Drones, paramilitarismo, extractivismo y abandono estatal convergen nuevamente en el Catatumbo. Dos recientes informes revelan cómo la disputa por este corredor fronterizo expresa una guerra geopolítica contra los pueblos y sus territorios.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
El aumento de las confrontaciones armadas en el Catatumbo, el uso sistemático de drones contra la población civil, la expansión de estructuras paramilitares y el agravamiento de la crisis humanitaria han vuelto a colocar esta región fronteriza en el centro del debate nacional.
Dos recientes informes permiten comprender la profundidad histórica y política de esta guerra: “Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz”, elaborado por la Defensoría del Pueblo (2026), y “20 años resistiendo en el territorio: Segunda Caravana Internacionalista por el Catatumbo”, construido colectivamente por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher, 2025), junto a organizaciones sociales, populares y de derechos humanos nacionales e internacionales. Ambos documentos coinciden en advertir que la persistencia de la violencia en el Catatumbo no puede entenderse únicamente como una disputa entre grupos armados, sino como el resultado de décadas de abandono estatal, extractivismo, militarización y reconfiguración paramilitar sobre un territorio estratégico para intereses económicos y geopolíticos regionales.
El Catatumbo no puede comprenderse únicamente como un escenario de confrontación armada. Lo que ocurre en esta región fronteriza entre Colombia y Venezuela expresa una compleja trama histórica de abandono estatal, extractivismo y militarización funcional a intereses geopolíticos más amplios. La guerra que hoy padecen sus comunidades es también la consecuencia de un modelo de desarrollo impuesto desde afuera, que convirtió la riqueza territorial en fuente permanente de violencia, control social y acumulación económica.
Por su parte, los informes “Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz” y “Más allá de la emergencia: recomendaciones para la recuperación temprana y la estabilización del Catatumbo”, elaborado conjuntamente entre la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, permiten dimensionar la profundidad de la crisis humanitaria que atraviesa esta región fronteriza. Ambos informes sostienen que, a un año de la gran escalada armada de enero de 2025, persisten graves afectaciones contra la población civil derivadas de la disputa territorial entre el ELN y el Frente 33, el control social ejercido por estructuras armadas, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, las violencias basadas en género y el uso creciente de drones, minas antipersonal y explosivos improvisados contra comunidades rurales (Defensoría del Pueblo, 2026).
La Defensoría documenta más de 105.000 víctimas registradas entre enero y diciembre de 2025, principalmente por desplazamiento forzado, confinamiento y despojo territorial. Ello evidencia que el Catatumbo continúa atrapado entre el abandono estatal histórico, la expansión de economías ilegales y una respuesta institucional centrada prioritariamente en la militarización antes que en transformaciones estructurales del territorio. Al mismo tiempo, los informes recogen las voces de comunidades campesinas e indígenas que reclaman inversión social real, cumplimiento de los acuerdos, garantías de derechos y una salida política que detenga el ciclo permanente de guerra sobre la región.
Ahora bien, la crisis actual del Catatumbo no puede explicarse únicamente por la presencia de grupos armados o por las economías del narcotráfico. Se trata de la consolidación histórica de un modelo extractivista profundizado desde el Plan Colombia, implementado desde 1999 bajo la narrativa de la “guerra contra las drogas”. La explotación petrolera, carbonífera y palmicultora que favoreció principalmente a élites nacionales y empresas transnacionales, mientras las comunidades campesinas e indígenas enfrentaron despojo territorial, pobreza estructural y violencia sistemática (Insuasty & Vallejo, 2025).
En esta lógica, el paramilitarismo operó como dispositivo funcional a la expansión extractiva y al control geopolítico de esta frontera estratégica con Venezuela. La narrativa oficial que reduce la conflictividad regional al narcotráfico oculta las complejas relaciones entre estructuras armadas, sectores estatales, élites económicas y dinámicas transnacionales de seguridad y control territorial. Las denuncias de organizaciones sociales sobre posibles articulaciones entre sectores de la fuerza pública y estructuras armadas de carácter paramilitar, particularmente en corredores estratégicos de frontera, reactivan viejas preguntas sobre la persistencia de doctrinas contrainsurgentes y dispositivos de guerra irregular en la región (Redher, 2025).
El pueblo Barí, habitante ancestral de la región, nombró este territorio como la “Casa del Trueno”, significado mismo de la palabra Catatumbo. Sin embargo, durante más de un siglo, el Estado colombiano y las élites económicas transformaron esta región en enclave petrolero, minero y agroindustrial. La paradoja resulta devastadora, una de las regiones más ricas en biodiversidad, agua, petróleo y tierras fértiles es, simultáneamente, una de las más empobrecidas y militarizadas del país. El Índice de Pobreza Multidimensional alcanzó el 41,5 % en 2024, reflejando profundas carencias en salud, educación e infraestructura básica (Redher, 2025).
El llamado “Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo”, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, despertó expectativas importantes en las comunidades. Sin embargo, tras la profundización de la crisis humanitaria y la declaratoria de conmoción interior, buena parte de la población percibe que las promesas terminaron reducidas a una mayor militarización sin transformaciones estructurales. Campesinos entrevistados por la Defensoría sintetizan esta percepción con una frase contundente: “todo se quedó en promesas” (Defensoría del Pueblo, 2026, p. 20).
A ello se suma una diplomacia gubernamental errática y profundamente contradictoria respecto a la complejidad fronteriza. La llamada “diplomacia de redes”, basada en declaraciones improvisadas y publicaciones en redes sociales, lejos de contribuir a una solución política, ha aumentado tensiones y confusiones sobre el conflicto regional. No han sido pocos los desafueros, imprecisiones y afirmaciones sin suficiente sustento verificable emitidas desde altas esferas del gobierno colombiano respecto a la situación en el Catatumbo y la frontera con Venezuela.
Especial preocupación generó la reciente afirmación del presidente Gustavo Petro través de la red X sobre un supuesto bombardeo contra campamentos del ELN realizado con anuencia del gobierno de Venezuela. La declaración fue matizada posteriormente por autoridades venezolanas, mientras el propio ELN negó la ocurrencia del bombardeo y cuestionó las cifras oficiales de supuestos combatientes muertos, insinuando incluso un posible nuevo episodio de desinformación o “falsos positivos”, fenómeno ampliamente documentado en la historia reciente colombiana (Human Rights Watch, 2015). Estos episodios deterioran la credibilidad institucional y evidencian la ausencia de una estrategia rigurosa y coherente para abordar una crisis fronteriza atravesada por complejos intereses geopolíticos.
La insistencia gubernamental en desconocer la complejidad histórica y social del Catatumbo, sumada a un persistente alineamiento con las prioridades de seguridad hemisférica impulsadas por Estados Unidos, reproduce viejas lógicas de militarización y control territorial que han fracasado durante décadas. Lejos de construir soluciones estructurales, esta subordinación a agendas externas fortalece un escenario de guerra prolongada, funcional a intereses extractivos, dispositivos de control fronterizo y estrategias regionales de presión sobre Venezuela.
En este contexto, la guerra adquiere características cada vez más sofisticadas. El uso de drones con explosivos contra comunidades rurales ha transformado profundamente la vida cotidiana campesina. Según la Defensoría del Pueblo (2026), las comunidades viven bajo temor permanente de ataques aéreos improvisados, minas antipersonal y desplazamientos forzados. Desde marzo de 2025 se han registrado asesinatos, destrucción de viviendas y múltiples ataques diarios con drones en zonas rurales de El Tarra y Tibú.
Las afectaciones recaen especialmente sobre liderazgos sociales, mujeres y niñez. Los informes documentan amenazas, perfilamientos y campañas de estigmatización contra organizaciones campesinas y comunales, mientras persisten prácticas de reclutamiento forzado y explotación sexual de niñas y adolescentes en zonas bajo control armado (Redher, 2025). La violencia no se limita al enfrentamiento militar; se expresa también como destrucción del tejido comunitario y disciplinamiento social.
Sin embargo, el Catatumbo no es únicamente un territorio atravesado por la guerra.
También es un territorio de dignidad, memoria y resistencias históricas. A pesar de décadas de abandono estatal, militarización y violencia paramilitar, las comunidades campesinas, indígenas y populares han construido experiencias de autogobierno, economías solidarias, agroecología, organización comunal y defensa territorial que desafían la lógica del despojo. Allí persisten procesos colectivos que, en medio de la guerra, continúan defendiendo la vida, el arraigo comunitario y la soberanía sobre el territorio.
La Segunda Caravana Internacionalista por el Catatumbo evidenció precisamente esa dimensión sistemáticamente invisibilizada por los discursos oficiales y mediáticos: la existencia de pueblos que no solo sobreviven, sino que resisten y producen alternativas políticas, sociales y culturales frente al extractivismo y la militarización. En medio de retenes, drones, desplazamientos y amenazas, las comunidades continúan sosteniendo escuelas comunitarias, procesos organizativos, mercados campesinos, guardias territoriales y apuestas de paz construidas desde abajo.
El Catatumbo representa hoy una disputa mucho más profunda entre dos modelos de sociedad y de territorio. De un lado, un modelo basado en la acumulación extractivista, el control militar, el paramilitarismo y la subordinación geopolítica; del otro, una propuesta sostenida por comunidades que defienden la tierra, el agua, la vida colectiva y la posibilidad de una soberanía popular arraigada en la justicia social y ambiental.
Comprender esta región exige escuchar las voces de quienes la habitan y resisten cotidianamente. Allí persiste una verdad incómoda para las élites políticas y económicas: que, pese a la violencia sistemática, las comunidades continúan organizándose y defendiendo la posibilidad de otra forma de vida. En uno de los territorios más disputados y violentados de América Latina, el Catatumbo sigue siendo también un horizonte de esperanza insurgente y construcción popular desde abajo.
*Docente investigador Universidad de San Buenaventura. Parte de la Red Interuniversitaria por la Paz -REDIPAZ- , integrante Grupo Autónomo Kavilando.
Referencias
- Defensoría del Pueblo. (2026). Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- Defensoría del Pueblos & PNUD (2026). Más allá de la emergencia: recomendaciones para la recuperación temprana y la estabilización del Catatumbo https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3620015/PNUD_Informe_Catatumbo_DIGITAL_DOBLES.pdf/f3b294ad-e5fa-61ef-c8b5-6a5a6d807ec4?t=1768424754194
- Human Rights Watch. (2015). El rol de los altos mandos en falsos positivos: evidencia de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano. https://www.hrw.org/es/report/2015/06/24/el-rol-de-los-altos-mandos-en-falsos-positivos/evidencia-de
- Insuasty Rodríguez, A., & Vallejo Duque, Y. (2025). Catatumbo: la herida abierta del extractivismo y la resistencia territorial. INTERSABER. https://intersaber.org/2025/02/14/catatumbo-la-herida-abierta-del-extractivismo-y-la-resistencia-territorial-colombia/
- Insuasty Rodríguez, A., Díaz-García, F., & Vallejo Duque, Y. (2025). Catatumbo, frontera, paramilitarismo y disputa geopolítica en el norte de Suramérica . Revista Kavilando, 17(2), 468–489. https://doi.org/10.69664/kav.v17n2a549
- Ó Loingsigh, G. (2021). Extractivismo y muerte en el nororiente. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
- PNUD. (2014). Catatumbo: análisis de las conflictividades y construcción de paz. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. https://files.acquia.undp.org/public/migration/co/undp-co-catatumbo-2014.pdf
- Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher). (2025). 20 años resistiendo en el territorio: Segunda Caravana Internacionalista por el Catatumbo. Bogotá. https://catatumbo.redcolombia.org/informe-de-la-segunda-caravana-internacionalista-por-el-catatumbo/
- Unidad para las Víctimas. (2025). Emergencia humanitaria en el Catatumbo. Observatorio de la Unidad para las Víctimas. https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/archivos/datosPaz/boletines/Catatumbo/EspecialFebreroEmergenciaHumanitariaCatatumbo.pdf
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