El Bagre vuelve a ser escenario de guerra. Cambian los grupos armados, pero persisten las causas: oro, despojo, desigualdad y abandono estatal. La salida no es más militarización, sino una transformación territorial con justicia y dignidad.
Por: Alfonso Insuasty Rodriguez*
La nueva alerta de la Defensoría del Pueblo sobre El Bagre no anuncia una guerra desconocida. Revela, una vez más, la persistencia de una estructura de violencia que cambia de actores, nombres y alianzas, pero conserva buena parte de sus razones materiales, el control del territorio, las rentas del oro, las economías ilegales, la débil transformación rural y la disputa por comunidades estratégicamente ubicadas en el Bajo Cauca y la Serranía de San Lucas.
La Alerta Temprana de Inminencia 020 de 2026 advierte un riesgo crítico para la población de la cabecera municipal y de los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver. La confrontación enfrenta a la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y al Frente 4 del Bloque Magdalena Medio del denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). La disputa es territorial, poblacional y financiera, y tiene entre sus principales objetivos el control de rentas asociadas a la explotación aurífera en sectores como Guamocó y Mina Nueva, en la Serranía de San Lucas (Defensoría del Pueblo, 2026).
📢 Emitimos la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 020 de 2026 para El Bagre, Antioquia.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 4, 2026
Urge proteger la vida de las comunidades frente a la intensificación de la disputa entre grupos armados ilegales en la zona.
El riesgo es especialmente crítico para los pueblos indígenas… pic.twitter.com/SXALQwK1Ke
El resultado para las comunidades es conocido, desplazamientos, confinamientos, amenazas, extorsiones, asesinatos selectivos, restricciones a la movilidad, contaminación por minas y artefactos explosivos y, más recientemente, utilización de drones modificados con explosivos. Los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, mineros, transportadores, jóvenes, juntas de acción comunal y personas defensoras de derechos humanos se encuentran entre los principales afectados (Defensoría del Pueblo, 2026).
Pero reducir esta realidad a una confrontación entre estructuras armadas sería insuficiente. El Bagre es un territorio donde la riqueza y la violencia han convivido durante décadas.
El oro como riqueza y como poder
El Bajo Cauca es una de las principales regiones auríferas del país, en El Bagre confluyen minería empresarial, pequeña minería, minería artesanal y explotación ilegal controlada, en distintos momentos, por actores armados. Esa coexistencia no es accidental, expresa diferentes formas de apropiación de una misma riqueza territorial.
La historia empresarial de la región tiene profundas raíces. Mineros S.A. inició su operación en El Bagre en 1974, después de adquirir la explotación de la Pato Consolidated Gold Dredging, compañía que operaba allí desde comienzos del siglo XX. Investigaciones del Instituto Popular de Capacitación han documentado la concentración histórica de tierras y títulos mineros de la empresa, así como los impactos sociales y ambientales asociados a la explotación del río Nechí y sus humedales (IPC, 2017).
Hoy, además de Mineros S.A., existe presencia de capital minero transnacional. Soma Gold Corp., compañía listada en Canadá, opera el Complejo Minero de Oro El Bagre y posee un amplio paquete de concesiones en el distrito Bagre-Nechí. La empresa ha venido ampliando sus operaciones y proyectando nuevas explotaciones en el entorno regional.
Además, es importante tenerlo presente, El Bagre debe leerse dentro de un corredor estratégico donde la disputa por el oro y otras economías territoriales se articula con circuitos transnacionales de capital, corredor estratégico, mercados internacionales, narcotráfico y políticas hemisféricas de seguridad. En ese entramado, Estados Unidos aparece como potencia con intereses económicos y de seguridad que históricamente han incidido en la configuración del territorio y las políticas económicas, de seguridad y paz en colombia.
Esto obliga a mirar el territorio más allá de la dicotomía simplista entre minería "legal" e "ilegal". Hay un sistema minero en el que participan empresas de gran escala, pequeños productores, barequeros, intermediarios y estructuras armadas que capturan parte de las rentas de la explotación aurífera.
En este contexto de gran riqueza, ¿quién controla el territorio, ¿quién captura sus rentas, quién decide sobre su futuro y quién asume los costos sociales y ambientales de esa riqueza?
Violencia paramilitar: una memoria que no puede borrarse
La relación entre minería y paramilitarismo requiere, sin embargo, rigor. Investigaciones sobre la violencia en Guamocó y el Bajo Cauca han documentado la entrada de estructuras paramilitares de las AUC desde finales de los años noventa y su disputa por territorios mineros. En El Bagre se registró incluso la instalación de estructuras de control paramilitar y operaciones hacia Guamocó, acompañadas de restricciones a la movilidad y agresiones contra la población (Corporación Jurídica Yira Castro, 2023).
Asimismo, organizaciones sociales denunciaron en 2016 graves violaciones cometidas por grupos paramilitares en El Bagre y documentaron hechos ocurridos cerca de una operación de Mineros S.A. custodiada por el Ejército. Estos registros son relevantes como denuncias y testimonios de las comunidades, pero no permiten por sí mismos afirmar complicidad empresarial con grupos armados (AHERAMIGUA, 2016).
La cuestión académicamente relevante es otra ¿cómo pudo consolidarse y reproducirse un modelo de concentración minera y territorial en una región atravesada simultáneamente por desplazamiento, violencia paramilitar, economías ilegales y débil presencia social del Estado? Esta pregunta es mucho más profunda que buscar un único culpable.
¿Paz territorial o administración militar de la crisis?
El Bagre fue incluido entre los municipios PDET creados por el Acuerdo Final de Paz precisamente por la acumulación histórica de pobreza, conflicto armado, economías ilícitas y debilidad institucional. El Pacto Municipal para la Transformación Regional formuló iniciativas relacionadas con reparación de víctimas, protección de comunidades, pedagogías para la paz y fortalecimiento de capacidades locales (ART, 2018).
Sin embargo, 10 años después de la firma del acuerdo de Paz, la persistencia de la violencia demuestra que la transformación territorial sigue siendo insuficiente. Es cierto que existen avances. La ART reporta inversiones importantes en la subregión y proyectos recientes en El Bagre, entre ellos iniciativas productivas y la construcción de una nueva institución educativa mediante Obras por Impuestos.
Pero una escuela, una carretera o un proyecto productivo, por importantes que sean, no sustituyen una transformación estructural, mientras las comunidades continúen expuestas al control armado, mientras la economía local dependa excesivamente de la extracción aurífera y mientras persistan enormes desigualdades en el acceso a tierra, infraestructura, salud, educación, justicia y oportunidades económicas, la paz seguirá siendo frágil.
El problema, entonces, no es solamente la ausencia del Estado. Es la forma diferenciada de su presencia, instituciones que llegan con proyectos puntuales, fuerza pública que llega con capacidad coercitiva, empresas que cuentan con infraestructura y capacidad económica, pero comunidades que todavía deben disputar cotidianamente el derecho a permanecer, producir y decidir sobre su territorio.
Del abandono a la transformación
Las violencias se reciclan porque las causas estructurales permanecen, por eso, El Bagre no necesita únicamente más operaciones militares, necesita una transición urgente hacia una paz territorial integral, capaz de articular seguridad humana, reforma rural, justicia ambiental, protección efectiva de las comunidades, economías campesinas y populares, derechos de los pueblos étnicos y participación real en las decisiones sobre el territorio.
La riqueza aurífera del Bajo Cauca no debería traducirse en pobreza para quienes habitan sobre el oro, mientras las rentas se concentran lejos de las comunidades y los grupos armados disputan lo que queda. El desafío del pos-acuerdo sigue siendo precisamente es, transformar las condiciones que hicieron posible la guerra.
El Bagre no es un territorio condenado a la violencia, es un territorio rico que ha sido históricamente disputado, explotado y empobrecido; y cuya población sigue resistiendo para convertir esa riqueza en vida digna, autonomía y futuro.
La paz territorial es un horizonte estratético que retornará por fuerza de realidad, pero, no será entonces la simple ausencia de combates o el eufemismo de la mano dura experimento ya fracasado y ahora tristemente re editado; será, deberá serlo, el momento en que las comunidades puedan decidir sobre su territorio sin fusiles, sin desplazamientos y sin que la riqueza de la tierra sea, nuevamente, la razón de su despojo.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, integrante REDIPAZ y grupo Autónomo Kavilando
Referencias
Agencia de Renovación del Territorio. (2018). Pacto Municipal para la Transformación Regional de El Bagre, Antioquia. Presidencia de la República de Colombia. https://www.renovacionterritorio.gov.co/central-pdet/subregiones/bajo-cauca-y-nordeste-antioqueno/documentos
AHERAMIGUA. (2016, 4 de marzo). Conflictos entre las FARC y el ELN contra Gaitanistas amenazan a la comunidad de El Bagre. https://www.colectivodeabogados.org/conflictos-entre-las-farc-y-el-eln-contra-gaitanistas-amenazan-a-la-comunidad-de-el-bagre/
Corporación Jurídica Yira Castro. (2023). Minería y conflicto armado: reconstrucción de la memoria histórica de la región de Guamocó desde un enfoque de género. En: https://ediciones.uis.edu.co/index.php/publicacionesuis/catalog/book/505
Defensoría del Pueblo. (2026). Alerta Temprana de Inminencia 020 de 2026: El Bagre, Antioquia. https://x.com/DefensoriaCol/status/2095833089909961138?s=20
Instituto Popular de Capacitación. (2017). ¿Cuál es la deuda socioambiental del Estado colombiano y de grandes empresas como Mineros S.A. con el Bajo Cauca? https://ipc.org.co/agenciadeprensa/cual-es-la-deuda-socio-ambiental-del-estado-colombiano-y-de-grandes-empresas-como-mineros-s-a-con-el-bajo-cauca/
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