La graduación póstuma de Carmenza Landazábal Rosas no es solo un acto simbólico: es memoria insurgente frente al genocidio político en Colombia. Su vida y desaparición interpelan la impunidad y reafirman que la lucha por verdad y justicia sigue abierta.
Carmenza Vive: memoria insurgente contra el genocidio político en Colombia
La historia de Carmenza Landazábal Rosas no es un episodio aislado ni una tragedia individual, es parte constitutiva del entramado de violencia estatal y paraestatal que marcó a Colombia en los años ochenta, cuando la doctrina del “enemigo interno” legitimó la persecución sistemática contra estudiantes, sindicalistas, campesinos y militantes populares. Su vida, militancia y desaparición forzada condensan el drama del genocidio político y, al mismo tiempo, la potencia ética de una generación que apostó por la transformación radical del país.
Estudiante de Trabajo Social en la Universidad Industrial de Santander (UIS) y militante del Frente Estudiantil Revolucionario – Sin Permiso (FER-SP), vinculado al proyecto político A Luchar, Carmenza encarnó una praxis coherente entre pensamiento crítico y acción popular. No limitó su compromiso a las aulas: participó en la creación del Centro de Estudios de Trabajo Social (CETRAS), impulsó procesos de alfabetización en barrios populares de Bucaramanga y acompañó luchas campesinas articuladas a la ANUC. Su militancia no fue abstracta; fue territorial, pedagógica y organizativa.
En un país donde el pensamiento crítico fue criminalizado, su activismo fue objeto de estigmatización institucional. Su expediente académico da cuenta de una tensión reveladora: el reconocimiento de su liderazgo y, al mismo tiempo, la descalificación de su militancia como “incompatible” con el ejercicio profesional.
Esa mirada no era neutra; respondía a una época en la que la universidad pública fue intervenida ideológicamente bajo la lógica de seguridad nacional. En 1986, en medio de amenazas y persecución, Carmenza se vio obligada a abandonar sus estudios, dejando pendiente una asignatura que terminó siendo utilizada como argumento formal para su expulsión académica.
El 17 de octubre de 1988 fue desaparecida forzadamente junto a Oswaldo Enrique Gómez. Su caso se inscribe en una política de exterminio dirigida contra el movimiento estudiantil y popular del nororiente colombiano, en un momento de expansión paramilitar y connivencia estatal. No fue un “exceso” ni una “desviación”; fue parte de una estrategia de disciplinamiento social destinada a desarticular proyectos alternativos de país.
Desde entonces, su familia ha sostenido una lucha persistente por la verdad y la justicia. El proceso judicial, iniciado formalmente décadas después, ha transitado los laberintos de una institucionalidad marcada por la dilación y la impunidad estructural frente a los crímenes de lesa humanidad. Esta lentitud no es meramente burocrática: expresa la dificultad del Estado colombiano para confrontar su propia responsabilidad histórica.
En marzo de 2025, la UIS otorgó a Carmenza su título póstumo. El acto, conquistado tras años de movilización de familiares, organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes, constituye una reparación simbólica necesaria pero insuficiente. Es un gesto que dignifica su memoria, pero también evidencia que la justicia plena sigue pendiente. Graduarla es reconocer que nunca debió ser expulsada, que su militancia no era delito y que la universidad también fue escenario de violencia política.
La memoria de Carmenza interpela el presente. Colombia continúa enfrentando asesinatos de líderes sociales, criminalización de la protesta y persistencia de estructuras paramilitares. El pasado no ha sido superado; se reconfigura. Por ello, su historia no pertenece solo a la década de los ochenta: dialoga con las luchas actuales por una paz con justicia social y transformaciones reales.
Recordar a Carmenza no es un ejercicio nostálgico. Es un acto político. Significa confrontar el negacionismo, disputar el relato oficial que reduce el genocidio político a “hechos aislados” y afirmar que la democracia colombiana se edificó sobre silencios forzados. Su vida demuestra que la universidad pública puede ser semillero de conciencia crítica y organización popular; su desaparición revela hasta dónde llegó la violencia para intentar sofocar esa posibilidad.
En tiempos donde se habla de reconciliación, la memoria exige claridad: no puede haber paz sin verdad, no puede haber reconciliación sin justicia, no puede haber futuro sin reconocimiento de las responsabilidades históricas del Estado y de las estructuras que promovieron el exterminio.
Carmenza Landazábal Rosas no es solo nombre en una placa ni título enmarcado. Es símbolo de una generación que creyó y practicó la solidaridad, la educación popular y la organización como caminos hacia la dignidad colectiva. Su legado nos recuerda que la lucha por la vida digna no es delito, que la militancia social no es crimen y que la memoria es una forma de resistencia.
Por eso, frente a la impunidad persistente y al intento de clausurar el pasado, la consigna sigue siendo vigente y necesaria:
Ni perdón para el olvido, ni olvido para la injusticia.
Carmenza vive en la memoria rebelde de los pueblos.
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