Por: Alfonso Insuasty Rodríguz* / El reciente documento emitido por la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en abril de 2026, titulado "Para la superación del narcotráfico", no solo es una hoja de ruta para el debate nacional en Colombia, sino una denuncia frontal contra el uso del prohibicionismo como arma de control imperial.
En Colombia y ahora en toda Nuestra América, el narcotráfico, los cárteles, se ha configurado más que un fenómeno criminal, un dispositivo geopolítico.
El debate sobre el narcotráfico en Colombia ha sido históricamente capturado por una narrativa hegemónica que lo reduce a un problema de criminalidad, invisibilizando su dimensión estructural y geopolítica.
Entre la intervención estadounidense y las economías de guerra, emergen propuestas que reclaman soberanía, transformación social y una salida distinta desde los territorios.
El ELN en abril de 2026 emitió un documento sobre este flagelo de las drogas de uso ilítico, el texto es tajante al señalar que el narcotráfico se viene usando como una "herramienta perfecta" para desvirtuar el carácter político de la insurgencia y encubrir una guerra contrainsurgente que favorece la dominación de Estados Unidos.
Esta postura se alinea con la realidad denunciada por diversos sectores, la "guerra contra las drogas" ha sido el caballo de Troya para que agencias como la DEA, la CIA y el FBI ejerzan un control territorial y político sobre las naciones de "Nuestr-américa".
En el contexto actual, esta agresión se manifiesta en la doctrina de seguridad estadounidense que busca consolidar una "Gran América del Norte", impugnando las alianzas del Sur Global y reforzando estructuras como el Comando del Hemisferio Occidental (WHC), es la excusa perfecta para ampliar la presencia militar en la región, ampliar sus bases e imponer sus intereses.
Para el ELN, el narcotráfico en Colombia es una "decisión política del Estado" que ha creado una "narco República", donde el negocio financia el terrorismo de Estado y el genocidio político.
El Precedente de Arauca, es fundamental recordar que la política del ELN de erradicar los cultivos de uso ilícito mediante la participación comunitaria tiene antecedentes históricos.
En departamentos como Arauca, la organización impulsó en su momento una política de "cero cultivos" que demostró ser eficaz para limpiar el territorio del negocio mafioso.
No obstante, este éxito generó choques violentos con sectores del Ejército, paramilitares y, recientemente, con las llamadas disidencias, que operan bajo una lógica puramente mercantilista y de control paramilitar, evidenciando que al sistema no le interesa un territorio libre de coca, sino un territorio bajo su control militar.
La política real de la organización insurgente, reitera la prohíbción taxativamente la vinculación con cualquier fase de la cadena del narcotráfico (cultivos, laboratorios o rutas). Su única relación admitida es el cobro de un "impuesto" a los compradores que transitan por sus áreas de control, similar a la tributación sobre cualquier otra actividad económica en sus territorios, han asegurado y lo han reiterado.
El ELN ha planteado de manera reiterada la creación de una comisión internacional, independiente y con rigor científico, orientada a verificar sus presuntos vínculos con el narcotráfico, propuesta dirigida tanto al gobierno colombiano como a instancias internacionales, incluyendo escenarios con participación de organismos multilaterales y, de forma indirecta, interlocución con Estados Unidos en tanto actor central de la política global antidrogas.
Esta iniciativa lanzada en el 2020 buscaba reposicionar el debate sobre el narcotráfico en términos estructurales y geopolíticos, cuestionando el enfoque prohibicionista dominante.
Según reportes periodísticos, el propio gobierno de Gustavo Petro manifestó su disposición a aceptar dicha comisión, siempre que sus conclusiones fueran independientes y remitidas a instancias como Naciones Unidas, lo que evidenció tanto la centralidad del tema en la agenda de negociación como la disputa por la legitimidad internacional del proceso
Los Puntos Clave de la Propuesta de 2026
Frente al fracaso de las fumigaciones con glifosato y la erradicación forzada, el ELN plantea una salida estructural basada en cinco pilares:
-Legalización de Sustancias Psicoactivas: Para eliminar las ganancias extraordinarias que alimentan la violencia y son la razón de ser del negocio.
-Tratamiento de Salud Pública: Los consumidores deben ser atendidos como enfermos, por el Estado, no perseguidos como criminales.
-Soberanía Alimentaria y Sustitución: Garantizar a los campesinos planes financiados de producción de alimentos o materias primas para resolver su subsistencia sin recurrir a lo ilícito.
-Concertación Comunitaria: La sustitución debe ser manual, acordada con las comunidades e integral, incluyendo inversión en salud, educación, vialidad y electrificación.
-Prevención y Educación: Priorizar el acompañamiento a la juventud sobre la política represiva.
La propuesta del ELN tiene por objetivo romper la simbiosis entre el narcotráfico y el Estado, desafiando el régimen mundial de prohibición que solo ha servido para justificar el despojo de tierras y la intervención militar extranjera.
El reto para un Acuerdo Nacional en Colombia es reconocer que la paz no solo pasa por el silencio de los fusiles, sino por la recuperación de la soberanía sobre el territorio y la vida, arrebatándoselos tanto a las mafias como al intervencionismo de Washington.
Más allá de la posición específica del ELN, lo cierto es que existe un amplio consenso crítico en torno al fracaso de la “guerra contra las drogas”, tanto en Colombia como en América Latina.
Diversos estudios han demostrado que esta estrategia no solo ha sido ineficaz para reducir la producción o el consumo, sino que ha contribuido a la militarización de los territorios, al fortalecimiento de actores armados ilegales y a la reproducción de economías ilícitas.
Como señala la Comisión Global de Políticas de Drogas, la prohibición ha generado “consecuencias devastadoras para individuos y sociedades”, sin lograr los objetivos declarados de control del narcotráfico.
En Colombia, esta política se ha materializado en programas como el Plan Colombia, que consolidó una profunda articulación entre seguridad, política antidrogas e intervención estadounidense, además que está relacionada con el aumento de violaciones a los derechos humanos, paramilitarismo, entre otras.
Investigaciones del Washington Office on Latin America han documentado cómo estas estrategias priorizaron la erradicación forzada y la fumigación aérea, especialmente con glifosato, afectando gravemente a comunidades campesinas, sin alterar de manera sustantiva las cadenas globales del narcotráfico.
Autores como Raúl Zibechi y David Barrios experto de la UNAM-México, han planteado que el narcotráfico opera como una economía de guerra funcional al capitalismo contemporáneo, en tanto permite la circulación de capitales, el control territorial y la intervención sobre regiones estratégicas ricas en recursos naturales. En este sentido, la lucha antidrogas se convierte en una herramienta para justificar la presencia militar extranjera y disciplinar territorios periféricos.
Organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito han reconocido la necesidad de enfoques integrales que incluyan desarrollo rural, derechos humanos y participación comunitaria.
Estudios de Mejía y Rico (2021) sostienen que el narcotráfico constituye no solo una economía ilegal, sino un componente estructural de la economía política colombiana. En este sentido, un estudio del Universidad de los Andes estima que los ingresos derivados de esta economía ilícita pueden superar el 4 % del PIB nacional, lo que da cuenta de su profunda inserción en los circuitos formales e informales de acumulación.
Este dato permite problematizar la narrativa que reduce el fenómeno a actores armados periféricos, ocultando el papel central de infraestructuras estratégicas como los puertos, donde lejos del imaginario de rutas precarias, el tráfico se realiza principalmente a través de contenedores y cadenas logísticas globales.
En consecuencia, persisten interrogantes estructurales sobre los verdaderos beneficiarios y facilitadores del negocio, incluyendo la posible incidencia de agencias internacionales como la DEA, cuyo rol ha sido ampliamente cuestionado en América Latina por su selectividad en la persecución de actores y rutas.
Asimismo, procesos judiciales como el que involucra al extinto DAS conocido además de su nefasto papel en el asesinato de lideres sociales, sindicales, políticos, la agresión a países vecinos como Venezuela, se le llamó “el cartél de las tres letras” evidencian vínculos históricos entre estructuras estatales y dinámicas ilegales, reforzando la hipótesis de una economía política del narcotráfico atravesada por relaciones de poder transnacionales.
A ello se suman factores como el uso de paraísos fiscales, la intermediación del sistema financiero internacional y el tráfico global de armas, documentado en informes como Ríos de hierro, que configuran un entramado complejo aún parcialmente oculto.
Sin embargo, el núcleo del debate trasciende lo técnico.
En el fondo, se trata de una disputa por la soberanía sobre los territorios y las economías. Mientras la política antidrogas dominante continúa privilegiando la represión y la militarización, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes siguen atrapadas en una economía que no controlan, pero de la cual dependen para sobrevivir.
La experiencia colombiana evidencia que la erradicación forzada, sin alternativas reales, solo desplaza los cultivos y profundiza la precariedad. Por el contrario, los pocos avances sostenibles han estado ligados a procesos de sustitución voluntaria, inversión social y organización comunitaria, aunque estos han sido sistemáticamente debilitados o incumplidos por el Estado.
Desde esta perspectiva, el narcotráfico aparece como un síntoma y no la causa de problemas más profundos como la desigualdad estructural, la concentración de la tierra, la falta de alternativas económicas y la inserción subordinada de América Latina en la economía global. Pretender resolverlo exclusivamente mediante la coerción es, en palabras de múltiples analistas, una forma de administrar el conflicto, no de superarlo.
Así, la discusión abierta por el documento del ELN, más allá de sus implicaciones políticas, interpela un problema central para Colombia y la región ¿es posible una política de drogas soberana, orientada por las necesidades de los pueblos y no por los intereses geopolíticos de las potencias?
Responder a esta pregunta implica reconocer que la paz, si ha de ser real y duradera, no puede construirse sobre economías de guerra ni sobre modelos impuestos desde fuera. Requiere, por el contrario, transformar las condiciones materiales que sostienen el narcotráfico y recuperar el control democrático sobre los territorios.
En última instancia, el desafío no es solo desmontar el negocio ilícito, sino descolonizar la política antidrogas, abrir paso a un nuevo paradigma centrado en la vida digna y afirmar, desde Nuestramérica, que la soberanía no es negociable.
*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, integrante de REDIPAZ y grupo autónomo Kavilando.
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