AGUA POTABLE, DERECHO HUMANO ESENCIAL

Observatorio K.

La inexistencia y precariedad en el suministro y acceso al agua en condiciones de calidad aptas para el consumo humano en gran parte del territorio antioqueño, genera fuertes impactos en la seguridad alimentaria y la salud pública.


Esta vez la Gobernación de Antioquia ni siquiera mencionó en su Informe de Gestión el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA.


Las dilaciones y diferentes errores hicieron que después de cuatro años no se cumpliera con esta política del Gobierno Nacional con la que se pretendía mejorar para diciembre de 2011 la cobertura y la calidad del servicio de acueducto y alcantarillado en 106 municipios antioqueños.


Siendo competencia de los departamentos apoyar y coordinar la prestación de estos servicios, Antioquia firmó un convenio con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en octubre de 2008, con el que se obligó a desarrollar en Antioquia el PDA.


El gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, se comprometió a buscarle solución a las difíciles condiciones en las que se encontraban miles de antioqueños sin acceso constante y de calidad a estos servicios. Así quedó asentado en su Plan de Gobierno “Manos a la Obra”. Para entonces, 41 cabeceras no contaban con agua potable y solo el 15% de la población rural contaban con este servicio, sin mencionar las condiciones de insalubridad por la mala calidad del agua en el campo, según la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. El Centro de Tecnología de Antioquia registró una cobertura del alcantarillado en el área urbana del 95% y en la rural del 33.4%, aunque la mayoría de ellos obsoletos.


Con el Plan Departamental de Aguas (Decreto 028 de 2008), los municipios podrían, en el presente cuatrienio, fortalecer y hacer sostenibles sus propias empresas de servicios públicos, además de construir, mejorar y optimizar la infraestructura de los servicios en las cabeceras municipales, además de llevar agua potable y fortalecer y hacer sostenible sus propias empresas de servicios públicos.


Sin embargo, 46 municipios, entre ellos El Carmen de Viboral, encontraron obstáculos en este Plan que los llevó a desvincularse de él. En este municipio del Oriente antioqueño la Asociación de Acueductos Veredales, Agua Viva, se opuso al PDA por considerar que perderían la autonomía en el manejo de sus recursos hídricos y la transformación empresarial que se propone terminaría privatizando el sector, “como lo imponen el Fondo Monetario Internacional, la OMC y el Banco Mundial”, dijeron sus voceros. Esta posición encontró eco en la mayoría de su Concejo.


El gobernador Ramos le aseguró en 2009 a este municipio (que sería modelo en la implementación del PDA), que los municipios no perderían autonomía y que los recursos básicos no serían privatizados. Pero su explicación no convenció a los corporados.
LOS OBSTÁCULOS. Uno de los inconvenientes del PDA es que para llevarlo a buen término se requiere de créditos soportados en vigencias futuras a 19 años, tiempo durante el cual no se podrá invertir en educación, vivienda, salud, vías corregimentales y veredales, infraestructura, etc.


Otro, es que el objeto del proyecto solamente contempla obras en las cabeceras municipales, sin tener en cuenta las zonas rurales.


Asimismo, la poca celeridad en el inicio del programa hará que cambien las metas planteadas y el valor de las obras que costarán más ahora que en 2008, no solo por la corrección monetaria sino por que las estructuras han sufrido daños por el paso del tiempo y las fuertes temporadas invernales, lo que requerirá de estudios nuevos, con los sobrecostos que esto implica.


La contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, en un informe evaluativo de la Política de los PDA, dado a conocer en mayo del presente año, indicó en este sentido que “los municipios no participan en la contratación de las obras que se ejecutarán en su jurisdicción, pues el PDA centraliza las decisiones de inversión y recursos restringiendo la autonomía territorial”.


Agregó la funcionaria que el valor total de un proyecto, en muchos casos, supera el valor del crédito, por lo que ni comprometiendo los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP (Ley 1176 de 2007), le alcanzará a un municipio para las necesidades diagnosticadas y no será posible pensar en créditos adicionales para completar las obras, pues sólo el municipio tendrá recursos disponibles hasta después del año 2030.


DOS EJEMPLOS. Regresando a El Carmen de Viboral, los trabajos allí requieren de una inversión superior a los $20 mil millones para saneamiento básico y reposición de redes. Con el PDA se reinvertirían solo $6.100 millones de vigencias fiscales futuras.
En Cisneros, Nordeste antioqueño, las obras necesarias para llevar agua potable a sus habitantes costaban $10 mil millones en 2008, según estudios realizados por la empresa Sanear, “hoy tienen un valor superior a los $13 mil millones”, manifestó el alcalde de la población, Carlos Arturo Pérez García.


Pérez les prometió a sus conciudadanos que con el PDA se solucionaría el problema del agua potable cuando fue candidato. Pero pasaron cuatro años y Cisneros continúa sin agua potable, lo que de paso le ha significado ser objeto de Acciones Populares. Espera el mandatario que para diciembre comiencen las obras en la localidad, para demostrarle a sus paisanos que las suyas no fueron simples promesas populistas.


Hace tres meses, en junio, la Gerencia de Servicios Públicos Domiciliarios firmó con la Universidad de Antioquia un convenio por $35.000 millones para que esta opere la Gerencia Asesora del PDA, que era lo único que faltaba para dar inicio a este proyecto.
Por encontrarse en vigencia la Ley de Garantías, solo después del 30 de octubre del presente año se dará inicio al proceso de licitaciones que, por lo menos, demorará dos meses.


Antioquia, una de las regiones más ricas en recursos hídricos del mundo, seguirá siendo entre tanto uno de los departamentos más atrasados en servicios de acueducto, agua potable y saneamiento básico. Mientras unos sueñan con que esto cambie, otros prometen que así será.


BALANCE DE LA GOBERNACIÓN. Este jueves 8 de septiembre, el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, señaló en la presentación del Informe de Gestión del Plan de Desarrollo Antioquia para Todos “Manos a la Obra”, que a través de la Gerencia de Servicios Públicos se invirtieron en tres años y medio $95.822 millones en 29 municipios para acueductos y alcantarillados.


Añadió que se aprobaron créditos del Fondo del Agua por valor de $22.000 millones para 24 municipios, se implementaron 16 proyectos de electrificación rural por $24.000 millones y se fortalecieron 4 empresas regionales de aguas con una inversión de $87.100 millones.


En abril de este año, la Gobernación dijo que 60 municipios ingresaron al PDA y que se habían trasladado $90.000 millones al Patrimonio Autónomo para el Financiamiento de las Inversiones en Agua -FIA.
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