Los excomisionados de la Comisión de la Verdad respaldaron a la JEP ante el recorte presupuestal y la reforma constitucional en el Congreso, alertando sobre el riesgo que esto representa para los derechos de las víctimas y la paz de Colombia.
Pronunciamiento de los comisionados de la Comisión de la Verdad
Como comisionados de la Comisión de la Verdad, institución del Sistema de Justicia Transicional, respaldamos el pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz frente a dos iniciativas que cursan en el Congreso de la República: el recorte de 100.000 millones de pesos a su presupuesto - y también al de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, UBPD, - así como el proyecto de reforma constitucional que establecería la revisión judicial automática por parte de la Justicia Penal Militar, de las sentencias de la JEP contra miembros de la Fuerza Pública.
Consideramos, con la JEP, que estas medidas desconocen el Acuerdo Final de Paz, afectan principios fundamentales de la Constitución de 1991 sobre los derechos de las víctimas y ponen en riesgo compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano, entre ellos los adquiridos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entendemos por qué el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, las ha calificado como “el más grave ataque a la Jurisdicción”.
El pasado 15 de julio, durante la presentación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del Informe Trimestral sobre la implementación del Acuerdo, hubo un respaldo unánime al proceso de paz y a sus instituciones. El secretario general, António Guterres, llamó a “preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales”.
En el mismo sentido se pronunciaron los representantes de Estados Unidos, Francia, China, Panamá y Dinamarca. Coincidieron en la importancia de una implementación integral del Acuerdo, en el valor de la Justicia Transicional para la reconciliación nacional y en la necesidad de que la JEP pueda cumplir eficazmente su mandato. Varios de los miembros del Consejo de Seguridad han destacado, además, la importancia de las recientes decisiones de la JEP en los casos sobre secuestros cometidos por las antiguas FARC-EP y sobre asesinatos y desapariciones presentados falsamente como bajas en combate.
A este respaldo internacional se suma el de numerosas víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad, provenientes de todos los lados del conflicto. Muchas reconocen en la JEP un espacio fundamental para la satisfacción de sus derechos, sin que ello excluya las críticas necesarias para mejorar y fortalecer sus procedimientos y decisiones.
Como comisionados de la Comisión de la Verdad vemos en estas voces de las víctimas y de la comunidad internacional un llamado a continuar la tarea, al diálogo y al respeto de lo acordado. Se trata, como ha señalado la propia Jurisdicción, de evitar que estas iniciativas obstaculicen su mandato y comprometan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Esperamos que el jefe de Estado, quien ha reiterado que es presidente de todos los colombianos, reciba estas manifestaciones como palabras amigas. Más que responder mediante una confrontación pública con la JEP, consideramos necesario establecer, como lo ha solicitado el magistrado Ramelli, una comunicación directa con la Jurisdicción para tramitar las diferencias e inquietudes que existan.
La centralidad de las víctimas y de sus derechos es la razón de ser del Acuerdo de Paz. Por eso instamos al Congreso de la República a no aprobar las iniciativas mencionadas. Pedimos igualmente a la comunidad internacional, que ha acompañado y valorado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ejercer sus buenos oficios para que tanto la JEP como la UBPD puedan llevar hasta el final su mandato constitucional. Y llamamos a las víctimas de todos los lados del conflicto a defender estas instituciones que existen, ante todo, para garantizar sus derechos.
Colombia puso al mundo como testigo del Acuerdo de Paz. Desconocer ahora lo pactado afectaría la credibilidad del Estado ante la sociedad y ante la comunidad internacional, y defraudaría a las víctimas, a quienes reconocieron responsabilidades y a millones de colombianos que confiaron —y siguen confiando— en la seriedad de la palabra empeñada.
Lo que está en juego es la confianza en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y en un Acuerdo de Paz que llegó a ser reconocido internacionalmente por el rigor y la profundidad con que buscó poner a las víctimas en el centro de la construcción de la paz.
Firman,
Francisco José de Roux Rengifo
Alejandro Castillejo Cuéllar
Saúl Franco Agudelo
Lucía González Duque
Carlos Martín Beristain
Alejandra Miller Restrepo
Leyner Palacios Asprilla
Marta Ruiz Naranjo
Patricia Tobón Yagarí
Alejandro Valencia Villa
Bogotá, 22 de septiembre de 2026.
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