Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
La historia reciente de Colombia está marcada por un entramado complejo de relaciones entre empresas, paramilitares, políticos y narcotraficantes, que han tejido una red de corrupción y violencia queha permeado las estructuras del Estado.
El 21 de agosto de 2024, la justicia colombiana condenó a quien fuera la mano derecha del máximo jefe Paramilitar Carlos Castaño, por asesinato de investigadores del Cuerpo Tecnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Se trata de Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, conocido en los expedientes judiciales como el cerebro financiero del paramilitarismo. (Escobar Moreno 2024)
Los miembros del CTI asesinados investigaban el denominado Parqueadero Padilla, oficina en el centro de Medellín que manejaba las finanzas de los paramilitares en Antioquia.
El caso de Jacinto Alberto Soto Toro alias Lucas en el conocido caso llamado Parqueadero Padilla, es un claro ejemplo de cómo estas redes y dinámicas han operado en el país, revelando verdades aún pendientes que afectan el anhelo de paz y los cambios necesarios para construir un futuro más justo.
Soto tiene un largo prontuario, fue designado como jefe financiero de las ACCU en Medellín, lo que implica que tenía un rol clave en la obtención de recursos para la organización, era responsable de las relaciones con empresarios, ganaderos e industriales, quienes aportaban recursos económicos a la organización, así como con autoridades civiles y militares, fue uno de los coordinadores de operaciones, encargado del suministro de hombres, armamento y recursos necesarios para la ejecución de masacres y otros atentados.
Ahora bien, de fondo lo central de este caso y fallo reciente de la justicia colombiana, es la información que devela el caso del Parqueadero Padilla, aquí algunos puntos claves, de esta información:
Alias Lucas es capturado el 30 de abril de 1998, era el jefe financiero de los paramilitares denominados las ACCU, fue capturado en el Parqueadero Padilla en Medellín. Durante esta captura, se encontró información sensible que vinculaba a los financiadores empresas, empresarios, políticos, etc., de la actividad paramilitar ejercida por las ACCU.
El Parqueadero Padilla, en todo el centro de Medellín, era utilizado como un núcleo de operaciones donde se coordinaban actividades criminales, incluyendo la ejecución de homicidios y secuestros selectivos. Se mencionó que los costos de estos "trabajos especiales" eran financiados con los recursos que administraba Soto Toro en Medellín.
Los tres crímenes por los que fue condenado Lucas son el de Manuel Guillermo López Umaña (5 de septiembre de 1997), John Jairo Ruiz (14 de marzo de 1998) y Luis Fernando González (13 de abril de 1998), quienes investigaban los tentáculos del paramilitarismo en Antioquia. Estos asesinatos, y los de otros nueve integrantes de ese cuerpo de investigación, fueron perpetrados en un contexto en el que los paramilitares habían infiltrado la Fuerza Pública, la propia Fiscalía, políticos, y otros sectores de la sociedad.
Dos muestras de la infiltración paramilitar en Medellín durante esos años son los casos del general (r) Mauricio Santoyo, antiguo jefe de seguridad del expresidente Uribe y el ex investigador del CTI Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio. El primero de ellos, tras ser extraditado a los Estados Unidos y aceptar que colaboró con las Auc, hoy es procesado por su presunta participación en el asesinato de Jesús María Valle y la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Monsalve y Ángel Quintero. Todos hechos perpetrados en Medellín. El segundo fue mano derecha de Don Berna y llegó a dirigir esa oficina de cobro que fue creada por Pablo Escobar en los años 80. (Cuestion Pública 2024)
La Conexión Entre el Poder Económico y el Crimen Organizado
Este caso, entre muchos otros, ilustra cómo las organizaciones criminales han logrado infiltrarse en la economía legal. Su responsabilidad en la obtención de recursos de empresarios, ganaderos e industriales, así como su relación con autoridades civiles y militares, pone de manifiesto una complicidad que trasciende lo criminal.
Este fenómeno no es aislado; es parte de un patrón más amplio donde el poder económico se alía con el crimen organizado para mantener el control territorial y político.
La financiación de actividades ilícitas a través de empresas legítimas no solo perpetúa la violencia, sino que también ha erosionado la confianza en las instituciones y lo peor ha naturalizado la alianza entre empresa-criminalidad y política.
La existencia de un "Parqueadero Padilla" como centro de operaciones para la coordinación de homicidios y secuestros es un recordatorio escalofriante de cómo el crimen se normaliza en la vida cotidiana, afectando a comunidades enteras que viven bajo la amenaza constante de la violencia.
La Verdad Aún Pendiente
A pesar de los avances en la búsqueda de justicia, como lo demuestra la captura de Soto Toro y la información sensible encontrada en el Parqueadero Padilla, mucha de la cual ya se perdido, persiste una verdad aún pendiente: la falta de claridad sobre la responsabilidad de los actores políticos y económicos en la violencia sistemática.
La impunidad que rodea a muchos de estos casos alimenta la desconfianza en el sistema judicial y en el Estado mismo además se constituye en el motor del péndulo de la violencia.
La confesión de Diego Fernando Murillo Bejarano, otro exjefe paramilitar, que en ese entonces llegó a ser jefe de la llamada oficina de Envigado, es un actor clave en este entramado, extraditado a los EEUU, revela la existencia de un modus operandi que busca eliminar a aquellos que investigan o se oponen a las actividades de los Paramilitares en Colombia. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas de justicia y paz, y sobre cómo se puede lograr una verdadera reconciliación en un contexto donde las estructuras de poder siguen siendo las mismas.
Impacto en el Anhelo de Paz
La relación entre empresas, paramilitares y narcotraficantes no solo afecta la seguridad y la justicia en Colombia, este se constituye hoy en un crimen que traspasa fronteras y afectando incluso las relaciones y seguridad con países vecinos como Venezuela, Panamá, Ecuador, por ende, tiene un impacto directo en el anhelo de paz del país y de América Latina.
La paz no puede ser solo un acuerdo firmado, debe ser un proceso que implique cambios estructurales en la forma en que se ejerce el poder y se distribuyen los recursos.
La persistencia de estas relaciones corruptas aún hoy dificulta la implementación de políticas efectivas que promuevan el desarrollo y la equidad. Es clave decir que muchos de estos empresarios nacionales e internacionales y políticos aún hoy ocupan cargos de poder y no han sido llamadas por la justicia.
El camino hacia la paz requiere un compromiso genuino por parte del Estado para desmantelar el paramilitarismo, y más allá, estas redes de complicidad y garantizar que los responsables de crímenes de lesa humanidad enfrenten la justicia. Además, es fundamental fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas que permita a la sociedad civil participar activamente en la construcción de un futuro sin violencia.
El caso de Jacinto Alberto Soto Toro y la revelación de la interconexión entre empresas, paramilitares y el Estado son un llamado urgente a la Verdad y la justicia, por ende a la reparación estructural como sociedad.
Solo a través de un esfuerzo conjunto para desmantelar estas estructuras de poder y promover la justicia social se podrá construir un país donde la violencia no sea la norma y donde Colombia y la región puedan aspirar a un futuro mejor. La paz es un anhelo colectivo que requiere cambios profundos y un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia.
*Docente investigador, integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ y el grupo de investigación y editorial Kavilando. www.kavilando.org
Referencias.
Cuestion Pública. #DescargaElFalloAquí I Condenado alias Lucas por el crimen de tres agentes del CTI. 21 de agosto de 2024. https://cuestionpublica.com/descargaelfalloaqui-condenado-alias-lucas-por-el-crimen-de-tres-agentes-del-cti-1/.
Escobar Moreno, David. Condenan a mano derecha de Carlos Castaño por asesinato de investigadores del CTI. 21 de agosto de 2024. https://www.elespectador.com/judicial/condenan-a-alias-lucas-mano-derecha-de-carlos-castano-por-asesinato-de-investigadores-del-parqueadero-padilla-noticias-hoy/.
Insuasty Rodríguez, Alfonso. «¿de qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo?» El Agora USB 17, nº 2 (2017): 338-367.
Valencia Grajales , José Fernando, Juan Jacobo Agudelo Galeano, Alfonos Insuasty Rodríguez, y Hector Alejandro Zuluaga Cometa. Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Medellín, historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (II). Medellín: Kavilando, 2016.
Velancia Grajales, Jose Fernando, Janeth Restrepo Marín, y Alfonso Insuasty Rodríguez. Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I). Medellin: Kavilando, 2016.
Zuluaga Cometa , Hector Alejandro, y Alfonso Insuasty Rodríguez. «Criminalidad – Empresa - Estado. El motor pendular del conflicto.» Ratio Juris, 2020: https://www.redalyc.org/journal/5857/585764837012/585764837012.pdf.
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