Académicos presentan acción pública de inconstitucionalidad contra el Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario. Colombia

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Por: Demandantes*

Esta demanda, si es acogida por la Corte, permitirá que el Congreso y el Gobierno enfoquen el manejo económico de la presente crisis con criterios de justicia distributiva y de progresividad tributaria, que no sólo armonicen nuestro sistema tributario con los principios constitucionales sino que además eviten que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza. Así, la presente demanda da cuenta clara de la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario por incumplimiento del principio de progresividad.

 

 

demanda contra estatuto tributario

Aclaración previa: pertinencia de esta demanda en la presente coyuntura de crisis por la pandemia COVID-19.

Antes de abordar específicamente los fundamentos jurídicos de nuestra pretensión, los demandantes queremos hacer una aclaración previa sobre la pertinencia, incluso la necesidad y conveniencia, de esta demanda en la presente coyuntura.

Colombia enfrenta una de las crisis sanitarias y socioeconómicas más agudas de su historia debido a la pandemia COVID-19. La justicia constitucional tiene además ahora una carga enorme de trabajo, pues debe controlar, en condiciones laborales difíciles, debido al aislamiento social, decenas de complejos decretos dictados al amparo del estado de emergencia.

 

 

 

 

Puede entonces parecer irresponsable o insensible que en semejante coyuntura pretendamos que la Corte Constitucional estudie y declare la inconstitucionalidad (aunque con efectos diferidos a dos años prorrogables a cuatro) del estatuto tributario por violar el principio de progresividad. Podría objetarse que en una crisis de esta magnitud, ciertos debates jurídicos, sociales y políticos deben ser aplazados, a fin de que el país, y en especial las autoridades, puedan concentrarse en enfrentar de la mejor manera posible la pandemia. Que no sería entonces el momento oportuno para discutir la equidad del sistema tributario ni para poner en vilo el estatuto tributario pues estamos en una situación en que es necesario proteger al máximo los ingresos tributarios, ya que la crisis asociada a la pandemia ha implicado reducciones fuertes de los ingresos del Estado, por ejemplo por la caída de los precios del petróleo, al tiempo en que el Estado tiene que hacer gastos extraordinarios para enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica. Igualmente podría objetarse que en esta coyuntura no conviene involucrar a la Corte Constitucional en discusiones difíciles y complejas, como las que plantea la presente demanda, a fin de que la justicia constitucional pueda concentrar el máximo de sus esfuerzos en el examen de los decretos legislativos.

Entendemos y somos sensibles a esas objeciones, que a primera vista parecen razonables. Es más, esta demanda estaba lista ya hace varios meses y habíamos pensado en presentarla a finales del mes de febrero. Sin embargo, debido a la pandemia, decidimos aplazar su presentación precisamente por cuanto consideramos que era el momento de concentrar todos los esfuerzos en lograr consensos políticos y sociales acerca de la mejor forma de enfrentar la pandemia. Teníamos claro que el país entraba en un período de aguda incertidumbre, por lo cual parecía inoportuna una demanda que busca una reforma estructural del sistema tributario a fin de ajustarlo al principio constitucional de progresividad.

Sin embargo, la propia evolución de la pandemia y de las medidas tomadas para enfrentarla nos han llevado a reconsiderar nuestra decisión, por una razón esencial: los debates más importantes sobre como enfrentar la pandemia están íntimamente vinculados al tema esencial planteado por la presente
demanda, que es la falta de progresividad del estatuto tributario

Explicamos el anterior punto: aunque el coronavirus puede infectar a cualquier persona, esta pandemia, como casi cualquier epidemia, ha tenido efectos mucho más severos en las poblaciones más vulnerables y más pobres por distintas razones, que se refuerzan mutuamente: esas poblaciones tienen mayor dificultad para prevenir el contagio y, por su situación social, pueden padecer patologías previas que las ponen en mayor riesgo en caso de ser infectadas. Además, las medidas de aislamiento las impactan en forma más grave pues estas personas no tienen ahorros y viven de lo que ganan día a
día.

Todos los análisis han enfatizado que sin medidas compensadoras, la pandemia y las políticas para enfrentarla incrementarán la pobreza y la desigualdad. Según cálculos del Grupo de Investigación en Macroeconomía de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en un escenario de aislamiento el Producto Interno Bruto (en adelante PIB) del país caerá 1,25%6 y la pobreza se incrementará por lo menos en 15 puntos porcentuales, “7,3 millones de personas más que en 2019”.

Fedesarrollo por su parte pronostica una caída mínima del 2,7% y máxima de 7,9%8 del PIB.

Este choque económico, en un mundo ideal, sería compensado perfectamente por el Estado de la siguiente manera: “el gobierno compensaría perfectamente a quienes enfrentan pérdidas por esta calamidad y al terminar el episodio repartiría entre todos los colombianos el costo de esa ayuda, con un énfasis progresivo (contribuirían más los que mejor estén al finalizar el episodio)”. Pero, como lo muestra esta demanda, no estamos en ese mundo ideal precisamente, entre otras cosas, por la falta de progresividad del sistema tributario, que imposibilita al Estado no sólo a recolectar mayores
recursos sino además a redistribuirlos en forma más justa.

Consideramos entonces que, contrariamente a lo que habíamos pensado inicialmente, hoy es el mejor momento para presentar la demanda y enfrentar este grave problema estructural, que es la falta de progresividad del sistema tributario, que viola el principio constitucional de progresividad tributaria,
y reproduce y acentúa nuestras agudas desigualdades sociales, con lo cual también desconoce el artículo 13 de la Carta, que ordena que las autoridades deben esforzarse por lograr que la igualdad sea real y efectiva. Y esto por dos razones: porque las crisis son a veces la única oportunidad para que una sociedad tenga la energía suficiente para tomar decisiones difíciles, como sería esta reforma estructural de nuestro sistema tributario, como lo han planteado los economistas políticos Drazen y Grilli.

Y segundo porque esta demanda, si es acogida por la Corte, permitirá que el Congreso y el Gobierno enfoquen el manejo económico de la presente crisis con criterios de justicia distributiva y de progresividad tributaria, que no sólo armonicen nuestro sistema tributario con los principios constitucionales sino que además eviten que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza. Así, la presente demanda da cuenta clara de la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario por incumplimiento del principio de progresividad.

Pero también es un llamado para que en el trámite del nuevo marco tributario colombiano se tomen decisiones sensibles al contexto, a la pandemia y a las necesidades de la población, especialmente los sectores más desfavorecidos y afectados. Llamado que ya ha hecho el Grupo de Investigación en Macroeconomía de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes al afirmar que es necesario: “retomar el debate aplazado acerca de una
estructura tributaria que permita mejor distribución del ingreso, además de financiar el tremendo esfuerzo fiscal que se está haciendo y que deberá seguir haciendo en los próximos meses”.

Y es que un sistema tributario progresivo permite mejor que uno regresivo que el Estado redistribuya recursos a favor de los sectores más vulnerables en situaciones de crisis. Por eso no es de extrañar que según estimaciones de investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los países
de América Latina y el Caribe, que en general no tienen sistemas tributarios progresivos, han anunciado una destinación de recursos promedio para atacar la pandemia de 4,1% del PIB, en tanto los países desarrollados, con sistemas tributarios más progresivos, han movilizado en promedio
16,3% del PIB, es decir, una diferencia superior a los 12 puntos porcentuales. 

En síntesis, ahora como nunca resulta imperativo que el mecanismo redistributivo por excelencia de los Estados sociales de derecho, el de la tributación, se ajuste a los principios constitucionales, compatibles con ese concepto de Estado, con sus ingredientes definitorios y esenciales. Solo así el Estado puede asegurar de manera cierta y sostenible condiciones para salir lo mejor librados posibles de la crisis y de los efectos de la pandemia, al tiempo que se corrija la inconstitucionalidad de base en la que se incurre por la falta de progresividad del sistema tributario en su totalidad.

Por eso creemos que, en vez de ser inoportuna, irresponsable o insensible, esta demanda se ajusta particularmente bien a las necesidades constitucionales de esta dificilísima coyuntura. Al hilo de lo anterior, entendemos que las cargas de la Corte con el control de constitucionalidad de los decretos legislativos dictados y los que vienen son enormes y que el tribunal tiene una enorme responsabilidad no solo jurídica sino también política de sus fallos frente a la emergencia que se vive y a la capacidad de reacción del Estado.

Pero precisamente por eso es que creemos que la demanda es oportuna pues el control automático de constitucionalidad de muchos de los decretos legislativos, aunque sea intenso, resultará insuficiente, deficitario, precario, dada la existencia de la inconstitucionalidad de base que se encuentra en otra parte: en el sistema tributario. 

. Normas constitucionales violadas

DESCARGAR LEER DOCUMENTO DE LA DEMANDA COMPLETO.

Demandantes:

VIVIAN NEWMAN PONT
RODRIGO UPRIMNY YEPES
LUIS JORGE GARAY SALAMANCA
JORGE ENRIQUE ESPITIA ZAMORA
CLARA LEONOR RAMÍREZ GÓMEZ
LEOPOLDO FERGUSSON TALERO
MARÍA MARGARITA ZULETA GONZÁLEZ
SALOMÓN KALMANOVITZ KRAUTER
VÍCTOR JAVIER SAAVEDRA MERCADO
MARÍA FERNANDA VALDÉS VALENCIA
AMARANTO DE JESÚS DANIELS PUELLO
CARLOS JULIO SALGADO ARAMÉNDEZ
CONSUELO CORREDOR MARTÍNEZ
JORGE IVÁN GONZÁLEZ BORRERO
JUAN CAMILO CÁRDENAS CAMPO
VALENTINA ROZO ÁNGEL
FERNANDO ANTONIO DEL NIÑO JESÚS BARBERI GÓMEZ
ASTRID MARTÍNEZ ORTIZ
CATALINA BOTERO MARINO
MAURICIO GARCÍA VILLEGAS
ESTEBAN HOYOS CEBALLOS
ANDRÉS ABEL RODRÍGUEZ VILLABONA
MAGDALENA CORREA HENAO
MARYLUZ BARRAGÁN GONZÁLEZ
MAURICIO ALBARRACÍN CABALLERO
ALEJANDRO RODRÍGUEZ LLACH
ALEJANDRO JIMÉNEZ OSPINA

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