El proyecto intervino más de 500 viviendas y creó un macromural de 14.819 metros cuadrados, con una inversión inicial reportada de $1.500 millones. La propia Alcaldía lo presentó como un nuevo destino turístico y cultural de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2022).
La paradoja resulta difícil de ignorar, el mismo territorio que ayer era valorizado simbólica y económicamente como paisaje urbano, memoria, cultura y atractivo turístico, hoy aparece para algunas familias como un lugar del que deben salir bajo presencia de la fuerza pública. Este contraste permite formular una pregunta política legítima ¿qué ocurre cuando la ciudad convierte los territorios populares en vitrinas de transformación sin garantizar, al mismo tiempo, el derecho de sus habitantes a permanecer dignamente en ellos?
La experiencia latinoamericana ha mostrado que la renovación urbana, la valorización del suelo, el turismo y los megaproyectos pueden producir procesos de desplazamiento y desposesión cuando los beneficios se concentran y los costos sociales recaen sobre las comunidades. Harvey (2004) conceptualizó esta dinámica como acumulación por desposesión, procesos mediante los cuales espacios, bienes y territorios son incorporados a circuitos de valorización económica desplazando usos y poblaciones previamente existentes.
Una ciudad de grandes inversiones y pequeñas garantías
La contradicción se vuelve todavía más evidente al observar las prioridades de inversión urbana.
Medellín se promociona como destino turístico y capital de grandes eventos. En 2024, la administración reportó un impacto económico de US$279 millones asociado a grandes eventos, con más de 850.000 asistentes. Para el primer semestre de 2025 registró 954.600 turistas, de los cuales 546.000 fueron extranjeros.
Al mismo tiempo, la ciudad adelanta la renovación del Estadio Atanasio Girardot, con una inversión de aproximadamente $752.000 millones, que comprende la intervención del escenario y de decenas de miles de metros cuadrados de espacio público.
No se trata de afirmar que invertir en infraestructura deportiva, turismo o eventos sea ilegítimo, el problema es otro, la distribución política de las prioridades urbanas y de las garantías sociales.
Una ciudad puede movilizar cientos de miles de millones para modernizar escenarios, atraer visitantes y fortalecer su industria de entretenimiento y, simultáneamente, enfrentar enormes dificultades para garantizar vivienda digna, reasentamiento adecuado y participación efectiva a comunidades populares amenazadas por el riesgo.
Ahí emerge la pregunta ¿qué entiende Medellín por desarrollo?
Si el desarrollo se mide por visitantes, eventos, infraestructura, valorización inmobiliaria y capacidad de atraer inversión, pero no por la capacidad de garantizar permanencia, vivienda, derechos y dignidad para quienes habitan los territorios, entonces estamos frente a una concepción profundamente desigual de ciudad.
El riesgo no puede convertirse en una herramienta de expulsión
Hay una distinción fundamental que no puede perderse de vista, proteger a una comunidad frente a una amenaza ambiental no equivale a expulsarla sin garantías.
La Corte Constitucional ha establecido que, cuando una población se encuentra en zonas de alto riesgo, las autoridades deben identificar la amenaza, adoptar medidas de prevención y, cuando sea necesario, adelantar procesos de reubicación. Pero también ha reconocido la obligación estatal de garantizar soluciones habitacionales y protección de los derechos de las personas afectadas (Corte Constitucional, 2019).
Por ello, una política seria debería responder, al menos, cinco preguntas: ¿existe un estudio técnico actualizado que determine el nivel y tipo de riesgo? ¿Qué viviendas están efectivamente comprometidas? ¿Existe un censo público de las familias afectadas? ¿Cuál es la alternativa habitacional ofrecida a cada hogar? ¿Qué mecanismos de participación y concertación se han dispuesto?
La presencia de la fuerza pública puede ejecutar una decisión administrativa, pero no sustituye una política de vivienda ni una estrategia integral de gestión del riesgo.
Cuando la institucionalidad llega primero con uniformados y maquinaria, pero no con vivienda, acompañamiento social, información clara y mecanismos de concertación, el Estado termina siendo percibido no como garante sino como agente de expulsión.
¿Ciudad para la vida o ciudad para la rentabilidad?
Lo que ocurre en Manrique debe leerse dentro de una disputa mayor por el sentido de Medellín. Durante años, la ciudad ha construido una poderosa narrativa internacional alrededor de la innovación, la transformación urbana, el turismo, los grandes eventos y la renovación de sus espacios
La ciudad no es únicamente infraestructura. Es también memoria, vínculos, redes de solidaridad, economías familiares, arraigo y derecho a permanecer.
Medellín enfrenta, entonces, una disyuntiva que no puede resolverse con publicidad ni con fuerza pública. Puede profundizar una ciudad orientada a la valorización del suelo, el turismo, los grandes eventos y las inversiones estratégicas, o avanzar hacia una ciudad donde la transformación urbana esté subordinada al derecho a la vida, a la vivienda, al territorio y a la permanencia digna.
La denuncia de Manrique obliga a mirar esa contradicción de frente.
No basta con pintar las casas, convertir los barrios en destinos turísticos o construir grandes escenarios. Una ciudad verdaderamente transformadora debe garantizar que quienes habitan esos lugares puedan seguir llamándolos hogar.
Porque una ciudad para la vida no puede construirse expulsando a quienes le dan vida.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ, y grupo autónomo Kavilando.
Referencias
Alcaldía de Medellín. (2022, 3 de octubre). Constelaciones, el mural artístico más grande de Medellín. Alcaldía de Medellín. https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/constelaciones-el-mural-artistico-mas-grande-de-medellin-se-potencia-como-nuevo-destino-turistico-y-cultural/
Corte Constitucional de Colombia. (2019). Sentencia T-502 de 2019. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-502-19.htm
Harvey, D. (2004). El nuevo imperialismo. Akal.
Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá. (s. f.). Exceso de fuerza y desamparo institucional en Brisas del Jardín y San José de la Cima 2 [Comunicado].
El Espectador. (2026, 8 de septiembre). Así avanzan las obras del estadio Atanasio Girardot; la renovación más ambiciosa en 73 años. En: https://www.elespectador.com/colombia/medellin/asi-avanzan-las-obras-del-estadio-atanasio-girardot-la-renovacion-mas-ambiciosa-en-73-anos/
Martínez Hincapie, H., Gelacio Paneso, J. D., Insuasty Rodríguez, A., Barrera Machado , D., Valencia Grajales , J. F., & Zuluaga Cometa , H. A. (septiembre de 2022). Desarrollo urbano: afectaciones y resistencias en Medellín. Obtenido de Editorial UNAULA: https://www.kavilando.org/editorial/51-editorial-conflicto-social-y-paz-2/9534-desarrollo-urbano-afectaciones-y-resistencias-en-medellin
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