Firmar la Paz, ¿para acentuar el despojo?

Observatorio K.

Por: Yani Vallejo Duque*, Alfonso Insuasty R**

El acuerdo de Paz firmado entre las Farc-EP y el estado colombiano fue un gran logro sin duda, pero su implementación en esencia no ha atacado las razones de un conflicto de larga duración, generando así las condiciones para el regreso de una guerra que acentúa el despojo, de manera aún más degradada.

 

 

 

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Imagen tomada de: Sputnik

Incumplimiento

Ingresamos al sexto años de la firma del acuerdo de paz entre las Farc-EP y el estado Colombiano.
Se trató de un acuerdo que contenía seis puntos a tratar así:

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral.

2. Participación Política: apertura democrática para construir la paz.

3. Fin del Conflicto.

4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

5. Acuerdo Sobre las Víctimas del Conflicto.

6. Implementación, Verificación y Refrendación. (Farc-EP – Estado Colombiano, 2016)

El cumplimiento en esencia está en ciernes, el punto 1 y 4 no avanza representativamente en esencia siguen y se acentúan tanto la acumulación de tierras, el despojo, las vías terciarias son intransitables, la comercialización de los productos del campo es un problema serio, gracias a los Tratados de Libre Comercio (TLC) se está importando alimentos que se pueden producir en el país (El Heraldo, 2016), la tecnificación, etc., son asuntos que retroceden incluso y que ya ponen en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria en un país con capacidad para producir comida pero que a la par tiene a un 54% de su población en condiciones de inseguridad alimentaria según el reciente informe de la Asociación Banco de Alimentos y la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI) (Caracol Radio, 2022).

Ahora bien, en temas de restitución un proceso previo al acuerdo de Paz entre Farc-EP y el estado Colombiano, se puede evidenciar que, a 10 años de dicha Ley de Restitución de Tierras, hoy se cuenta con el 8.6% de avance y el 65% de solicitudes rechazadas y no se prevé avances significativos (Fundación Forjando Futuros, 2021).

Por el contrario, el actual Gobierno insiste en: 1. demorar la implementación, 2. atacar el proceso de construcción de Verdad y Justicia en lo concreto atacar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 3. Insistir en la militarización, 4. en cambiar el sentido a lo acordado abriendo nuevos debates e interpretaciones como la de aprovechar el punto uno para enfocar una suerte de urbanización del campo asunto no contemplado en el sentido mismo del acuerdo (Torres, 2021), 5. insiste el gobierno en profundizar una economía extractiva altamente lesiva para los territorios, limitando o anulando la participación de las comunidades y afectando el medio ambiente, así mismo insiste en sobre endeudar el país (Valora Analitik, 2022), recortar gasto social, reducir la inversión en el campo, incluso el gasto para la Paz.

De los $350,4 billones del Presupuesto General de la Nación para 2022 se destinan para defensa y policía, $42,6 billones (La República, 2021) y 10.7 billones para la implementación del acuerdo de Paz (Bloomberg, 2021) y lo destinado para el campo, tecnificación, investigación, modernización por el contrario se constituye en el más bajo de los últimos 5 años, nada esperanzador (Contexto Ganadero, 2021).

Otro tanto ocurre con el tema de Solución de drogas de uso ilícito, las comunidades tomaron la iniciativa y con esperanza iniciaron procesos de concertación comunitaria y planeación para incidir en los Planes Nacionales para la Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS), algunas comunidades avanzaron hacia la erradicación manual, pero ante el lento avance de los proyectos alternativos, las demoras, la incertidumbre, la inoperancia de los proyectos que se lograron concretar y el regreso de la política de fuerza, la criminalización, la persecución y una creciente presencia de grupos armados haciendo presencia en las zonas presionando la siembre de la hoja de coca, pues todo se vino a menos, el laberinto se fortaleció, así las comunidades fueron quedando nuevamente atrapadas en la sin salida, viendo el cultivo como única forma de subsistencia aún y su voluntad para avanzar con esperanza en esta ruta que el acuerdo de Paz trazaba.

Si no avanza el punto uno, menos el punto 4, en tanto están interconectado, los proyectos alternativos tienen que ver con un campo tecnificado, moderno, mejores vías de comunicación, mayor inversión, entre otras.

De las 99.097 familias vinculadas al programa, 74.366 han recibido pagos de seguridad alimentaria, 61.769 han recibido servicios de asistencia técnica y solo 1.792 cuentan con proyectos productivos en implementación, es decir, menos del 2%. La gente se entusiasmó mucho y al principio les cumplieron juiciosos con los pagos para que erradicaran las matas. Pero los proyectos de ciclo medio y largo se demoraron o nunca llegaron entonces ya hay familias que llevan tres años esperando y nada que les llega nada. “Es un fracaso del programa de sustitución”, dice Juan Carlos Quintero, líder campesino de la región del Catatumbo. (Semana Rural, 2021)

El tema de Verdad ha avanzado, aún y los constantes ataques del actual Gobierno y su partido de extrema de recha el Centro Democrático, tal vez temen que declaraciones como las que hace poco emitió el exgobernador de Cordoba y ex director de Federación de Ganaderos de Córdoba Benito Osorio condenado a 19 años de prisión en 2015, por aliarse con paramilitares para apropiarse de tierras, cuyos verdaderos dueños resultaron desplazados
Según declaró Osorio, Lafaurie en 2005 se reunió con Mancuso. Relató que le dijeron que el empresario iba de parte del Gobierno, específicamente de parte de Sabas Pretelt de la Vega, quien entonces era ministro del Interior. El encuentro entre Lafaurie y Mancuso, supuestamente, tuvo como finalidad convencer al exjefe paramilitar de que financiara la campaña del exfiscal Iguarán, pues sería mucho más benéfico para las autodefensas durante el proceso desmovilización y sanción bajo la Ley de Justicia y Paz (El Espectador, 29.01.2022).

Reconfirma este importante testimonio una alianza Criminalidad-Empresa-Estado que ha capturado las instituciones del Estado realizando toda una re-ingeniería institucional a su beneficio particular, un entramado que hoy pervive con gran poder institucional y han declarado la implementación del acuerdo de Paz su enemigo.

El regreso inevitable de la guerra territorial

Por un lado, El modelo económico no fue tocado en este acuerdo de Paz y parece estar pasando la cuenta de cobro.
Por otro, el acuerdo de Paz se redujo a la reincorporación siendo uno de los más de 500 puntos de implementación, todo un andamiaje que buscaba mitigar las causas del conflicto armado, centrando su mirada en políticas de reincorporación que también va mal.

Lo anterior sumado a que las causas sociales que dieron origen al conflicto armado y expresadas en el acuerdo de paz, al no ser atendidas terminan generando un caldo de cultivo propicio para el rápido retorno de la guerra por el control y captura de los territorios estratégicos ricos en agua, capacidad productiva para los agro-negocios a gran escala como la Palma, Teca, Caucho, entre ellos los cultivos de uso ilícito, minería y ganadería extensiva, adjunto los territorios necesarios para la construcción de la infraestructura necesaria para el transporte de estos recursos a gran escala y el ingreso de insumos, tecnología y mercancías; carreteras de última generación, puertos como el de Buenaventura, Puerto Antioquia, Pisisí, entre otras.

Es el mismo entramado de negocios usando el mismo modelo criminal basado en el despojo violento para el control y anclaje de negocios lucrativos en territorios estratégicos y disponibles como la zona Pacífico, Putumayo, el Pie de Monte Llanero, la larga zona fronteriza con Venezuela.

En este contexto se recrudece un conflicto armado con una complejidad particular en materia de actores.

Estas es otra lógica de violencia, se trata de grupos dispersos, sin unidad nacional férrea, grupos muy anclados a las economías criminales (narcotráfico y minería) con una fuerte lógica paramilitar (Insuasty Rodríguez, ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo?, 2017), con lazos y vasos comunicantes con la fuerza pública y poderes institucionales locales/nacionales, con fuertes alianzas visibles-invisibles con políticos y empresarios. Lo ideológico es desbordado por los negocios y flujo de capital ilegal, diferente será el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que aún hoy mantienen una cohesión nacional de mando, una lucha definida ideológicamente y un crecimiento de copamiento constante en los territorios así la guerra será contra el Estado en el caso del ELN, contra los grupos emergentes, entre los grupos emergentes, entre los diferentes grupos que actúan de manera territorial y autónoma bajo en nombre de Farc, las Autodefensas Gaitanistas, grupos Urbanos, etc.

La periferalización de la guerra en Colombia

Esta fase en crecimiento del conflicto armado por un lado nos trae no uno, sino múltiples conflictos armados como lo asegura el Comité Internacional de la Cruz Roja, dando cuenta de la multiplicación de grupos y la disputa territorial armada hoy a 2022 han explotado otros como el del departamento de Arauca (CICR, 2018).

Indepaz presenta en uno de sus informes este mapa que da cuenta del recrudecimiento de los conflictos armados en diferentes territorios. Hoy podríamos decir que en el centro del país incrementan la acciones de la Policía Militarizada para la contención de las protestas sociales y la presencia de estructuras urbanas ancladas al microtráfico y control de las economías ilegales y en casos como Medellín, también legales: combos, bandas, etc., y en las zonas periféricas del país se desarrolla toda una guerra por el control y la implementación de mega-negocios.

Esta disputa territorial va dejando sus profundas heridas: Han sido asesinados 1270 líderes (as), 299 firmantes del acuerdo de paz, 179 masacres entre enero de 2020 y noviembre de 2021, comunidades de 115 municipios han sido víctimas sistemáticas de estas agresiones y de violencia armada, 500 organizaciones sociales han sido víctimas de amenazas que impactan a por lo menos 4.000 líderes y lideresas (Indepaz, 2021).

El mapa que da cuenta de las regiones donde más impacta la lógica de la guerra dan cuenta de esta periferalización del conflicto armado.

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Mapa tomado de: Indepaz (Indepaz, 2021)

Vale recordar que estas zonas en especial la zona pacífica cuentan con una gran carga mineral muy necesaria para hacer frente a los pedidos internacionales de las empresas que transitan hacía energías llamadas limpias, contradictorio pero así es, son además zonas ricas en agua, capacidad productiva para la agroindustria y ganadería extensiva, entre otros atractivos (Insuasty Rodríguez, 2020).

En el caso de la región Amazónica, Putumayo, el Representante a la Cámara de Colombia Juan Carlos Losada advierte de esta confluencia nefasta entre Criminalidad-Empresa-Estado tras el caos aparente generado en estas regiones ricas en recursos, la disputa por la tierra, el acaparamiento y los daños ambientales aupados por el mismo estado, no cumplir el acuerdo y permitir el regreso de la guerra beneficia a las mismas familias y grupos económicos (Lozada, 2021).

Igual ocurre en Arauca, Santander, Norte de Santander.

Guerra en Arauca y el Pacífico

Estas son regiones ricas en recursos naturales, hidrocarburos, agua.

Mapa: Ubicación del Departamento de Arauca (Colombia)
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Tomado de Wikipedia

Arauca es, además, una zona fronteriza estratégica con la hermana república bolivariana de Venezuela.

Así mismo, es una región con una fuerte historia y capacidad organizativa popular, la Cooperativa agrícola del Sarare, la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena -ECAAAS ESP- empresa comunitaria que hace posible la garantía del derecho fundamental al agua y al saneamiento básico en el municipio de Saravena, la Fundación de Derechos Humanos Joél Sierra, entre otras organizaciones que dan cuenta del fuerte tejido social y popular construido en la región.

Se trata de todo un entramado organizativo y popular que les han permitido defender el territorio de una política extractiva que empobrece y destruye el medio ambiente, defender la vida, sus formas de producción.

En este sentido Sonia López lideresa comunitaria y representante de la Fundación de derechos Humanos Joel Sierra, manifiesta:

Así, en el día a día se siguen materializando y fortaleciendo los proyectos en defensa de la salud como es la red pública hospitalaria, la medicina ancestral y tradicional, la educación pública y de calidad en los diversos niveles; el fortalecimiento de la producción campesina, por lo que se sigue insistiendo en la agro industrialización, se le apuesta a la terminación de la planta procesadora de plátano, leche, agro insumos, y al fortalecimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios para la producción agroecológica de alimentos, cuidado del agua y el entorno natural. Además, se apuesta por la prestación de servicios públicos a través de empresas comunitarias como ECAAAS ESP, EMCOAFOR, ECADES, entre otras (Colombia Informa, 2022).

Asegura además que, la comunidad organizada le sigue apostando a la Paz asumida como el respeto pleno de los derechos, siendo el Plan de Vida comunitario la propuesta concreta de una Paz que se traduce en condiciones reales para la permanencia y defensa del territorio en condiciones de dignidad.

Bernardo Arguello un reconocido líder comunitaria, afirma en entrevista concedida a Radio Kavilando, reconoce que fueron las mismas comunidades quienes se organizaron y decidieron erradicar incluso, los cultivos de uso ilícito como una decisión autónoma en tanto venía afectando el tejido social construido, cambiando sus valores y cultura, destruyendo el futuro de los jóvenes vendiendo la idea del dinero fácil, del divertimento, el lujo, el consumo, la prostitución, etc. (Radio Kavilando, 2015)

Ya en los años 80 y 90 Arauca fue un fortín cocalero, lo que trajo una bonanza, pero al mismo tiempo una descomposición social enorme, llegó la militarización, las fumigaciones y se facilitó el camino para la expropiación territorial con el ingreso de capital extranjero y también hizo su presencia el paramilitarismo repelido por la alianza entre las Farc y el ELN en ese entonces.

Es así que el tejido social popular y étnico decide erradicar todo cultivo de uso ilícito generando sus propias alternativas productivas, un tema que el gobierno no fue capaz de asumir, un proceso exitoso logrado desde las comunidades mismas que muy poco se ha profundizado, difundido, comunicado.

Una capacidad de decisión que les ha permitido defenderse de intereses externos y salvaguardar los proyectos comunitarios, el Plan de Vida.

Esta capacidad de decisión y poner condiciones en el territorio, les ha costado diversas olas de violencia contra el pueblo, diversos actores legales e ilegales que disputan el territorio con el fin de hacerse a sus recursos, controlar los servicios públicos, el agua, profundizar proyectos extractivos, regresar con los cultivos de uso ilícito, entre otros intereses. En este orden, el gobierno y el paramilitarismo han hecho lo propio.

desde el 2002 hasta la fecha contamos por lo menos 353 compañeros judicializados y/o encarcelados, en promedio 18 dirigentes, líderes comunitarios y defensores de DDHH por año. A esto se suma las consecuencias del conflicto armado que durante el 2021 dejó por lo menos 150 asesinatos selectivos, personas retenidas y otras heridas, afectaciones a los bienes civiles, entre otras. (Colombia Informa, 2022)

Por otro lado, las empresas petroleras Oxidental Petroleum (OXI) y La Mannesmann fueron haciendo presencia en la zona hace más de 40 años en la zona con proyectos de expansión, cuentan con todo el apoyo del Estado, aumentando la presencia de la Fuerza Pública al servicio de estas empresas, arreciando la contradicción entre Estado y Comunidad quienes han logrado avanzar hacia la construcción de Planes de Vida Territorial.

Hoy, luego de la firma del Acuerdo de Paz, esta zona coincide con las llamadas Zonas estratégicas de intervención integral o zonas futuro (L Cruz, 2020), es la continuidad del plan Colombia y las llamadas en el pasado, Zonas de Consolidación (Vallejo Duque, Insuasty Rodríguez, & Varelas Suarez, 2008), toda una estrategia de control territorial para el anclaje al mercado global.

Se trata de una guerra contra el pueblo, contra su capacidad organizativa. Una guerra que se re-edita, se recicla e insiste en regresar a reclamar lo que no les pertenece.

2022 – Regresa la guerra.

En los primeros días del mes de enero de 2022, se conoció del enfrentamiento entre la insurgencia del ELN y lo que se conoce como las disidencias de las Farc denominadas Frente 10 y 28, en zonas rurales de 4 municipios del Departamento de Arauca en Colombia (Tame, Fortul, Arauquita y Saravena).

Vale decir que, las disidencias son grupos que no se adhirieron a la Firma del Acuerdo de Paz -2016- o que se re-movilizaron y que se siguen auto-denominándose Farc. Son varias expresiones territoriales de este tipo, muchas de las cuales están desconectadas entre sí.

Se conoce de por lo menos 37 homicidios y desplazamientos de varias familias por temor a los enfrentamientos, además de algunos confinamientos y restricciones a la movilidad. También se han presentado combates en el estado Apure en Venezuela, pero sin mucha información precisa. (OCHA, 2022)

En esta confrontación cabe recordar la frase célebre de Hiram Johnson en 1917: “La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad”. En este momento se necesita con urgencia más información de los pobladores de los lugares donde está la confrontación para trata de entender en realidad que provoco de nuevo esta guerra tan compleja y sangrienta.

Porque cada actor aporta solo su justificación y descalifica la del contrario, dice el ELN que las disidencias trabajan con el gobierno colombiano y utilizan a mercenarios norteamericanos para atacarlos, lo propio hacen las disidencias que califican de aliados del gobierno al ELN y a otra facción conocida como la segunda Marquetalia; el gobierno Bolivariano guarda un silencio prudente, pero llama a esta confrontación como estrategia del gobierno del Colombia para desestabilizar la frontera metiendo en un mismo saco a tirios y troyanos.

Por último, el gobierno colombiano de manera novedosa a lo único que apela es al envío de batallones a la zona, reafirmando que el estado en Colombia solo existe cuando hay batallones movilizándose.

De manera bestial, las disidencias de las Farc atacaron en medio de una ciudad extremadamente militarizada, con un carro bomba. En sus comunicados manifiestan haber atacado a quienes ellos consideran aliados del ELN, es decir, población civil, una lógica propia del paramilitarismo (Insuasty Rodríguez, ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo?, 2017); esta acción dejó un muerto y 20 personas heridas, claramente no había allí ninguno combatiente violando los DDHH el DIH de manera flagrante. (El Espectador, 19.01.2022).

Llama la atención sus comunicados escuetos y aparentemente bajo el formato de libreto, además que el medio de propaganda del gobierno de turno llamado Revista Semana, sea el mismo al cual las disidencias que se autodenominan Farc, le den entrevistas en extenso.

Le siguió a esta acción, una fuerte militarización, persecución por parte del Estado, criminalización etc.

¿Qué está en realidad en juego?, en la región se erradicó, por parte de la comunidad, los cultivos de coca, por el contrario, el tejido comunitario hoy ha logrado avanzar hacia una economía para la vida, despensa alimentaria como lo expresa Jonathan Camargo líder, integrante del medio Alternativo de la Región Trochando Sin Fronteras.

Aunque las razones sean múltiples, lo cierto es que un Departamento tan rico en recursos naturales tiene unas ilógicas cifras de pobreza, desempleo y corrupción, que a lo mejor sean la verdadera razón de los conflictos que se suscitan en estos momentos. (El Espectador, 5.01.2022).

Sin embargo, se debe estar alerta porque cuando empieza un conflicto armado en una región de Colombia por lo regular lo siguiente son viejas y nuevas empresas casi siempre extranjeras invirtiendo en grandes negocios de extracción, vieja táctica utilizada y que les ha funcionado con la complicidad de los gobiernos de turno.

Guerra en el pacífico

Mapa: Zona Pacífico Colombia
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Tomado de: Sites Google

Otro tanto ocurre en la región pacífica, una guerra por el control territorial que afecta directamente el tejido social y comunitario existente, sobre todo pueblos indígenas y negros que habitan esta región.

Una zona rica en recursos naturales, rica en Cobre uno de los minerales codiciados en la llamada transición energética, el oro, entre otros minerales de gran valor.

La siembra de la Palma de aceite, caucho, teca, coca, agroindustria a gran escala (Insuasty Rodríguez, El Pacífico entre fuegos, 2020).

La alianza de grupos con lógica paramilitar (Insuasty Rodríguez, ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo?, 2017) como las Autodefensas Gaitanistas (AGC) con el Ejército han sido denunciadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Comisión Intereclesial Justicia y Paz, 2019) en diferentes momentos.

En esta región sobre todo en el Chocó, rio San Juan y Calima, se desarrolla una guerra entre la Guerrilla del ELN y las AGC y el Ejercito. En otras zonas hacen presencia grupos que se asumen como Disidencias de las Farc.

Es el reciclaje de un conflicto armado que nunca se fue aupada por una implementación de un importante acuerdo de paz al que el Estado, el actual gobierno ha atacado, dejándola sin la fuerza suficiente para atacar las causas del conflicto armado, razón para la cual fue creada y firmada.

Se trata de una guerra reciclada que beneficia a una perversa alianza criminalidad-empresa-estado que ha cooptado las instituciones del Estado transformándola en su bastión y fortín que sostiene sus privilegios y garantiza la impunidad.

¿Qué nos queda?

Resulta de suma importancia entonces llegar a la conclusión más evidente, es perentorio acelerar la Implementar el Acuerdo de Paz en cada uno de sus puntos acordados; ya que los mismos anclados a los planes de desarrollo de los gobiernos llevarían a la solución de los problemas más complejos del país como el narcotráfico, la tenencia de la tierra y la representación política de los firmantes del acuerdo.

Este gobierno desde la campaña presidencial afirmaba que haría trizas los acuerdos y es a lo que se dedicó durante sus casi cuatro años, lo más grave fue la des-financiación de las instituciones creadas, además de un ataque frontal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la misma comisión de la verdad.

Esto claramente ha derivado en más violencia en las regiones donde se presentaron las desmovilizaciones, asesinato de reincorporados, crecimiento de las disidencias y pérdida de confianza en la implementación de los acuerdos en la ciudadanía en general, que lleva a asimilar a los firmantes del acuerdo como las mismas disidencias, afectando no solo la imagen sino generando miedo y dispersión de las familias que tratan de reintegrarse.

Resulta fundamental retomar la mesa de diálogo con el ELN, una salida negociada y abrir la puerta a procesos de sometimiento con los otros grupos.

Vela resaltar una frase muy mencionada en los diálogos con el ELN y es que tiene que metérsele pueblo a la paz, las grandes mayorías del pueblo colombiano deben saber que el principal motor de una sociedad es la ausencia de conflicto armado, sin este es posible evidenciar los grandes males que afectan a la sociedad que no pasan solo por la guerra, son más indiscutibles y hacen más daño los gobiernos guerreristas que con la excusa de la seguridad ocultan los niveles de pobreza extrema de millones de colombianos además de la quiebra de la industria nacional y la deuda externa que cada vez crece sin un control real.

Es fundamental adicional a lo anterior continuar insistiendo en la implementación de una Cultura de Paz en cada uno de los rincones del país, el gobierno habla de legalidad, pero brilla por escándalos de corrupción y nepotismo; lo que hace que solo sea un discurso demagógico, cambiar esta realidad pasa por una aplicación de justicia, pero también por lo cultural, lo relacional, lo simbólico.

Es fundamental que cada uno de los colombianos entendamos que existen otras formas de resolver todo tipo de conflictos y que lograr una cultura de paz hace más fácil la implementación de los acuerdos, porque no son beneficios para reincorporados, sino la forma de terminar un conflicto armado interno que llevaba más de cinco décadas, que hoy se recicla y transforma.

Referencias.

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Zuluaga Cometa, H. A., & Insuasty Rodríguez , A. (2018). Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia. Revista Copala, Año 3(5), 139-159. Obtenido de https://app.box.com/s/oh2a8m3en1m8fcemqk2av4nhlfsufmaf

Notas:

*Abogado, especialista en derecho penal, defensor público e investigador Grupo Autónomo Kavilando. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

**Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, Red Interuniversitaria por la Paz, Grupo Autónomo Kavilando. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Tomado de : https://desinformemonos.org/firmar-la-paz-para-acentuar-el-despojo/

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