Gravedad de la situación de derechos humanos en Colombia. El caso del paro nacional y sus repercusiones sobre el Sistema Integral para la Paz (28 de abril al 30 de mayo de 2021)

Linea Conflicto Social y Paz

Por: JEP

El estudio elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación dará cuenta de la existencia de tres tipos de riesgos: i) Riesgos para satisfacer el derecho constitucional a la no repetición ii) Riesgos para garantizar la participación efectiva de ciertas organizaciones de víctimas y de defensores/as de derechos humanos en el Sistema Integral para la Paz iii) Riesgos para realizar actividades en territorios de interés para el Sistema Integral para la Paz debido al deterioro de las condiciones de seguridad y orden público

 

 

jep paronal

El 28 de abril de 2021 inició una movilización social sin precedentes en la historia de Colombia. El “paro nacional” como fue denominado, ha dejado en evidencia varias de las problemáticas que aquejan al país: pobreza, desigualdad, desempleo, falta de oportunidades para jóvenes y mujeres, crisis de representatividad1, etc. Por eso, lo que empezó como un inconformismo ciudadano en contra un proyecto de reforma tributaria en el Congreso, terminó convirtiéndose gradualmente en una forma de oposición simultánea a múltiples medidas o actuaciones como la reforma a la salud, la represión policial, la exigencia de gratuidad en la educación, etc.2

El desarrollo prolongado de esta protesta y la forma cómo el Estado ha respondido a las situaciones generadas por la movilización en las calles, han tenido hondas repercusiones sobre el trabajo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sistema Integral para la Paz), especialmente, en el cumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la no repetición y de proteger los derechos de las víctimas, las organizaciones sociales y los demás intervinientes en este proceso transicional.

En ese sentido, la Unidad de Investigación y Acusación, en uso de sus facultades legales, presenta este informe para advertir sobre la gravedad de la situación actual en materia de respeto y goce de derechos humanos en diferentes zonas del país ya que se han creado riesgos que repercuten sobre la democracia, la convivencia ciudadana, y la consolidación de una paz estable y duradera.

El estudio elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación dará cuenta de la existencia de tres tipos de riesgos:

i) Riesgos para satisfacer el derecho constitucional a la no repetición: Hay evidencias sobre el (re)surgimiento de prácticas de violencia y represión que se creían superadas, y que, con ocasión del paro nacional, se han hecho notorias, por lo cual es necesario emitir un alerta en función del cumplimiento de las garantías de no repetición. En este particular, se advertirá sobre las afectaciones al derecho a la vida en el marco de la protesta social, lo que en perspectiva histórica equivaldría a decir que el número de muertes violentas registradas durante el paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021 hasta el 30 de mayo de 2021, superan las cifras que datan de los años setenta del siglo XX (por lo cual se asevera que ésta ha sido la protesta social con más manifestantes asesinados en la historia reciente del país), y en perspectiva internacional, equivaldría a decir que Colombia se ubicaría entre los países con más personas asesinadas en desarrollo de una protesta desde que inició la pandemia del Covid 19 en el mundo3.

Asimismo, en este punto, se alertará sobre la reaparición de grupos de civiles armados que reivindican prácticas de autodefensa o paramilitarismo en por lo menos 27 ciudades de Colombia.

Finalmente, se mostrará que en el actual estallido social, se ha visibilizado el uso de la violencia sexual como mecanismo de afectación a los hombres y mujeres (principalmente) que participan en los escenarios de la protesta.

Todos estos fenómenos problematizarían la visión de que el Estado colombiano ha avanzado en la protección integral de los derechos humanos en algunos escenarios, pues la evidencia empírica parece indicar que hay retrocesos históricos en el respeto a la vida de las personas que participan en la protesta social. En ese sentido, el hecho de que el paro nacional de 2021 registre las cifras más altas de muertes violentas de manifestantes en la historia reciente del país4, constituye una alerta sobre las garantías que como sociedad democrática existen para expresar las inconformidades ciudadanas. Por eso es importante advertir sobre esta situación anómala ya que la no repetición consiste precisamente en superar los factores que en el pasado condujeron a las violaciones de los derechos a la vida y la integridad personal. Si no se mejora en estos indicadores, se puede concluir que se está lesionando el derecho a la no repetición.

ii) Riesgos para garantizar la participación efectiva de ciertas organizaciones de víctimas y de defensores/as de derechos humanos en el Sistema Integral para la Paz: en este punto se evidenciará que cinco organizaciones que participan en la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) han sido afectadas en sus derechos a la integridad física y seguridad con ocasión a su participación en el paro nacional. Esta situación significa un aumento de sus situaciones preexistentes de riesgo, lo que podría afectar en el futuro su participación efectiva en los mecanismos de justicia transicional creados en virtud del Acuerdo de Paz.

iii) Riesgos para realizar actividades en territorios de interés para el Sistema Integral para la Paz debido al deterioro de las condiciones de seguridad y orden público: De forma oportunista, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han aprovechado la coyuntura del paro nacional para debilitar al Estado en regiones donde tienen injerencia. Particularmente, en 111 municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz, se ha evidenciado un aumento de las confrontaciones bélicas, los hostigamientos y las amenazas al liderazgo social entre el 28 de abril y el 30 de mayo de 2021, en comparación con el mismo periodo de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. De esa forma, en el norte del Cauca, el pacífico nariñense, el Urabá antioqueño y el bajo Atrato, los diferentes grupos armados ilegales han capitalizado que la Fuerza Pública esté concentrada en el tratamiento y la contención de la protesta en las ciudades, para aumentar su ofensiva bélica, y expandir el control social y territorial en áreas periféricas y rurales, generando “gobernanzas criminales”5 donde la soberanía estatal se va diluyendo ya que los ilegales son quienes fungen como autoridades de facto. Estas pérdidas de control por parte del Estado afectan el mandato de la JEP, la CEV y la UBPD, ya que las actividades en dichos territorios se tornan riesgosas para la seguridad de los servidores y contratistas de cada entidad.

En ese orden, el informe estará dividido en función de cada uno de los tres tipos de riesgos identificados, y al final se emitirán unas alertas para evitar la materialización de situaciones que afecten el mandato del Sistema Integral para la Paz.

1. Riesgos de incumplimiento del derecho constitucional a la no repetición

Las garantías de no repetición son un derecho que se constitucionalizó a través del Acto Legislativo 01 de 2017. Por tal motivo, la Unidad de Investigación y Acusación alerta sobre el resurgimiento de prácticas de violencia y represión que se creían superadas, pero que con ocasión del paro nacional, se han hecho visibles nuevamente.
Como las garantías de no repetición demandan la aplicación de medidas para evitar que los fenómenos de victimización no vuelvan a ocurrir, la Unidad de Investigación y Acusación consideró relevante contextualizar históricamente qué pasó en Colombia cuando se desarrollaron paros nacionales, y de esa forma, establecer una línea de base de riesgos que permita una comparación objetiva.

1.1 Afectaciones al derecho a la vida en el marco de la protesta social: una comparación histórica en Colombia, 1977 - 2021
Antecedentes históricos de los paros nacionales, 1977 - 2021

Para comprender la coyuntura actual, es necesario tener en cuenta los antecedentes históricos de los paros nacionales y las respuestas que desde las autoridades estatales se han propiciado para lograr su desactivación. De esa forma, por “paros nacionales” se entenderán los eventos de movilización social que reúnen las siguientes características: i) intervención de centrales obreras; ii) adhesión de diversos sectores con propuestas o agendas reivindicativas distintas; iii) movilizaciones en más de tres ciudades o departamentos; iv) cesación de actividades
laborales que afecten diversos sectores de producción (incluye huelgas, barricadas y bloqueo de vías) 6.

Según la definición dada previamente y que se operacionaliza en la tabla 1, se reconocen seis eventos que encajan en la definición de “paro nacional”, a pesar de que el total de variables seleccionadas no necesariamente se manifiestan con la misma intensidad en cada evento acaecido en los años 1977, 1985, 1999, 2013, 2019 y 2021. Por consiguiente, se hará una breve descripción de los seis casos a partir de los siguientes criterios orientadores:

LEER INFORME COMPLETO.

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