Más de 300 líderes y lideresas de 16 ciudades se reunieron en Medellín en el marco de la Cumbre Nacional Popular ¿La ciudad para quién?, donde el transporte público se consolidó como uno de los ejes centrales del debate sobre el derecho a la ciudad. Las experiencias de Medellín, Bogotá y Cartagena evidencian un patrón común de mercantilización de la movilidad, precarización laboral y deterioro del servicio, lo que convierte al transporte en un campo clave de disputa política por ciudades más justas y democráticas.
La Cumbre Nacional Popular avanza en la construcción de una agenda colectiva por ciudades dignas
Más de trescientos líderes, lideresas, organizaciones sociales, procesos comunitarios y expresiones populares provenientes de más de dieciséis ciudades del país se reunieron recientemente en Medellín en el marco del encuentro nacional preparatorio de la Cumbre Nacional Popular (CUNAP) ¿La ciudad para quién?. El encuentro constituyó un nuevo momento de articulación del movimiento social urbano colombiano y permitió avanzar en la consolidación de una agenda común frente a los principales conflictos que atraviesan las ciudades contemporáneas.
Durante la jornada se socializó el documento "Programa para otra ciudad posible", resultado de un proceso colectivo de sistematización, reflexión e intercambio desarrollado durante más de un año entre organizaciones populares, investigadores, procesos barriales y comunidades urbanas. Este programa recoge diagnósticos, propuestas y horizontes políticos para disputar el actual modelo de ciudad y construir alternativas desde los territorios.
El documento parte de una constatación ampliamente compartida por las organizaciones participantes: las ciudades colombianas experimentan una profunda crisis urbana caracterizada por el déficit habitacional, la precarización laboral, el deterioro ambiental, la privatización del espacio público, la expansión de procesos de expulsión y despojo asociados a grandes proyectos urbanos, el incremento del costo de vida y el debilitamiento progresivo de los mecanismos democráticos de participación ciudadana. Estas problemáticas no aparecen como fenómenos aislados, sino como expresiones de un mismo patrón de desarrollo urbano orientado por la financiarización del suelo, la especulación inmobiliaria y la subordinación de la planificación territorial a intereses privados.
La movilidad como derecho y como expresión del modelo de ciudad
Entre los múltiples debates desarrollados durante el encuentro, uno ocupó un lugar central: el transporte público urbano. La discusión partió de reconocer que la movilidad constituye mucho más que un servicio; es una condición indispensable para el ejercicio efectivo del derecho a la ciudad. La posibilidad de acceder al trabajo, la educación, la salud, la cultura y la vida comunitaria depende, en buena medida, de sistemas de transporte accesibles, seguros, democráticos y socialmente orientados.
Sin embargo, en gran parte del país persisten problemas estructurales que afectan tanto a usuarios como a trabajadores del sector: incremento permanente de las tarifas, deterioro en la calidad del servicio, tercerización laboral, precarización de las condiciones de trabajo, insuficiente accesibilidad para personas con discapacidad, infraestructura deficiente y modelos de gestión que, según organizaciones sindicales y comunitarias, privilegian criterios de rentabilidad económica sobre el derecho colectivo a la movilidad.
Con el propósito de aportar elementos para este debate nacional, durante la Cumbre fueron presentadas diversas experiencias territoriales que evidencian cómo las problemáticas del transporte adquieren expresiones particulares, pero responden a tendencias comunes del modelo urbano colombiano.
1. Medellín: la disputa por el carácter público del Metro
El primer testimonio corresponde a **Vladimir Quintero**, directivo de **Sintrametro Medellín**, quien reflexiona sobre las transformaciones que ha experimentado el sistema Metro durante las últimas décadas.
🎥 Video: https://youtu.be/5iprLjHtnDQ
Desde la perspectiva sindical, Quintero plantea preocupaciones relacionadas con la creciente participación de operadores privados en distintos componentes del sistema, el incremento sostenido de las tarifas, las dificultades de acceso para sectores populares y las tensiones generadas por diversos proyectos urbanos asociados a procesos de renovación de la ciudad. Su intervención invita a discutir hasta qué punto un sistema de transporte masivo debe responder prioritariamente a criterios financieros o consolidarse como un verdadero bien público orientado al bienestar colectivo.
2. Bogotá: precarización laboral y deterioro del servicio en TransMilenio
La segunda experiencia proviene de Bogotá, donde un representante de la **Confederación Nacional del Trabajo (CNT Colombia)** analiza las condiciones laborales existentes en **TransMilenio**.
🎥 Video: https://youtu.be/gjGvNzQSTIY
La entrevista describe un escenario marcado, según el dirigente sindical, por contratos temporales, tercerización, alta rotación del personal, sobrecarga laboral y limitaciones para la organización sindical. Paralelamente, señala que estas condiciones terminan repercutiendo directamente sobre la calidad del servicio ofrecido a millones de usuarios que diariamente enfrentan largas filas, congestión e insuficiencia operativa. Desde esta perspectiva, la precarización del trabajo y el deterioro del servicio aparecen como dos dimensiones inseparables de un mismo modelo de gestión.
3. Cartagena: transporte precario en una ciudad profundamente desigual
La tercera experiencia proviene de Cartagena, donde **Ernesto Carlos Barrios**, conductor de **Transcaribe**, expone las dificultades que enfrentan trabajadores y usuarios del sistema.
🎥 Video: https://youtu.be/By0yLl45UNo
Durante la conversación, Barrios señala problemas asociados a la contratación temporal, el envejecimiento de parte de la flota, las limitaciones de infraestructura vial y el crecimiento paralelo del transporte informal. Desde su lectura, estas condiciones afectan simultáneamente la calidad del servicio, las condiciones laborales y el derecho de la ciudadanía a una movilidad digna, especialmente en los sectores populares de la ciudad.
Tres ciudades, un mismo patrón de desarrollo
Aunque Medellín, Bogotá y Cartagena presentan trayectorias urbanas distintas, las experiencias compartidas durante la Cumbre permiten identificar tendencias comunes.
En primer lugar, aparece la creciente mercantilización de un derecho fundamental como la movilidad. El transporte deja de concebirse exclusivamente como un servicio público para convertirse progresivamente en un espacio de rentabilidad económica.
En segundo lugar, las condiciones laborales de quienes sostienen diariamente estos sistemas evidencian procesos de flexibilización y tercerización que impactan tanto a trabajadores como a usuarios.
Finalmente, las decisiones sobre planificación urbana y transporte suelen adoptarse con escasa participación efectiva de las comunidades, limitando el control ciudadano sobre infraestructuras que afectan directamente la vida cotidiana de millones de personas.
En este sentido, la discusión sobre el transporte trasciende la dimensión técnica. Se convierte en una discusión profundamente política sobre quién planifica la ciudad, para quién se construye y qué intereses orientan las grandes decisiones urbanas.
Hacia otra ciudad posible
La Cumbre Nacional Popular ¿La ciudad para quién? constituye un esfuerzo por articular las múltiples luchas urbanas que hoy recorren Colombia: vivienda digna, defensa del territorio, gestión comunitaria del riesgo, economías populares, justicia ambiental, derecho al espacio público, movilidad, trabajo digno y participación democrática. La socialización del documento "Programa para otra ciudad posible" representa un paso importante en la construcción colectiva de un horizonte político capaz de disputar el modelo urbano dominante y proponer alternativas construidas desde las comunidades organizadas.
Las ciudades no son únicamente escenarios físicos; son territorios donde se disputan derechos, recursos, memorias y proyectos de sociedad. Frente a un modelo urbano que amplios sectores sociales identifican con procesos de especulación, segregación y expulsión, las organizaciones populares proponen fortalecer la articulación nacional de las luchas urbanas, construir mecanismos democráticos de participación y avanzar hacia ciudades donde la vida, el cuidado, el trabajo digno y el bienestar colectivo ocupen el lugar que hoy suele reservarse a la rentabilidad del capital.
Porque la pregunta sigue plenamente vigente y convoca a toda la sociedad: ¿la ciudad para quién?
La respuesta no podrá construirse únicamente desde los despachos técnicos ni desde los mercados inmobiliarios. Solo podrá surgir de la organización popular, del fortalecimiento de los procesos territoriales y de la capacidad colectiva para defender el derecho de los pueblos a habitar ciudades justas, democráticas, ambientalmente sostenibles y construidas para quienes las viven y las hacen posibles todos los días. La ciudad debe ser para la gente, para los barrios, para las comunidades y para quienes sostienen cotidianamente la vida urbana; no para la especulación financiera, la expulsión territorial ni la subordinación de lo público a los intereses del gran capital.
