Segundo Llamamiento por la Paz: transformar el país para cuidar la vida

SEGUNDO LLAMAMIENTO POR LA PAZ

Por una paz de transformaciones reales y duraderas Congreso por la paz y el cuidado de la vida

El llamado que presentamos a continuación es producto del Congreso por la paz y el cuidado de la vida realizado el pasado 14 de abril, entre Paz en Movimiento y el Movimiento Social por la Paz MSP, al que asistieron de manera virtual y presencial más de 200 personas y 90 organizaciones. Este Congreso es el primer gran encuentro convocado por Paz en Movimiento, que como su nombre lo indica busca reivindicar el derecho y deber que tenemos los ciudadanos a la paz aunado a la convicción que es la sociedad civil en su conjunto quien la exige, mueve y garantiza. El primer congreso realizado el 5 de abril de 2025 (convocado por la delegación de Gobierno en los diálogos con el ELN – bajo su mandato de participación) generó un manifiesto de 10 puntos (primer llamado) y una necesidad manifiesta de trabajar por el fortalecimiento del movimiento por la paz, el cual fue acogido por más de 10 organizaciones que después de algunos meses de encuentros y deliberación decide llamarse Paz en Movimiento. Esta plataforma, junto con MSP, decide unir sus capacidades y esfuerzos permitiendo que personas y organizaciones de todo el territorio nacional participen y construyan de manera conjunta horizontes de futuros en paz para el país. Este segundo llamado lo entregamos a todos y todos los y las aspirantes a la presidencia de la república, no como exigencia sino como puente dispuesto a seguir trabajando con esperanza por las salidas de paz al conflicto del país.

La paz en Colombia no es solo la ausencia de conflicto armado, sino también aprender a resolver los conflictos de formas no violentas. Por ello es un proceso de transformación profunda del país que requiere renunciar a la violencia y aprender formas no violentas de tramitar los cambios personales, los manejos y tensiones de múltiples poderes y las discriminaciones y las tensiones comunitarias y sociales. Esta agenda programática expresa una visión más integral de una aspiración de paz, orientada a responder a los desafíos actuales, a las demandas de las comunidades y a la construcción de un país más justo, democrático y equitativo.

1. Una concepción de paz como transformación estructural. La paz debe asumirse como un proceso de transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales. No basta con silenciar los fusiles; es necesario intervenir las causas estructurales del conflicto como la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades. Una paz real implica redistribución del poder, acceso equitativo a la tierra, garantías de derechos y reconocimiento de la diversidad. Sin estos cambios, la violencia tiende a reproducirse bajo nuevas formas.
2. Comprender la reconfiguración del conflicto. El conflicto en Colombia ha cambiado. Hoy se expresa en nuevas violencias asociadas a economías legales e ilegales que han sido normalizadas e incorporadas por los grandes capitales a la circulación de toda la economía en general, disputas territoriales, crimen organizado, uso de nuevas tecnologías y dinámicas internacionales. Estas violencias están profundamente conectadas con la persistencia de la pobreza y la desigualdad. Allí donde el Estado no garantiza condiciones dignas de vida, surgen actores armados que ocupan ese vacío. Por eso, enfrentar el conflicto exige abordar sus nuevas dinámicas y sus causas históricas. La paz también exige superar la visión moralista de las economías ilícitas para abordar la necesidad de regulaciones que propicien la justicia económica y social y que aborden transformaciones estructurales.
3. Rediseñar la institucionalidad para la paz. Colombia necesita una institucionalidad de paz más fuerte, coherente y con capacidad real de acción en los territorios. Para ello, es necesario revisar y ajustar instancias existentes como la Consejería Comisionada de Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo y los Consejos de Paz, con el fin de mejorar su eficacia y articulación a nivel nacional y territorial. Este rediseño debe orientarse a consolidar estructuras más integradas, como comisiones territoriales de paz —urbanas y rurales—, y a fortalecer los instrumentos de política pública que permitan su implementación efectiva. Asimismo, es clave impulsar mecanismos de coordinación de alto nivel, como un gabinete nacional por la paz, e incorporar lineamientos humanitarios que orienten la acción estatal en el marco del Derecho Internacional Humanitario. De igual forma, se requiere fortalecer la infraestructura de paz existente y las iniciativas territoriales, garantizando su sostenibilidad, articulación regional y pertinencia en contextos urbanos y rurales. Las instituciones surgidas de los acuerdos de paz deben ser consolidadas y ajustadas para asegurar su eficacia en el largo plazo. La paz no puede depender de voluntades individuales, sino de instituciones sólidas, articuladas y permanentes.
4. Continuidad y fortalecimiento de los diálogos de paz. Los procesos de diálogo deben mantenerse y fortalecerse con claridad en sus objetivos, estrategias y rutas. Es clave definir actores, condiciones y enfoques diferenciales que respondan a las particularidades de cada proceso y actor. La paz requiere persistencia, coherencia y visión de largo plazo. Llamamos a las partes de los procesos que hoy están congelados a regresar a las mesas de diálogo y conversación socio jurídica.
5. Un nuevo marco normativo para la paz. Colombia necesita actualizar y fortalecer el marco normativo que regula los procesos de paz, diálogo, acogimiento a la justicia y desmantelamiento de estructuras armadas y criminales, mediante instrumentos jurídicos claros, diferenciados y coherentes con la naturaleza de los distintos actores y con las realidades territoriales del país. No todos los grupos armados responden a las mismas dinámicas ni tienen los mismos propósitos políticos, económicos o sociales; por ello, el Estado debe contar con mecanismos flexibles que articulen los procesos de diálogo con las políticas de seguridad, protección de la vida, justicia, reparación a las víctimas y garantías para las comunidades afectadas.

En el caso de estructuras con motivaciones predominantemente económicas y de crimen de alto impacto, se requieren modelos eficaces de acogimiento y tratamiento penal diferenciado que permitan la rendición de cuentas, el desmantelamiento de las estructuras ilegales y el tránsito hacia la legalidad. Un marco normativo moderno debe ofrecer seguridad jurídica, evitar improvisaciones y fortalecer la confianza pública y territorial en los procesos de construcción de paz y convivencia.

6. Estrategias integrales de respuesta y superación de las crisis humanitarias. Las crisis humanitarias requieren respuestas rápidas, integrales y coordinadas y lo humanitario debe ser el punto de partida (y parte de las medidas de generación de confianza) en el tránsito a establecer espacios de diálogo y negociación para asegurar la protección de la población civil.

Es fundamental fortalecer las iniciativas comunitarias de autoprotección, paz y cuidado con acuerdos de mínimos humanitarios, así como brindar respaldo a las estrategias de diálogo humanitario, caravanas y misiones humanitarias, y diálogos para la paz impulsados por las organizaciones sociales territoriales y del nivel nacional. La protección de liderazgos sociales, personas defensoras de derechos humanos y comunidades es una prioridad. Sin garantías de seguridad, no es posible construir paz en los territorios.

7. Participación efectiva para la construcción de paz. La paz debe construirse con la gente a partir de lo construido. No se puede desgastar a las personas con participaciones repetitivas. En ello es una clave no partir siempre de cero. La memoria de la construcción de paz en formas y metodología es vital para evaluar lo útil e innovar a partir de nuevas propuestas en un diálogo productivo de lo hecho hasta el momento. Es indispensable garantizar una participación real y cada vez más cualificada de organizaciones sociales, movimientos y comunidades en todos los niveles. Esto implica asegurar condiciones económicas, políticas y de seguridad para su participación, garantizando que todas las necesidades sean recogidas y que las vocerías sean representaciones territoriales legitimadas y reconocidas desde sus mecanismos propios. Sin inclusión la paz pierde legitimidad y sostenibilidad.
8. Reconocer la interacción entre lo rural y lo urbano. La paz y la violencia se vive de modo diferencial en los campos y en las ciudades, pero están conectadas. Por ello, las políticas deben reconocer esas interacciones con procesos de paz que reconozcan sus especificidades. Es necesario ajustar, continuar y ampliar los procesos de paz en las ciudades, donde también se expresan violencias complejas que requieren soluciones específicas.
9. Cumplir lo acordado: base de la confianza. El cumplimiento de los acuerdos es fundamental para la credibilidad del Estado y la sostenibilidad de la paz. Esto incluye:

• La implementación integral del Acuerdo Final de Paz.
• El cumplimiento de los 28 acuerdos con el ELN.
• El cierre del proceso de Santa fe de Ralito con las AUC.
• El respeto y cumplimiento de los acuerdos logrados con comunidades en el marco de movilizaciones sociales.
• El cumplimiento de acuerdos parciales de procesos de negociación política y conversación socio jurídica que estén en curso.

Incumplir debilita la confianza y perpetúa el conflicto.

10. Impulsar una visión de paz global. La paz en Colombia está conectada con dinámicas globales. Es necesario asumir una posición crítica frente a políticas internacionales como la guerra contra las drogas, el militarismo y los conflictos armados en el mundo. La diplomacia por la paz es parte de la estrategia. Colombia debe posicionarse como un actor que promueve la paz, el diálogo y la solución política de los conflictos a nivel global. Ante la crisis del derecho internacional y la construcción de un mundo multipolar es necesario discutir el derecho a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
11. Pedagogía para la paz y la memoria. La construcción de paz requiere una transformación cultural. Esto implica fortalecer e impulsar la educación y las pedagogías para la paz, la memoria histórica y la reconciliación. Las nuevas generaciones deben crecer con valores de respeto, diálogo y resolución pacífica de conflictos. Sin pedagogía, la paz no se sostiene en el tiempo.
12. Transformaciones concretas en los territorios. La paz debe traducirse en cambios reales en la vida de las personas. Esto implica impulsar eficazmente pactos territoriales, planes de vida y proyectos de transformación construidos desde las comunidades y claramente ejecutables, con indicadores de resultado y de impacto y con procesos concretos de veeduría ciudadana. Sin resultados tangibles, la paz pierde sentido para quienes viven en los territorios más afectados por la violencia y la inseguridad. Esto es parte de las transformaciones macro, meso y micro que necesita el país.
13. Nuevas narrativas para la paz desde el cuidado y el diálogo. Es necesario resignificar el sentido de la paz en la opinión pública, donde a menudo se la opone a la seguridad, cuando en realidad la paz implica el cuidado de todas las vidas. Esto exige contrarrestar los discursos de guerra, miedo y desinformación mediante nuevas formas de narrar. Los medios de comunicación y las redes sociales son escenarios clave en esta disputa y deben aprender a desmontar lógicas de confrontación, buscar la verdad y superar las narrativas de enemistad. La paz también se construye en el lenguaje y en la forma en que contamos el país. Por ello, apostamos por desarrollar formas de comunicación orientadas a la construcción de paz, que den voz a todas las víctimas y promuevan la reconciliación, evitando que tanto los discursos como las acciones generen nuevas víctimas.
14. Recursos para la paz: una prioridad nacional. La paz requiere gran inversión. No es suficiente la voluntad política si no existen condiciones materiales concretas e infraestructura para la paz. El Estado debe llegar con su presencia en la garantía de los derechos a todos los territorios. La precariedad estatal local no sirve para una paz sostenible y duradera. Se deben garantizar recursos suficientes, sostenibles y bien gestionados para implementar políticas de paz. Invertir en paz es invertir en el futuro del país. Es fundamental transformar cultural y éticamente el manejo de los recursos públicos.

Esta agenda programática es una invitación a avanzar hacia una paz real, basada en transformaciones profundas, participación social y compromiso institucional. La paz en Colombia es posible, pero exige decisión, coherencia y acción colectiva.

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