Por: MST Brasil
Después de manifestaciones en todo Brasil y el mundo, medida que protege a más de medio millón de personas amenazadas de desalojo es sostenida por el ministro Barroso y debe ser confirmada en el pleno del Supremo Tribunal Federal
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Barroso prorroga la ADPF que suspende desalojos y expulsiones durante la pandemia en Brasil
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Roberto Barroso prorrogó hasta el 31 de octubre la ADPF 828 ( Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), que suspende los desalojos y las expulsiones durante la pandemia en Brasil. La decisión afecta a 142.385 mil familias en todo el país, según la Campaña Nacional Desalojo Cero ( Campanha Nacional Despejo Zero ). Barroso señala la necesidad de la extensión debido al elevado número de infecciones y muertes por COVID-19.
"Tras un periodo de descenso de las cifras de la pandemia, este mes se ha producido una nueva tendencia y alta. El 28.06.2022, la media móvil registraba 198 muertes diarias, y algunos días superaban las 300 muertes de Covid-19 en la última semana. Entre el 19 y el 25.06.2022, Brasil tuvo la semana epidemiológica con más casos desde febrero, con 368.457 infecciones por la enfermedad en todo el territorio nacional".
En la decisión, Barroso también determina que los gobiernos federal, estatal y municipal se abstengan de cualquier acto que vulnere "la salud pública, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como el derecho a la ciudad ante el actual escenario social y económico".
El Ministro también determina que los gobiernos promuevan un relevamiento de las familias existentes, a fin de garantizar una vivienda digna, salvaguardando la unidad familiar, a fin de mitigar y resolver los problemas referentes a los niños, niñas y adolescentes que viven en ocupaciones; que se creen Planes de Emergencia de Viviendas Populares con carácter provisional, con estructuras sanitarias y fácil acceso a los servicios urbanos, a fin de garantizar la subsistencia de las familias, y debe garantizar un amplio debate para las familias, así como la participación social, en los moldes del Estatuto de la Ciudad, con envío al STF para conocimiento y control; y que se creen Políticas Públicas de vivienda popular en un plazo máximo de 60 (sesenta) días, de forma permanente, con el debido debate con la sociedad, buscando salvaguardar una amplia participación social en la toma de decisiones con poder de veto popular, bajo pena de nulidad de los actos administrativos.
Con la prórroga, alrededor de medio millón de personas están protegidas del riesgo de perder el techo. Entre ellos, 97.391 son niños y 95.100 ancianos. Todo ello en un contexto en el que seis de cada diez familias brasileñas no tienen pleno acceso a los alimentos y a menudo tienen que elegir entre comer o tener un techo.
"Ampliar esta ADPF no es sólo un gesto humanitario, sino un acto para proteger la vida de innumerables brasileños que han sido y están siendo olvidados cada día por quienes deberían velar por su vida y su dignidad. La decisión del ministro Barroso es una herramienta importante para que más de 560 mil personas estén protegidas contra los desalojos, en medio de una pandemia que no termina, el hambre creciente, los altos precios de los alimentos y una crisis que no se resolverá rápidamente", dice Benedito Roberto Barbosa, abogado popular de la Campaña Desalojo Cero.
El pasado miércoles, la campaña estimuló un tweet en las redes sociales, y #BrasilPorDespejoZero se convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter.
MST.
