Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
De la reacción a la prevención: un Estado que debe conocer el territorio antes de pretender gobernarlo
Colombia necesita abandonar definitivamente una concepción reactiva de la gestión del riesgo. El cambio climático, la recurrencia de eventos extremos y la creciente exposición de comunidades y ecosistemas obligan a construir capacidades permanentes de prevención, adaptación y respuesta territorial.
Pero existe un problema adicional que no puede soslayarse, la falta de continuidad institucional y de un empalme territorial sólido entre gobiernos. El nuevo Gobierno nacional asumió el 7 de agosto de 2026 y, apenas tres días después, el país enfrentó un terremoto de magnitud 7,4, con afectaciones reportadas inicialmente en numerosos departamentos y municipios.
La dimensión de la emergencia puso a prueba, desde sus primeros días, la capacidad del nuevo Ejecutivo para conocer el funcionamiento real del Estado, sus capacidades territoriales, los protocolos existentes, las redes de respuesta y las particularidades de regiones profundamente desiguales. A ello se sumó, casi simultáneamente, el agravamiento de los incendios forestales asociados a las condiciones de El Niño. Para mediados de agosto, Tolima registraba más de 30 incendios y miles de hectáreas afectadas, mientras la UNGRD reportaba 25 incendios activos en el país.
Esta simultaneidad expone una debilidad estructural, un Estado que cambia de administración sin garantizar plenamente la continuidad del conocimiento institucional y territorial queda peligrosamente expuesto a improvisar precisamente cuando menos puede hacerlo.
La gestión del riesgo exige memoria institucional, no basta con nombrar funcionarios, expedir decretos o activar comités cuando ocurre la tragedia. Se requiere conocer previamente quiénes habitan cada territorio, dónde están sus fuentes de agua, cuáles son las vías de acceso, qué comunidades se encuentran aisladas, qué infraestructura es vulnerable, qué organizaciones comunitarias pueden responder y cuáles son las capacidades reales de municipios y departamentos.
En este punto, la improvisación resulta particularmente preocupante. La emergencia no puede convertirse en el momento en que el Estado empieza a conocer el territorio que debe proteger.
Por ello, se requiere fortalecer financiera y técnicamente los cuerpos de bomberos y organismos comunitarios; consolidar sistemas territoriales de alerta temprana; incorporar escenarios climáticos y sísmicos en los instrumentos de ordenamiento; proteger cuencas, bosques, humedales y fuentes de abastecimiento; garantizar la protección de cultivos, animales y medios de vida campesinos; y mejorar la articulación entre Ideam, UNGRD, autoridades ambientales, Fuerza Pública, gobiernos territoriales y organizaciones sociales.
También resulta indispensable garantizar verdaderos procesos de empalme, la información acumulada por una administración no puede desaparecer con el cambio de gobierno. Los mapas de riesgo, protocolos, inventarios, convenios, capacidades logísticas, diagnósticos territoriales y redes comunitarias deben constituir patrimonio institucional del Estado, no información coyuntural de cada administración.
La emergencia por los incendios que permanecen activos en Tolima sigue poniendo en riesgo a comunidades, viviendas, ecosistemas y medios de vida. Por eso, solicitamos reforzar el apoyo del nivel nacional para contener las llamas y evitar que sus impactos continúen extendiéndose.… pic.twitter.com/jDwDbhg8Co
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 23, 2026
Una responsabilidad constitucional y política
La gestión del riesgo no es una actividad secundaria de la administración pública. En un Estado Social de Derecho, prevenir amenazas previsibles y reducir las condiciones de vulnerabilidad constituye una obligación directamente vinculada con la protección de la vida, la integridad y la dignidad humana.
El problema es que Colombia continúa reaccionando frente a emergencias que, en buena medida, pueden anticiparse. El Ideam había advertido sobre el fortalecimiento de El Niño y, el 13 de agosto, señaló una probabilidad superior al 90 % de que persistiera hasta el primer trimestre de 2027 y un 69 % de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre.
La pregunta ya no puede ser si el Estado sabía que venía el riesgo. Lo sabía. La cuestión es qué aún sabiendo de la magnitud no se hizo lo prudentemente necesarios para empalmar y asumir gobierno con responsabilidad real.
La emergencia del Tolima y la respuesta al terremoto del 10 de agosto deberían convertirse en una interpelación política e institucional. Es necesario evaluar qué medidas preventivas funcionaron, cuáles fallaron, qué capacidades territoriales estaban disponibles, qué obstáculos produjo la transición gubernamental y cómo evitar que la improvisación vuelva a convertirse en política pública. La crisis climática y los desastres no esperan los tiempos de la burocracia ni los calendarios electorales.
La comunidad como sujeto de protección y transformación
Frente a estas limitaciones, las comunidades continúan demostrando que poseen capacidades que el Estado no puede ignorar. Campesinos, jóvenes, estudiantes, bomberos, brigadistas, organizaciones sociales y autoridades comunitarias conocen sus territorios, sus ciclos ambientales, sus fuentes de agua, sus caminos y sus vulnerabilidades. Por eso, las comunidades no pueden ser consideradas simples receptoras de asistencia. Son sujetos de derechos, productoras de conocimiento y actores fundamentales de la gestión territorial del riesgo.
La gestión comunitaria debe convertirse en una política pública respaldada con recursos, formación, equipos, sistemas de comunicación y capacidad efectiva de incidencia. No para descargar sobre las comunidades obligaciones que corresponden al Estado, sino para reconocer y fortalecer capacidades existentes.
El saber territorial debe dialogar con el conocimiento científico. La universidad, los institutos técnicos, las autoridades ambientales y las organizaciones populares pueden construir conjuntamente sistemas de prevención mucho más pertinentes que aquellos diseñados exclusivamente desde oficinas centrales. El incendio puede tener un detonante climático o humano, pero sus consecuencias nunca son exclusivamente naturales. Revelan desigualdades territoriales, decisiones políticas, modelos de ocupación del suelo, capacidades institucionales y niveles diferenciados de protección.
Colombia necesita pasar de la cultura de la emergencia a la cultura de la prevención; de la improvisación a la planificación; de la fragmentación institucional a la continuidad del Estado; y del centralismo burocrático al reconocimiento efectivo de las capacidades territoriales.
Y necesita hacerlo con urgencia. Porque cuando un riesgo anunciado encuentra un Estado que no ha preparado sus territorios, la tragedia deja de ser solamente un fenómeno natural, también expresa una falla política. Gobernar implica conocer, prevenir y proteger, y frente a la crisis climática, organizar las capacidades del Estado y de las comunidades para defender la vida es un deber democrático.
*Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellin.
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