Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* Desinformemonos // El Estallido Social colombiano (2019–2021) reveló la crisis estructural del modelo neoliberal y la violencia estatal contra la protesta. La creación reciente de una Comisión de Expertos ad hoc representa un avance logrado por la presión de las víctimas, pero abre nuevos retos, límites y sinsabores en la lucha por verdad, justicia y no repetición.
El Estallido Social colombiano, desplegado con especial intensidad entre 2019 y 2021, no fue un fenómeno coyuntural ni una explosión espontánea de malestar. Constituyó la expresión masiva de una crisis estructural del modelo político, económico y social, marcada por desigualdades históricas, precarización de la vida y exclusión sistemática, profundizadas por décadas de políticas neoliberales funcionales al gran capital y a élites con alta capacidad de captura del Estado .
Como señala José Benito Garzón, líder social e integrante del comité de impulso de la campaña “La justicia es la verdad en acción”, lo ocurrido debe leerse desde el derecho fundamental a la protesta:
“Quienes salieron a las calles a reclamar sus derechos fueron brutalmente reprimidos por la fuerza pública, en muchos lugares en coordinación con civiles, y lo que ha permanecido es la impunidad”
Frente a esta realidad, víctimas y familiares han construido procesos autónomos de organización y memoria, entendiendo que verdad, justicia y reparación no son concesiones estatales, sino derechos integrales que deben exigirse colectivamente.
Estallido Social e impunidad estructural
El llamdo estallido social, evidenció un patrón reiterado de violencia estatal, organismos internacionales coincidieron en que no se trató de excesos aislados, sino de una estrategia planificada de control social, orientada a disciplinar políticamente a sectores juveniles, empobrecidos y racializados (ONU Derechos Humanos, 2021; HRW, 2021).
Garzón advierte que esta violencia tuvo un carácter selectivo y ejemplarizante, “La manera como la fuerza pública concibe a quien protesta es la del ‘vándalo’, al que hay que domesticar, castigar y ejemplarizar para que los demás no salgan a ejercer su derecho”.
Esta lógica punitiva convierte el uso de la fuerza en un mecanismo ordinario de gobierno, no en una respuesta excepcional al desorden público (Temblores ONG & Indepaz, 2021).
Ante el paso del tiempo, el ensordecedor ruido de la impunidad y la desidia institucional, organizaciones de víctimas y sobrevivientes construyeron una base de datos colectiva, fruto de procesos autónomos de documentación. Garzón subraya tres advertencias clave, existe subregistro, las cifras son incompletas y cada número encierra una tragedia humana:
“El dato siempre es frío, pero detrás de cada cifra hay una persona, una familia, una vida atravesada por impactos físicos, psicosociales y emocionales. Morirse sin que haya justicia es vergonzoso para cualquier sociedad”.
Según este consolidado, entre 2019 y 2021 se registran 2.679 personas victimizadas, entre ellas:
171 personas asesinadas por acción directa o en coordinación con civiles de la fuerza pública.
Más de 1.600 detenciones arbitrarias, casi todas acompañadas de tratos crueles e inhumanos.
Cerca de 700 tentativas de homicidio, incluyendo mutilaciones oculares, que no pueden relativizarse como “accidentes”.
Un dato especialmente revelador es que, de manera aproximada, el 96 % de las agresiones fueron cometidas por la Policía, en sus distintos componentes, lo que compromete directamente la responsabilidad estatal y paraestatal.
La Comisión de la Verdad del Estallido: una exigencia desde abajo
Desde procesos como el Tribunal Popular de Siloé (Cali), las víctimas recomendaron la creación de una Comisión de la Verdad del Estallido Social, el propio presidente Gustavo Petro asumió públicamente este compromiso el 10 de mayo y lo reiteró el 17 de junio de 2024. Sin embargo, la iniciativa no surgió del Estado, sino de la articulación social:
“Esta no es una iniciativa del Gobierno. Nos juntamos organizaciones y dijimos: ¿qué podemos hacer para que cese la impunidad?” (Garzón, 2025).
La campaña “La justicia es la verdad en acción”, impulsada desde febrero de 2024, ha desarrollado acciones de incidencia sin financiación estatal ni recursos estables, sostenida con escasos recursos, pero sobre todo con gran compromiso y la energía de las víctimas y familiares de las víctimas, aliados, cercanos, redes solidarias.
Del compromiso político al Comité de Expertos ad hoc
Ante la presión social y múltiples acciones jurídicas, derechos de petición, tutelas e incidentes de desacato, el Ejecutivo por fin respondió con hechos, pero, optó por crear un Comité de Expertos ad hoc, formalizado mediante el Decreto 1190 del 12 de noviembre de 2025.
Este Decreto tiene un doble objetivo, por un lado, modificar el Decreto 003 de 2021, el llamado Estatuto de “Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica” y crear el Comité de Expertos ad hoc.
Esta medida respondió, además, a una orden expresa de la Corte Suprema de Justicia, que exigió al Estado colombiano establecer mecanismos eficaces para enfrentar el uso desproporcionado de la fuerza pública y las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la protesta social. El propio Gobierno reconoció déficits graves en la documentación integral de los hechos y en la rendición de cuentas de las autoridades civiles.
El “Comité de expertos” es concebido como un mecanismo extrajudicial, transitorio e independiente, encargado de analizar patrones de violencia estatal, contextualizar las movilizaciones y evaluar avances en procesos disciplinarios y penales.
Sus resultados, dice la resolución, se plasmarían en informes y recomendaciones dirigidas al presidente de la República y a la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías, con una posterior estrategia pedagógica de divulgación pública.
Para las víctimas organizadas, el debate no es semántico, “No es un problema de nombres. Comisión o comité es lo de menos. El problema es el propósito, la metodología, el alcance, los tiempos y los resultados esperados”.
Aunque el Comité representa un avance frente a la negación absoluta, mantiene límites estructurales, carece de facultades para establecer responsabilidades de mando, sus recomendaciones no son vinculantes y no recoge plenamente la voz de las familias y sobrevivientes.
Alcances, límites y disputa por la memoria
Uno de los debates centrales es el alcance temporal y político del mecanismo, la propuesta gubernamental que abre la ventana desde 1999 (creación del ESMAD), lo cual resulta relevante, pero insuficiente si se restringe solo a la Policía.
No se pueden dejar por fuera a alcaldes, gobernadores, ministros y presidentes, además empresarios e incluso civiles que dieron la orden o permitieron que esto ocurriera, así como a autoridades judiciales cuya actuación ha sido omisiva o cómplice.
A esto se suma la invisibilización mediática, que priva a la sociedad de conocer lo ocurrido. Para Garzón, el problema central no es que las víctimas no sepan la verdad “Las familias saben qué pasó. Quienes dispararon, torturaron y dieron la orden saben qué pasó. El problema es que la sociedad no lo sabe” y que la justicia no ha actuado en consecuencia.
Verdad, justicia y dignidad: una disputa latinoamericana
La exigencia de verdad y justicia del Estallido Social colombiano se inscribe en una lucha más amplia en América Latina contra la criminalización de la protesta y la normalización de la violencia estatal. No se trata solo de cerrar heridas del pasado, sino de transformar las causas estructurales que siguen vigentes.
Si bien en el actual gobierno de Gustavo Petro, se han cambiado algunos indicadores en términos de algunos avances sociales, el problema sigue siendo de fondo, estructural.
La verdad no es una dádiva del poder, es sin duda, una conquista colectiva y aunque se logran avances aún falta lograr la garantía de Verdad-Justicia-Reparación y sobre todo NO Repetición.
El Comité de Expertos ad hoc puede ser un punto de apoyo, pero no sustituye una Comisión de la Verdad con capacidad real de transformación institucional.
Sin verdad, una sociedad es inviable, sin justicia, la democracia es una ficción.
Hoy, desde Colombia y para toda Nuestra América, la exigencia sigue siendo la misma, rodear a las víctimas, disputar la memoria y afirmar que Nunca Más la protesta social puede pagarse con sangre, silencio e impunidad.
Mayor Contexto:
- «¡NUNCA MÁS SILENCIO! La deuda de verdad y justicia que Colombia le debe a sus jóvenes». Entrevista a José Benito Garzón defensor de derechos humanos y equipo de impulso campaña “La Justicia es la Verdad en Acción” Colombia. Ver: https://youtu.be/RY5lOUrB1x8?si=-MBBsFqKwN6miTE-
- ¿Genocidio Juvenil en Colombia?: 169 Vidas Arrebatadas. Lucha Incansable por Verdad y Justicia. Sara Vásquez integrante del Tribunal Popular en Siloé y Ciudad en Movimiento nos cuenta de esta lucha por Verdad y Dignidad. https://youtu.be/jBKlV9WNbvs?si=z57Dsb17yB5WDFUW
- Libro: Colombia: Entre la rebeldía y la esperanza. Reflexiones en torno a la Movilización Social 28 abril de 2021. Leer, acceso abierto: https://kavilando.org/editorial/52-editorial-luchas-sociales-y-populares/8845-colombia-entre-la-rebeldia-y-la-esperanza-reflexiones-en-torno-a-la-movilizacion-social-28-abril-de-2021
Referencias
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2021). Observaciones y recomendaciones tras la visita de trabajo a Colombia. https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp
Garzón, J. B. (octubre de 2025). «¡NUNCA MÁS SILENCIO! La deuda de verdad y justicia que Colombia le debe a sus jóvenes». Obtenido de Entrevsita Grupo Kavilando – : https://www.youtube.com/watch?v=RY5lOUrB1x8&t=608s
Human Rights Watch. (2021). Colombia: eventos durante el Paro Nacional. https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/colombia
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DH). (2021). Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia.
Temblores ONG & Indepaz. (2021). Violencia policial en el marco del Paro Nacional.
Presidencia de la República de Colombia. (2025). Decreto 1190 del 12 de noviembre de 2025: Por el cual se adicionan unos artículos al Decreto 003 de 2021, referente a la creación y funciones del Comité de Expertos Ad Hoc para el derecho a la protesta social.
Zibechi, R., Vallejo Duque, Y., Insuasty Rodriguez, A., Felipe, M., Villa Holguin, E., & Montoya, J. (2021). Colombia: Entre la rebeldía y la esperanza. Reflexiones en torno a la Movilización Social 28 abril de 2021. Medellín: Kavilando.
Tomado de: https://desinformemonos.org/verdad-en-disputa-entre-avances-parciales-e-impunidad-persistente/
