Cuando la paz retrocede.

Linea Conflicto Social y Paz

La Sierra Nevada vuelve a sentir los efectos de la confrontación armada. Para los pueblos Arhuaco, Kogui y Wiwa, defender la vida exige superar una seguridad reducida a fusiles y garantizar territorio, autonomía, dignidad y paz.

 

 

 

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Por Alfonso Insuasty Rodríguez*

La Sierra Nevada de Santa Marta vuelve a escuchar el lenguaje de la guerra. El 21 de septiembre de 2026, en el sector de Quebrada del Sol, se registraron enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en un territorio ancestral habitado por los pueblos Arhuaco, Wiwa y Kogui. La operación estuvo acompañada por disparos, presencia de aeronaves militares, bloqueos de la Troncal del Caribe y la quema de vehículos de transporte público, situación que a 23 de septiembre pervive.

 

 

 

Un día después, el Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira hizo público un llamado, “detener la violencia y proteger la vida, la autonomía territorial y la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas”. No se trata solamente de una denuncia sobre un nuevo episodio de orden público. Es una advertencia sobre el retorno de una lógica conocida, convertir territorios habitados por comunidades civiles en escenarios de confrontación armada.

Para los pueblos de la Sierra Nevada, el problema no comienza ni termina con un operativo militar. Durante 2026 se han registrado otros episodios de violencia que, según el Pueblo Arhuaco, han producido intimidaciones, confinamientos, desplazamientos y restricciones para acceder a alimentos, servicios básicos y actividades productivas. En junio, por ejemplo, los enfrentamientos y operaciones armadas en Quebrada del Sol afectaron la movilidad de las comunidades y obligaron al cierre de la vía.

 

 

 

Cuando una comunidad comienza a vivir periódicamente entre combates, bloqueos, amenazas y restricciones de movilidad, la violencia deja de ser un acontecimiento excepcional y empieza a convertirse en una forma de administración cotidiana del territorio.

Ahí está uno de los principales riesgos de la actual situación, que la respuesta estatal termine reducida a la lógica de más fuerza, más operaciones, más presencia militar, mientras las causas territoriales, sociales y económicas que permiten la reproducción de los actores armados permanecen intactas.

La experiencia colombiana debería haber enseñado ya que ocupar militarmente un territorio no equivale necesariamente a garantizar la vida de quienes lo habitan.

El Estado no puede llegar solamente con fusiles

El Estado tiene el deber de proteger a la población frente a los actores armados ilegales. Pero esa obligación no puede traducirse únicamente en presencia militar. Las comunidades indígenas son población civil y los actores armados deben respetar su vida, autonomía y territorio, conforme al Derecho Internacional Humanitario.

La Corte Constitucional ha advertido desde el Auto 004 de 2009 sobre los impactos diferenciados del conflicto en los pueblos indígenas y el riesgo de exterminio físico y cultural. En el caso de la Sierra Nevada, los pueblos Arhuaco, Kogui y Wiwa enfrentan precisamente riesgos asociados al desplazamiento, confinamiento, restricciones a la movilidad y disputa armada por el territorio.

Por ello, la pregunta no es seguridad o paz, sino qué tipo de seguridad garantiza realmente la vida, la autonomía y la permanencia de los pueblos en sus territorios.

Para los pueblos de la Sierra Nevada, el territorio no es una superficie que pueda ser simplemente ocupada o controlada, es un espacio vivo, espiritual, cultural y colectivo, el Corazón del Mundo.

La confrontación armada, por tanto, no solo amenaza vidas; altera prácticas culturales, espacios sagrados, actividades productivas y vínculos comunitarios.

La guerra desestructura aquello que las estadísticas militares no alcanzan a registrar, territorios, culturas y formas de vida.

¿De la construcción de paz al retorno de la guerra?

Colombia ha aprendido, con enormes costos, que los conflictos territoriales no se resuelven exclusivamente mediante la fuerza. La violencia tiene raíces sociales, económicas, políticas y territoriales que no desaparecen con la derrota de un actor armado.

El desafío actual es evitar que la seguridad vuelva a reducirse a una lógica predominantemente militar. Proteger a las comunidades exige mucho más que fusiles, garantizar movilidad, alimentación, salud, educación, justicia, infraestructura, autonomía territorial y condiciones dignas para permanecer en el territorio.

Y, sobre todo, escuchar a quienes lo habitan y lo han cuidado durante siglos. En la Sierra Nevada, construir seguridad y construir Paz no pueden ser caminos separados.

La paz también es una política de seguridad

El llamado del Pueblo Arhuaco resulta particularmente significativo porque pide protección, pero también exige respeto por la autonomía territorial, la vida y la dignidad de las comunidades. Y reclama a todos los actores armados que se abstengan de desarrollar acciones dentro o en las inmediaciones de los territorios ancestrales.

Esa voz debería ser escuchada como una propuesta política y no únicamente como una denuncia humanitaria. La paz no puede ser entendida como ausencia momentánea de disparos, es la posibilidad concreta de que una comunidad pueda vivir, cultivar, desplazarse, educarse, practicar su espiritualidad y decidir sobre su territorio sin que ningún actor armado, legal o ilegal, convierta su vida cotidiana en parte de una estrategia de guerra.

La Sierra Nevada vuelve a recordarnos algo que Colombia ha aprendido demasiadas veces a costa de vidas humanas, cuando la guerra entra al territorio, la población termina pagando el precio.

Por eso, frente a quienes reducen el problema a una disputa militar por el control territorial, es necesario recuperar una pregunta elemental ¿seguridad para quién y para qué?

La respuesta no puede ser más guerra.

En el Corazón del Mundo, proteger la vida significa proteger también el territorio, la autonomía y la posibilidad de construir paz desde quienes lo habitan.

Y esa paz, si pretende ser duradera, no podrá imponerse desde arriba ni construirse exclusivamente desde los cuarteles: tendrá que hacerse con los pueblos, en sus territorios y desde sus propias formas de comprender y cuidar la vida.

*docente investigador Universidad de San Buenaventura, parte de REDIPAZ e integrante grupo autónomo Kavilando

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