La Protección a Moradores no es clara en el Actual Proyecto de Acuerdo de Plan de Desarrollo 2020 – 2023. Medellín.

Linea Formación, Género y luchas populares

Por: Clínica Jurídica Unaula[i]. Redipaz

Todo indica que el interés de la nueva administración es dilatar la aplicación eficiente de la política de moradores (Acuerdo 145). Paradójicamente las renovaciones urbanas iniciaran a toda marcha, pero la protección a moradores se someterá a planes “pilotos”, además, en los proyectos de renovación la proyección y el presupuesto quedará en manos de los privados que ejecutan la renovación urbana.

 

 

imagen moradores

 

Imágen: carátula libro Victimas del Desarrollo Medellín, Progreso y moradores en disputa. 

La Protección a Moradores no es clara en el Actual Proyecto de Acuerdo de Plan de Desarrollo 2020 – 2023. Medellín

Por: Clínica Jurídica Unaula[i]. Redipaz

Todo indica que el interés de la nueva administración es dilatar la aplicación eficiente de la política de moradores (Acuerdo 145). Paradójicamente las renovaciones urbanas iniciaran a toda marcha, pero la protección a moradores se someterá a planes “pilotos”, además, en los proyectos de renovación la proyección y el presupuesto quedará en manos de los privados que ejecutan la renovación urbana.

Introducción[ii].

Medellín viene consolidando con relativo éxito una transición en su vocación económica que implica la superación de una ciudad súper industrializada por una ciudad de servicios especializados. Dicha transición, apalancada por la clase política tradicional, implica sutiles estrategias discursivas que involucran la ciudadanía en la dinámica de la transición sin explicar con claridad en qué sentido podría beneficiarse de ella, sin embargo, no es este el punto álgido de las presentes consideraciones, que se centran más bien en la reconfiguración territorial que trae como consecuencia un nuevo modelo de economía local.

Digamos en primer lugar, que esa transición debe ir acompañada de un agresivo proceso que se conoce como “Internacionalización” y que busca básicamente inscribir a la ciudad, en la dinámica de ese entramado (teórico y económico) Globalización-Glocalización que básicamente representa la oportunidad de que los ámbitos locales se vinculen al ámbito global, “pensar globalmente y actuar localmente” diría Molina (2012). En todo caso, la internacionalización es la acción internacional de los gobiernos locales y es una fiel muestra del conocido fenómeno de la globalización.

Ahora bien, digamos en segundo lugar, que esa acción internacional de los gobiernos locales (internacionalización) implica no solo un cambio en la vocación económica, sino también cambios sustanciales en la educación (encaminada a la cualificación del recurso humano), en la creación de un escenario político favorable (que permita y aliente el libre mercado), entre otros varios. Sin embargo, como se dijo, nos interesa destacar dentro de estos cambios el que implica un nuevo tipo de apropiación del territorio.

A los burócratas les dio por acuñar el famoso concepto del “Urbanismo social”, que ha implicado en nuestra realidad, la construcción de grandes obras de infraestructura encaminadas no solo a la transformación del paisaje urbano, sino también a una nueva forma de apropiación de los espacios públicos y, fundamentalmente, a la proliferación de centralidades empresariales, superficies comerciales y proyectos inmobiliarios.

Pues bien, como hemos visto, la consecuencia de esa nueva forma de urbanismo ha generado el desplazamiento forzoso y arbitrario de miles de moradores que solo hasta diciembre del año pasado fueron objeto de una política pública de protección.

Centrándonos más en lo que nos concierne, es válido decir que, la “independencia” en política no existe.

El proyecto de Plan de Desarrollo que presentó el alcalde de Medellín es oportunista desde el punto de vista político, y con plena seguridad no fue lo que esperaban sus electores. Decimos que es oportunista porque recoge el esfuerzo del proyecto de internacionalización que se ha venido consolidando desde la década de los noventa, y lo utiliza ahora sí, para explotarlo en sentido estricto. Representa en todo caso, la continuidad de un proyecto elitista del que mucho se ha hablado y del que poco nos hemos visto beneficiados. Medellín sigue siendo una ciudad muy desigual, con un alto grado de violencia.

Por supuesto que, si se afirma que existe continuidad de proyecto, existirá continuidad en esa apuesta por el famoso “Urbanismo social” o mejor, por la construcción de grandes obras de infraestructura que generan necesariamente desplazamiento forzado de moradores, ahora bien, reconociendo que existe ya una política pública encaminada a su protección (Acuerdo 145 de 2019 del Concejo de Medellín Política Pública de Protección a Mordores y Actividades Económicas y Productivas – PPPMAEP), ¿Qué papel juega esta dentro de esa vorágine de proyectos que contiene el Plan de Desarrollo que discuten nuestros concejales?

La eco ciudad de la que habla ahora el Plan de Desarrollo que discutimos, es la práctica discursiva de la renovación urbana y de la transformación territorial necesaria en este periodo de cambios en que se encuentra Medellín. Está bien, debemos reconocer que se menciona la política pública de protección a moradores, pero ¿es suficiente?

Aportes.

Al respecto tenemos para aportar lo siguiente:

La Política Publica de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas (Acuerdo145 de 2019), como su nombre lo indica es una herramienta que busca la protección de las personas que habitan un territorio o que desarrollen alguna actividad económica y productiva en este y que se pueden ver afectados por intervenciones físico-espaciales en el marco del POT.

Lo primero por decir, es que al realizar la lectura detallada de la propuesta de Plan de Desarrollo Municipal , específicamente del programa 4.4.1. (relacionado con la protección a moradores, asociado al Acuerdo Municipal 145 Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas) “Renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores”, se evidencia que la política pública de protección a moradores solo irá dirigida a escenarios de renovación urbana dejando por fuera otros escenarios de trasformación que también generarán las mimas consecuencias negativas.

La política entonces, no solamente debe ser tenida en cuenta para aquellos proyectos de renovación urbana, pues hay otras transformaciones territoriales que también requieren de ello, como lo es, por ejemplo, la construcción de obras públicas que van encaminadas a mejorar el sistema de transporte, donde claramente se ven afectados lo derechos de los moradores y de las personas en sus actividades económicas y productivas; igualmente podemos mencionar escenarios de Mejoramiento de Barrios o Intervenciones en espacio Rural..

Es importante recordar que los escenarios para renovación urbana no son los únicos espacios que se verán afectado por las obras públicas en la ciudad de Medellín. Y que los otros escenarios no pueden ser desprovistos de la protección de la política pública, pues moradores hay en otros espacios.

Igualmemte, dentro del programa ya mencionado (página 371), se evidencia que realmente su enfoque no pone el énfasis en la atención de moradores y en reconocer su derecho a la ciudadanía sino en los programas de renovación que son los que causarán los graves efectos del desplazamiento, con esto se evidencia que la prioridad no son las comunidades y su territorialidad sino, el favorecimiento de la generación de riqueza para los privados que son los que en últimas ejecutan y se lucran de las renovaciones urbanas.

Aportar a la concreción del Modelo de ocupación de Medellín acordado en el POT, mediante una planificación urbana integral y equilibrada, la implementación y gestión de instrumentos de planificación complementaria, de intervención del suelo y de financiación previstos en el POT, así como con intervenciones territoriales dirigidas a responder a las nuevas dinámicas y retos de sostenibilidad ambiental, sociales y territoriales.

En coherencia con lo anterior, se pretende acompañar la implementación y gestión de transformaciones urbanísticas integrales y la renovación urbana mediante esfuerzos colectivos y en articulación con la protección a moradores y actividades económicas, para la generación de espacios públicos y privados, la dotación de infraestructuras públicas y la participación con diversos actores sociales para lograr una equidad territorial y desarrollo social en consolidación del modelo de ocupación de la ciudad.

Realmente la protección a moradores es más un añadido sin prioridad con respecto a la renovación que sobresale especialmente porque tiene una relación con el Valle del Software. No sé menciona, por ejemplo, que, de acuerdo con la Política de Moradores y el Plan de Ordenamiento Territorial se favorecerá el reasentamiento en sitio para los habitantes de territorios afectados por obra pública y renovación urbana.

Es importante resaltar el objetivo Nº 2 dentro del programa mencionado que la protección a moradores que indica,

Socializar la política de protección a moradores, actividades económicas y productivas e implementarla en un escenario de intervención a través de un ejercicio piloto. (Página 371).

De la redacción se infiere que la protección a moradores no se deriva explicitamente del Acuerdo 145 vigente (política píblica de protección a moradores) y que la finalidad de esta administración es simplemente “socializar”, es decir, hacer una actividad que la administración pasada y el Concejo Municipal en el periodo anterior ya lo hizo, con lo cual los dineros asignados para esto serían un gasto inorpotuno e ineficiente; el objetivo y el propósito es comprometerse con la aplicación integral para todos los escenarios que propone el Acurdo 145 se aplique esta política pública. En ese mismo sentido, el objetivo habla que la protecicón a moradores se aplicará “a través de un ejercicio piloto”; por demás preocupa que la aplicación de la política de protección a moradores se aplique solo en “un” ejercicio y que este sea un “piloto”, con lo cual no hay garantía real de que el Acuerdo 145 tendrá aplicación efectiva, se trata de una burla a un proceso institucional y social que han esperado los afectados. Sí se creó este instrumento de protección y se aprobó es porque se necesita de él, los mismos moradores conocen de la política y están esperando su aplicación para la defensa de sus derechos.

Por su parte el cuadro de indicadores es ambiguo toda vez que menciona como uno de ellos la “Política pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y productivas instrumentada”, pero no se indica expresamente cuál será el parametro de indicador de esa política que ya existe. Se infiere, por la entidad responsable (Departamento de Planeación), que este indicador se relaciona con la adopción de una posible reglamentación que consideramos no es necesaria por lo siguiente:

Según la Sentencia del 29 de noviembre de 2012, con MP Martha Teresa Briceño de Valencia. Expediente No. 17062 del Consejo de Estado se dice que:

“Sea lo primero precisar que lo que se predica, sobre la facultad reglamentaria del gobierno nacional, se predica también, a nivel regional. Por eso, la Sala parte de reiterar que la facultad reglamentaria, que la Constitución Política le reconoce al poder ejecutivo sea nacional o regional, es una facultad gobernada por el principio de necesidad, que se materializa justamente en la necesidad que en un momento dado existe de detallar el cumplimiento de una ley que se limitó a definir de forma general y abstracta determinada situación jurídica. Entre más general y amplia haya sido la regulación por parte de la ley, más forzosa es su reglamentación en cuanto que este mecanismo facilitará la aplicación de la ley al caso concreto”.

El Consejo de Estado dice que, aunque esa potestad reglamentaria a priori le compete al gobierno en un nivel nacional, esta también se ejerce en el nivel regional, pero solo en los casos en donde haya una necesidad real, cuando una ley definió una situación jurídica de una manera abstracta y general, no por nada se menciona el principio de necesidad. Lo cual no ocurre en la Política Pública de Protección a Moradores.

Lo anterior se confirma cuando en la página 521 se menciona lo siguiente:

(…) se torna en el primer periodo de implementación de la política pública de protección a moradores – Acuerdo 145 de 2019, y apuesta por tres acciones principales (i) la socialización, (ii) el alistamiento institucional y (iii) la reglamentación; todo ello en el marco del programa Renovación urbana integral, transformación territorial y protección a moradores del componente Urbanismo Ecológico.

Se confirma entonces que el interés de la nueva administración es dilatar la aplicación eficiente de la política de mordores (Acuerdo 145) y, por el contrario, realizar reprocesos concentrándose en hacer socializaciones y puestas a punto mediante reglamentaciones que no son necesarias. Paradojicamente las renovaciones urbanas iniciaran a toda marcha, pero la protección a moradores se someterá a planes “pilotos”.

Por otro lado, al revisar el plan financiero y plurianual de inversiones no se evidencia dentro del presupuesto establecido, la destinación del rubro se asocia solamente con la puesta en marcha normativa hablando de la política pública acuerdo 145 pero no lo ata o le asigna dinero para la atención y ejecución de la política pública, de esa forma dependerá de cada proyecto de obra pública y renovación urbana materializar el acuerdo 145. De esa forma; específicamente en los proyectos de renovación la proyección y el presupuesto quedará en manos de los privados que ejecutan la renovación urbana. Esto es grave porque el desplazamiento y el REASENTAMIENTO como estrategia de mitigación son un asunto público y atención estatal.

Consideramos que se debe hacer un llamamiento en estos días de discusión, para que se agregue un programa específico a la protección a moradores dentro de la línea y el componente respectivo y, en esa misma medida, asignársele un presupuesto claro que permita su implementación y no solo, como enuncia el Plan de Desarrollo, su socialización e instrumentación.

Cordialmente,

Sebastián Londoño Valle

Valeria Rincón Zapata

Luis Alfonso Carreño Montes

Stephania Gómez Sierra

Hernán Darío Martínez Hincapié

Notificaciones

Carrera 56 A # 49 – 70, Bloque 5 piso 1, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín. Teléfono: 511 21 99 ext. 416.

 Notas

[i] Autores.as: Sebastián Londoño Valle, Valeria Rincón Zapata, Luis Alfonso Carreño Montes, Stephania Gómez Sierra y Hernán Darío Martínez Hincapié, mayores de edad, integrantes de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad Autónoma Latinoamericana, presentamos concepto sobre la propuesta sobre el componente de la Política Pública de Protección a Moradores de Plan de Desarrollo 2020 - 2023 ante el Concejo Municipal de Medellín.

[ii] Documento enviado a los Concejales Daniel Duque Velásquez, Aura Marleny Arcila Giraldo, Daniela Carvalho Mejía, John Jaime Moncada Ospina, como insumo para el debate del Plan Municipal de Desollo Medellín 2020-2023. Medellín, 23 de mayo de 2020

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