Que el "desarrollo" no siga perjudicándonos. Medellín

Linea Territorio y despojo

Por: Kavilando – Redipaz

La comunidad de la 80 (con avenida Colombia), se declaran victimas de un Desarrollo impuesto, en la ciudad más innovadora, Medellín

 

 

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Foto: enviada por líderes en defensa de su territorio, afectados por las obras del intercambio vial de la 80. Medellín. diciembre de 2019

A las 27 familias hoy que siguen resistiendo a las vulneraciones causadas en el Barrio San Luis y Miraflores afectados por el Tranvía de Ayacucho (Rios Fernandez, 2019), las 392 familias vulnerados por la construcción del Metro-Cable Picacho (RCN, 2017), 74 familias afectadas por la construcción de los túneles que conectan hacia el occidente (Mercado, 2018), otro tanto en el Barrio el Naranjal, Bicentenario, Madre Laura, Moravia, personas, familias, comunidades afectadaspor este modelo de desarrollo de la ciudad, se suman, desafortunadamente, los 105 propietarios, sus familias, los comerciantes formales e informales y el medio ambiente, vulnerados por las obras derivadas del intercambio vial de la 80 con San Juan, obra que se inscribe en el contexto del macro-proyecto conexión vial de la 80.

Así lo expresa Julia Pertúz habitante afectada de éste obra:

 

 

 

 

 

Julia se considera una desplazada por el desarrollo, manifiesta que han sido atropellados, vulnerados en sus derechos, expresa claramente que a los gobernantes de Medellín se les olvidó su parte humana.

Daniela Giraldo, vecina de la 80 de igual forma manifiesta ser vulnerada por la obra, expresa los atropellos que sufren, advierten falencias en el Avalúo, fallas técnicas, de fondo y forma, varias de la vivienda no se encuentran dentro los polígonos definidos para la obra, entre las múltiples fallas, advierte además que, como vecinos han perdido la confianza y la credibilidad en el Municipio y sus entidades.

 

 

 

 

LA 80

Ver si su predio será afectado por la obra de la 80: www.vecinosdela80.org

Dora Lucía Correa, expresa que se siente engañada pues la EDU le prometió que ella quedaría en iguales o mejores condiciones, y la verdad, con la oferta real de compra, no lograré hacerme a un nuevo apartamento y menos por este sector, “quiero que las cosas se hagan correctamente.

 

Ante los reclamos de la comunidad viene la amenaza y el uso de la fuerza pública, mas no el diálogo sincero y abierto.

 

 

 

Este nivel de vulneraciones y atropellos no son nuevos, por el contrario, son la constante en el actuar del municipio de Medellín y sus empresas descentralizadas como la EDU, ISVIMED, METRO.

Así los demuestran diversas investigaciones y de manera reciente el informe enviado a la CIDEH sobre estas vulneraciones a los derechos generadas por un Modelo de desarrollo impuesto en Medellín.

Libro:Víctimas del desarrollo en Medellín: Progreso y moradores en disputa.

Informe:Víctimas del desarrollo Medellín. informe entregado a la Relatora Especial DESCA - Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La ejecución de estos proyectos implica para las familias, ser desalojadas y en la mayoría de las oportunidades de manera forzadas.

Se trata de viviendas que han construido durante muchos años, sus barrios, sus entornos y al ser desalojados se afecta gravemente el tejido social, la estabilidad económica de las personas y comunidades, se evidencia la pérdida del trabajo o la calidad de este, en tanto deben destinar tiempo a la defensa de su territorio y de su propiedad.

Se afecta su salud emocional y física, se evidencia en algunos casos, la pérdida del sentido de futuro en tanto la pérdida de todo lo que concebían como vida, sienten, desaparecerá, aumentando así la presión y el sufrimiento de las personas propietarias, tenedoras o poseedoras.

Recientes investigaciones dan cuenta de la afectaciones en un desempeño más bajo en las funciones ejecutivas, específicamente en la parte de flexibilidad mental y planeación, aumentan así mismo, los síntomas de ansiedad, hostilidad, somatizaciones y depresión en las personas que han sido desplazadas en la ciudad por proyectos de desarrollo en Medellín (Insusasty Rodriguez, Mesa Duqe, Valencia Grajales, Barrera , & Osorio Alvarez, 2019).

Se afecta también, la misma institucionalidad, en tanto golpea el ejercicio de la democracia, pues se restringe o anula en sí mismo las dinámicas de participación efectiva consecuencia del carácter impositivo del modelo de desarrollo que no permite una efectiva participación en la proyección, planeación de ciudad, ejecución, implementación, la institucionalidad confunde la socialización de algo dado, con participación efectiva (Borja Bedoya, Barrera Machado, & Insuasty Rodriguez, 2017).

Esto repercute necesariamente en un no-debido proceso, y con ello, el cumplimiento por una lado, de los compromisos internacionales y por ende, de la norma constitucional, que, si bien, de un lado establece la prevalencia del interés general, este, no puede estar por encima de derecho humanos fundamentales, ni ambientales.

También se resaltar como una constante, en los casos estudiados y que anteceden a lo que se reitera en la comunidad afectada por el intercambio vial de la 80:

Tratos humillantes, mentiras, engaños y hasta de amenazas de parte de entidades descentralizadas como el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED, encargada y delegada por el Municipio, de la gestión social en casos de expropiación, de la EDU e incluso, del Metro.

Falta de garantías de un justo pago de los predios, diferencias inusuales en el monto a pagar a unos y otros generando rencillas entre la misma comunidad, resquebrajan lazos de confianza tejidos durante años, y por ende capacidad organizativa.

Por lo general, el pago de la vivienda que se utilizará para el beneficio del proyecto no logra cubrir el precio de una vivienda que permita mantener iguales o mejores condiciones de vida.

Es clara la ausencia de censos estandarizados, claros y ordenados que prioricen grupos de especial protección constitucional.

El pago de la vivienda no se realiza en el mismo momento en que las familias son desalojadas de sus viviendas, incluso, en varios casos, las casas se demolieron, sin todavía pagarse violando incluso lo establecido por la Sentencia C 750/15, donde la Corte estimó que, por regla general, no puede existir una expropiación sin indemnización previa, desembolso que debe ocurrir antes del traspaso del dominio del bien del privado al Estado. Las autoridades expropiadoras tienen la obligación de consultar los intereses de la comunidad y del particular afectado con el fin de cuantificar la indemnización justa.

El derecho a la protesta también se ve menguado, pues cuando las comunidades quieren reclamar sus derechos, Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios realiza represión de las manifestaciones y se registran también amenazas de grupos ilegales.

Las denuncias de las comunidades resaltan una serie de acciones y omisiones estatales en el desarrollo de los desalojos lo que hace que estos tengan el carácter de forzosos.

Pese a que la Corte Constitucional ha establecido unas medidas específicas tendientes a establecer la licitud de estos procedimientos en Colombia, estos siguen ordenándose por la administración desconociendo los requisitos mínimos establecidos por este Alto Tribunal. En sentencia T-239 de 2013, la Corte estableció que: todo procedimiento de desalojo debe respetar las garantías del derecho al debido proceso y contemplar las siguientes medidas:

  1. a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas;
  2. b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo;
  3. c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas;
  4. d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas;
  5. e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo;
  6. f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento;
  7. g) ofrecer recursos jurídicos;

Lamentablemente, las comunidades manifiestan que ninguna de estas medidas se tiene en cuenta a la hora de realizar los desalojos y por el contrario advierten que el uso de la fuerza y las amenazas son los instrumentos más comunes a la hora de realizar los desalojos.

Además, las comunidades, generalmente solo conocen del proceso cuando llega la policía y la maquinaria para derribar los inmuebles. (Insusasty Rodriguez, Mesa Duqe, Valencia Grajales, Barrera , & Osorio Alvarez, 2019)

¿Qué le queda a la comunidad?

El ejercicio de defensa no solo es, ni puede ser jurídico, si bien esta es una ruta, el ejercicio y la presión debe ser política.

Por ello la comunidad debe organizarse, articularse a otros procesos de lucha y resistencia en la ciudad, fortalecer su voz.

Hacer muy visible su problemática, acudir a medios alternativos pues, por lo general los medios masivos desatienden estos reclamos en tanto sus accionistas tienen intereses en el llamado y jugoso negocio de la renovación urbana.

Movilizarse, organizar de manera colectiva acciones directas, artísticas, culturales que ganen en presión política.

Hacer redes de apoyo, con organizaciones defensoras de derechos humanos, grupos de investigación afines a sus reclamos.

Presionar debates públicos, en el concejo, asamblea, congreso.

Formarse permanentemente, con el fin de mejor comprender el por qué ocurre lo que les ocurre, comprender cómo funciona el modelo de ciudad, pelear por sus derechos, el de la comunidad, del medio ambiente y más allá, trazar la ruta para incidir como habitantes de Medellín, en la configuración de otro modelo de ciudad que no genere expulsiones, que sea justo, humano y ecológicamente incluyente.

Referencias

Hector Alejandro, Z. C., Insuasty Rodríguez, A., & Palechor Ordoñez, D. M. (2019). MEDELLÍN Y LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DE LA MISERIA. Ratio Jurís, 14(28), 343-362. doi:10.24142/raju.v14n28a12

Mesa Duqe, N., Insusasty Rodriguez, A., Valencia Grajales, J. F., Barrera , D., & Osorio Alvarez, A. (28 de junio de 2019). Víctimas del desarrollo Medellín. informe entregado a la Relatora Especial DESCA - Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obtenido de Kavilando: https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/7030-victimas-del-desarrollo-medellin-informe-entregado-a-la-relatora-especial-desca-comision-interamericana-de-derechos-humanos

Mercado, D. A. (23 de marzo de 2018). Afectados por túneles, sin puente para resolver líos prediales. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/afectados-por-tuneles-sin-puente-para-resolver-lios-prediales-197032

RCN. (22 de noviembre de 2017). 392 familias serán reubicadas por la construcción del Metrocable Picacho. Obtenido de RCN: https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/392-familias-seran-reubicadas-la-construccion-del-metrocable-picacho

Rios Fernandez, A. F. (26 de junio de 2019). ¿Quién le responde a los afectados por la obra del tranvía de Ayacucho (Medellín)? Obtenido de Las 2 Orillas: https://www.las2orillas.co/quien-le-responde-las-27-familias-del-barrio-san-luis-medellin-que-fueron-afectadas-por-la-obra-del-tranvia-de-ayacucho/

Valencia Grajales, J. F., Mesa Duque , N., Borja Bedoya , E., Insuasty Rodriguez, A., Zuluaga Cometa, H. A., Londoño, D., . . . Pino Franco, Y. (2018). Víctimas del desarrollo en Medellín: Progreso y moradores en disputa. Medellín: Kavilando. Obtenido de https://www.kavilando.org/editorial/51-editorial-conflicto-social-y-paz-2/6762-victimas-del-desarrollo-en-medellin-progreso-y-moradores-en-disputa

Valencia Grajales, J. F., Mesa, N., Londoño Dias, D., & Insuasty Rodriguez, A. (2018). Víctimas de un desarrollo impuesto, Medellín. Kavilando Web, 1-20. Obtenido de https://kavilando.org/lineas-kavilando/territorio-y-despojo/6494-victimas-de-un-desarrollo-impuesto-medellin

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