Palestina desnuda la crisis del orden mundial, mientras el derecho internacional se muestra incapaz de contener la guerra y el genocidio, un suprapoder corporativo, financiero y tecnológico concentra riqueza, información y capacidad de decisión, desbordando a los Estados y amenazando la soberanía y la existencias misma de los pueblos.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
Desde octubre de 2023, Gaza enfrenta una devastación masiva, asesinatos, desplazamiento, hambre y destrucción de infraestructura esencial. En el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó medidas provisionales bajo la Convención contra el Genocidio, aunque aún no ha dictado sentencia definitiva sobre el fondo.
Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Palestina, ha documentado patrones de destrucción, desplazamiento y condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de la población palestina y ha sostenido que existen fundamentos para caracterizar lo ocurrido como genocidio. La Corte Penal Internacional (CPI), por su parte, expidió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluido el uso del hambre como método de guerra.
En este contexto, la presencia de Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas expresa una contradicción profunda entre la norma y el poder, un jefe de gobierno sometido a una orden de arresto de la CPI puede ocupar la tribuna central de una institución creada para preservar la paz y fortalecer el derecho internacional. La escena evidencia la crisis de legitimidad del sistema multilateral y, particularmente, el colapso de la credibilidad de aquellos gobiernos occidentales que proclaman la universalidad de los derechos mientras sostienen alianzas militares, armas y respaldos diplomáticos.
Naciones Unidas conserva aún capacidades fundamentales de denuncia, documentación y acción jurídica pero, el problema es otro, la creciente distancia entre la existencia formal de la norma y su capacidad real para limitar a los poderes militares y geopolíticos dominantes. Como ha advertido António Guterres, el principio de que la fuerza no puede decidir qué vidas, derechos y futuros importan enfrenta una profunda presión.
Cuando la muerte se vuelve algoritmo
Una dimensión particularmente inquietante es la incorporación de inteligencia artificial a la vigilancia, identificación y generación de objetivos militares. Investigaciones periodísticas han documentado el empleo de sistemas como Lavender y The Gospel para procesar grandes volúmenes de información y generar objetivos en Gaza.
El problema trasciende la tecnología, un algoritmo no elimina la responsabilidad humana; puede industrializarla. La automatización de decisiones letales reviste de neutralidad técnica procesos construidos sobre datos, criterios y relaciones de poder definidos por instituciones humanas.
Hablar de “genocidio automatizado” significa, entonces, advertir sobre la transformación de la violencia colonial en un sistema sociotécnico de vigilancia, clasificación y destrucción a escala masiva.
Esta transformación está vinculada al capitalismo tecnológico, Microsoft ha reconocido servicios de nube e inteligencia artificial al ejército israelí; Google participa en el proyecto Nimbus de infraestructura de nube para el Estado israelí, y Palantir ha reconocido una asociación estratégica con el Ministerio de Defensa de Israel. La pregunta se amplía ¿qué cadenas corporativas, financieras, tecnológicas y militares hacen posible que la violencia continúe?
La infancia como territorio de resistencia
La destrucción alcanza de manera brutal a la infancia. UNICEF reportó que, hasta junio de 2026, al menos 21.700 niños habían sido reportados como asesinados en Gaza desde octubre de 2023, además de unos 45.000 heridos.
La destrucción de escuelas, hospitales, viviendas, espacios culturales y vínculos comunitarios no solo produce muerte inmediata: afecta la memoria, la reproducción social y las posibilidades de futuro de un pueblo.
La infancia palestina, sin embargo, no puede reducirse a una cifra. Es sujeto de derechos, memoria y futuro. En medio de las ruinas, sobrevivir constituye también una forma de resistencia y de re-existencia frente a la pretensión de convertir un pueblo en población desplazable, administrable o descartable.
El suprapoder corporativo: hacia un feudalismo global
Detrás de esta crisis emerge una transformación profunda, redes corporativas, financieras, tecnológicas y militares cuya capacidad de decisión desborda crecientemente las fronteras y los mecanismos de control estatal. No se trata de imaginar un gobierno secreto único, sino de reconocer una concentración extraordinaria de riqueza, información, infraestructura tecnológica y capacidad de incidencia política en manos de actores privados.
En este escenario adquiere relevancia la llamada “Ilustración Oscura” (Dark Enlightenment), corriente neorreaccionaria asociada, entre otros, a Nick Land, que cuestiona la democracia liberal, la igualdad política y la soberanía popular. Más allá de sus distintas expresiones, su aparición coincide con una concentración inédita de riqueza y con el creciente poder político de grandes fortunas y corporaciones tecnológicas.
El problema no son únicamente estas ideas, sino la convergencia entre capital financiero, plataformas digitales, inteligencia artificial, empresas militares, sistemas de vigilancia y capacidad de presión sobre los Estados. Cuando quienes controlan datos, comunicaciones, tecnologías e infraestructuras estratégicas pueden condicionar las decisiones públicas, la democracia formal y la estructura básica del Estado permanecen, pero se debilitan sus funciones sociales, de justicia y de equilibrio del poder, reduciendo el espacio real de los pueblos para decidir.
El resultado puede ser leído como un nuevo feudalismo corporativo global, territorios convertidos en zonas de extracción, poblaciones precarizadas, derechos subordinados a la rentabilidad y concentraciones privadas de riqueza y conocimiento con creciente capacidad de operar por encima de los controles democráticos. El ciudadano corre el riesgo de ser reducido a consumidor, trabajador precario, dato o perfil algorítmico.
Lo que está en disputa, por tanto, no es solo la riqueza, son la memoria, la identidad, los territorios, la autonomía, la soberanía y la capacidad colectiva de decidir. Palestina constituye una expresión extrema de esta tensión, pero la misma lógica ya va atravesando territorios del Sur Global donde se disputan minerales estratégicos, agua, biodiversidad, energía, datos y territorios.
Por ello, la respuesta no puede descansar exclusivamente en Estados que han mostrado límites frente a estas concentraciones de poder. Se requieren contrapesos desde los pueblos, organización comunitaria, autonomía territorial, memoria histórica, comunicación propia, soberanía tecnológica, regulación democrática del capital y cooperación internacional entre pueblos.
Hacia otro equilibrio del mundo
Palestina interpela al sistema internacional porque hace visible la distancia entre la universalidad proclamada de los derechos y la selectividad con que se protege la vida humana. La respuesta no puede limitarse a reformar procedimientos, exige disputar la arquitectura de poder que permite que armas, capital y tecnología tengan mayor capacidad de decisión que las sociedades.
Construir otro equilibrio global implica democratizar las instituciones multilaterales, someter al derecho internacional a los poderes militares y corporativos, regular las tecnologías de vigilancia e inteligencia artificial y reafirmar la soberanía de los pueblos.
Cuando una vida puede ser clasificada por un algoritmo, destruida por una bomba, asfixiada por “escudos” y convertida en rentabilidad financiera, la pregunta ya no es solamente quién dispara, sino quién concentra el poder para decidir quién puede vivir.
Frente a ese suprapoder, la respuesta sigue estando en los pueblos, organización, solidaridad, memoria, autonomía, soberanía y lucha por otro equilibrio del mundo.
*docente investigador universidad de San Buenaventura Medellín, parte de REDIPAZ y grupo autónomo Kavilando.
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