Una investigación de CasaMacondo revela conexiones patrimoniales que reabren el debate sobre la relación entre criminalidad, empresa y Estado. Más que un escándalo, plantea preguntas sobre captura del poder, verdad, justicia y democracia.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez. REDIPAZ
Hay documentos que parecen no decir nada. Un certificado de tradición y libertad, por ejemplo, puede parecer una sucesión interminable de números de escritura, fechas, nombres y transacciones inmobiliarias. Sin embargo, cuando esos documentos se organizan, se cruzan y se leen como una secuencia histórica, pueden revelar algo mucho más profundo, las relaciones sociales, económicas y políticas que se esconden detrás de la circulación de la propiedad.
El informe de CasaMacondo, publicado el 8 de agosto de 2026 bajo el título “Abelardo de la Espriella compró, vendió y se endeudó con entornos de paramilitarismo, narcotráfico y lavado de activos”, realiza precisamente ese ejercicio. A partir de certificados de tradición, escrituras públicas y documentos judiciales y fiscales, reconstruye una serie de operaciones inmobiliarias y relaciones empresariales vinculadas, según la investigación, con personas que han sido condenadas, investigadas o mencionadas en expedientes relacionados con paramilitarismo, narcotráfico, lavado de activos y otras estructuras de poder.
El valor político de esta investigación reside en la posibilidad de leerla como parte de una problemática mayor, la relación entre criminalidad, acumulación económica y poder estatal en Colombia.
De la criminalidad organizada a la estructura de poder
Colombia conoce demasiado bien esta historia. Durante décadas, narcotráfico, paramilitarismo, despojo de tierras, contratación, empresas legales, financiación política y captura institucional no funcionaron necesariamente como mundos separados, en distintos territorios, esas dimensiones llegaron a articularse en verdaderas arquitecturas de poder.
Por eso resulta insuficiente comprender la criminalidad únicamente como un fenómeno situado por fuera del Estado y de la economía formal, una parte de las estructuras criminales más poderosas ha sobrevivido precisamente gracias a su capacidad para penetrar mercados legales, adquirir tierras, crear empresas, lavar capitales, establecer relaciones políticas y construir mecanismos de protección institucional.
La categoría criminalidad–empresa–Estado permite aproximarnos a este fenómeno.
No significa afirmar que toda relación comercial con una persona investigada constituya un delito. Tampoco permite establecer responsabilidades penales allí donde no existen decisiones judiciales que las determinen. Significa, más bien, observar críticamente cómo determinados actores, capitales y redes pueden desplazarse entre la ilegalidad y la legalidad, utilizando las instituciones económicas, jurídicas y políticas para reproducirse y consolidarse. La frontera entre lo legal y lo ilegal, en estas circunstancias, deja de ser una línea simple. Puede convertirse en una zona de intersección.
Uno de los elementos más relevantes que aparecen en la investigación de CasaMacondo es la circulación de bienes y capitales entre personas ubicadas en diferentes posiciones dentro de esa trama. El informe documenta, por ejemplo, un préstamo de 600 millones de pesos recibido por De la Espriella en 2010 de Santiago Barón Soto, operación respaldada mediante una hipoteca sobre un inmueble. Posteriormente, la deuda fue reducida documentalmente a 300 millones y finalmente cancelada cuatro meses y medio después. CasaMacondo relaciona al prestamista con investigaciones sobre bienes vinculados al clan Álvarez Meyendorff, asociado al Cartel del Norte del Valle.
El propio informe advierte que los documentos notariales no explican el origen del dinero ni las razones de la modificación de la deuda, esa ausencia no permite convertir automáticamente una operación en delito, pero sí plantea una pregunta fundamental para cualquier sociedad democrática ¿de dónde provienen los capitales que alimentan determinadas trayectorias de acumulación patrimonial y qué mecanismos permiten su incorporación a la economía formal?
La misma lógica aparece en otras operaciones descritas por la investigación. En Becerril, un predio de 178 hectáreas denominado Nueva Jerusalén fue vendido a De la Espriella por Martha Lucía Rodríguez Fuentes, hermana de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como “Comandante Barbie”, condenado por promover la conformación de grupos paramilitares. CasaMacondo reconstruye además la relación de ese predio con una zona marcada por la violencia paramilitar, el despojo de tierras y la explotación carbonífera.
En Montería, la sociedad Cosenza S.A.S. adquirió un apartamento a Carlos Arturo Zapata Agudelo, identificado por un informe de la Fiscalía como suegro de Salvatore Mancuso, la investigación también documenta operaciones inmobiliarias con miembros de la familia Vega Pineda mientras una dependencia de la Fiscalía adelantaba una indagación patrimonial relacionada con lavado de activos.
Una vez más, estos hechos requieren ser tratados con rigor, una transacción inmobiliaria no constituye por sí misma evidencia de participación criminal, pero la acumulación de vínculos merece investigación pública, transparencia y explicación.
La captura corporativa mafiosa del Estado
Aquí aparece una categoría política todavía más profunda, la captura corporativa mafiosa del Estado. La captura del Estado no ocurre únicamente cuando un funcionario recibe un soborno, puede producirse mediante mecanismos mucho más sofisticados, financiación política, contratación, control territorial, apropiación de rentas públicas, influencia empresarial, redes clientelares, presión sobre instituciones, instrumentalización jurídica, control mediático o incorporación de capitales de origen cuestionado a circuitos aparentemente legales.
En su expresión mafiosa, el problema adquiere otra dimensión, no se trata simplemente de individuos corruptos que violan la ley, sino de redes capaces de construir relaciones estables entre actores económicos, políticos, institucionales y criminales, generando condiciones para que intereses particulares se confundan con intereses públicos.
La mafia contemporánea no necesita gobernar desde la clandestinidad. puede hacerlo desde empresas, oficinas jurídicas, juntas directivas, fideicomisos, propiedades, contratos y espacios institucionales.
Ese es precisamente el riesgo que debe ser investigado. El problema democrático no es solamente quién cometió un delito, es también quién acumula poder, cómo lo acumula, con quién establece relaciones y qué capacidad tiene ese poder económico para transformar las decisiones del Estado.
Las escrituras como mapa del poder
La investigación de CasaMacondo tiene una virtud metodológica importante, en lugar de partir exclusivamente de declaraciones políticas, sigue el rastro documental de la propiedad. Las escrituras no hacen discursos, no votan, no participan en debates electorales, registran nombres, fechas, valores, compradores, vendedores, hipotecas, cancelaciones, permutas y transferencias.
Cuando esos registros son cruzados con expedientes judiciales, investigaciones fiscales y reconstrucciones periodísticas, pueden convertirse en un auténtico mapa de relaciones de poder, ese mapa no demuestra por sí solo la comisión de delitos. Pero puede señalar conexiones que requieren investigación. Y precisamente ahí reside una de las funciones fundamentales del periodismo de investigación, hacer preguntas que el poder preferiría mantener dispersas.
Durante décadas, sectores de las élites económicas y políticas han convivido con estructuras de violencia, despojo, narcotráfico y concentración de la tierra; la parapolítica demostró que el poder armado podía convertirse en poder electoral, las investigaciones sobre lavado de activos mostraron cómo capitales ilegales podían penetrar actividades económicas legales. Los procesos de extinción de dominio revelaron la enorme dimensión patrimonial de las economías criminales.
El fenómeno, por tanto, no pertenece a un gobierno ni a un partido. Es una cuestión de estructura de poder. ¿Colombia ha logrado realmente desmontar las condiciones que permiten que capitales asociados a economías criminales se transformen en patrimonio legal, influencia económica y capacidad política? Y la respuesta exige mirar mucho más allá de los titulares.
En este contexto, la exigencia de verdad no es un lujo académico ni una disputa entre sectores políticos. Es una necesidad democrática. Una sociedad no puede construir paz, justicia social ni instituciones legítimas si desconoce quién acumuló la tierra, quién financió determinadas campañas, quién se benefició de la violencia, cómo circularon determinados capitales y qué relaciones existieron entre actores armados, empresarios, políticos y funcionarios.
La verdad debe ser documental, judicial, histórica y social. Por eso resulta fundamental preservar y fortalecer las investigaciones independientes, el periodismo de investigación, los archivos públicos, las organizaciones de víctimas, las universidades y los mecanismos ciudadanos de control. La democracia necesita saber.
Una ciudadanía desinformada es más fácil de gobernar
En tiempos de manipulación digital, propaganda y concentración mediática, también se disputa el derecho ciudadano a informarse. No basta consumir redes, cadenas o discursos oficiales: hay que contrastar fuentes, leer documentos, revisar expedientes, seguir los recursos y relaciones empresariales, diferenciar una denuncia de una sentencia y una investigación periodística de una condena judicial. Informarse es una forma de defensa democrática y una necesidad estratégica para los movimientos sociales y populares.
Organizarse para transformar, la indignación frente a la corrupción no basta. Los movimientos sociales, organizaciones comunitarias, sindicatos, universidades y organizaciones populares necesitan fortalecer sus capacidades de investigación, comunicación y vigilancia ciudadana, construyendo medios alternativos, seguros, rigurosos y autónomos, redes de observación y herramientas de investigación colectiva.
No basta saber quién gobierna: hay que comprender qué intereses atraviesan el poder y qué estructuras permiten su reproducción. Lo que está en juego es impedir que la legalidad se convierta en fachada para reciclar capitales y poderes construidos mediante la violencia.
Por eso necesitamos verdad, justicia, memoria y transformaciones estructurales. El informe de CasaMacondo abre preguntas que deben ser investigadas con rigor. No corresponde anticipar condenas ni sustituir a la justicia, pero tampoco ignorar las conexiones documentadas.
El poder debe ser investigado, especialmente cuando ocupa el Estado.
La sociedad debe estar alerta, informarse, contrastar fuentes, investigar colectivamente, organizarse y exigir respuestas. La corrupción no es solo un problema individual: puede expresar una estructura de poder donde criminalidad, empresa y Estado terminan encontrándose. La lucha contra la corrupción es, entonces, también una lucha por recuperar el Estado de intereses privados, corporativos, clientelares o criminales.
La verdad no es solo saber qué ocurrió: es saber quién se benefició, quién protegió, quién permitió y quién continúa acumulando poder. Y esa verdad solo podrá convertirse en transformación si la sociedad organizada la exige, la investiga y lucha por ella.
Invitamos a leer el informe completo de CasaMacondo:https://casamacondo.co/?srsltid=AfmBOooLg_ed5ZKVY2gqMRJoE7Ew-HLC3GG7MyNVtZCD4ewHjrHKVB-y
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CONTEXTO:
EL ORDEN INSTITUCIONLIZADO DEL MAL. Articulo Revista Ópera Universidad Externado de Colombia: https://revistas.uexternado.edu.co/challenge
