Mercado de Carbono en Colombia: Impactos, Desafíos y Regulación desde una Perspectiva Territorial

Audiencia Mercado de carbono en Colombia
Impactos, desafíos y regulación desde una perspectiva territorial

Intervención pública
Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea

El 20 de abril de 2022, a través de la Contraloría General de la República, allegamos al Ministerio de Ambiente, una serie de preguntas para responder en audiencia pública en la ciudad de Ibagué a las comunidades campesinas de Galilea (Tolima), acerca del rol de la institución y del Estado en el seguimiento a un proyecto REDD+ hasta ahora desconocido que, sin embargo había surgido desde el 2018 en medio de tensiones sobre nuestro territorio, sin encontrar cuatro años después, doliente en el departamento del Tolima y el país que, con transparencia nos explique lo que ese proyecto se propuso y ¿qué tiene que ver con las vidas campesinas y la conservación de Galilea?.

Para el 2023 la Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea junto a distintos lideres y lideresas en el territorio e investigadores de universidades y algunas organizaciones amigas habiendo desarrollado un camino de indagación autónomo que arrebató a pedazos durante más de 4 años información que NO ha sido abierta NI pública sobre nuestro principal ecosistema en el oriente del Tolima y sobre nuestras mismas tierras de ocupación histórica campesinas marcada por la violencia y que han transitado a la formalidad del negocio privado en tiempos de paz, allegamos al mismo Ministerio de Ambiente, a la Dirección de Cambio Climático  y su equipo de Salvaguardas Sociales y Ambientales, un documento síntesis de Hechos que se ponen en conocimiento sobre el Proyecto de Compensación de Emisiones Conservación del Bosque Galilea-Amé con el interés particular de lograr un seguimiento y una investigación real sobre los impactos y los responsables de las vulneraciones al derecho a la información y la participación, a los derechos territoriales y su relación con las salvaguardas REDD+ en Colombia que no han resultado ser garantía del respeto a las comunidades campesinas.

Hoy casi un año después, con importantes antecedentes del debate, de denuncias públicas sobre el mercado voluntario de carbono, una sentencia de la corte constitucional que señala serias afectaciones con la implementación de REDD+, a la libre determinación, a la autonomía y el autogobierno, a la identidad e integridad física y cultural, el derecho a la tierra, el territorio y sus recursos, así como al consentimiento libre, previo e informado; en suma, el Acto Legislativo Número 1 de 2023, por medio del cual se reconoce al Campesinado como Sujeto de Especial Protección Constitucional y finalmente, un proyecto en borrador que se propone una reglamentación a estos bonos de carbono caliente -que promueven la especulación sobre la tierra, que están siendo detonantes de otras formas de acaparamiento, y que profundizan como en nuestro contexto el despojo- sentimos y observamos que el Estado continua fallando a las comunidades campesinas.

Ahí desde nuestro territorio un profundo reclamo e insistencia de atención ante la profundización de los conflictos socio territoriales que trajo REDD+ en tierras con mucha ausencia de estado, pero también en tierras de alto interés de conservación ambiental, hoy un Parque natural Regional donde más allá de establecerse “todos los mecanismos de gobernanza” se consolida el negocio privado y mercantilización de la naturaleza, el carbono y la biodiversidad, mientras las realidades de un municipio como Villarrica declarado hace más de 10 años en zona de riesgo, sin malla catastral, con 219 escrituras en Galilea con sobre avalúos astronómicos y con el privilegio de mínimos impuestos al municipio, donde al mismo tiempo ellos generan bonos de carbono desde 2018, es una realidad que camina paralelamente, sin que exista autoridad local, regional y nacional que se detenga en analizar el flujo de intereses y coincidencias que amenazan nuestra permanencia.

Entonces de nuevo en una audiencia pública, hoy en el Congreso, se hace necesario insistir que, el mercado voluntario de carbono en Colombia y en particular los proyectos REDD+ a pesar de la aparente intención de mitigar la deforestación que entre otras razones han conducido a la crisis climática, su implementación en Colombia, avanza a pasos de opacidad por miles y millones de hectáreas concesionadas en medio de todas las irregularidades que dejan en duda la confianza pública en sus resultados al generar conflictos socioecológicos, territoriales que violan los derechos de diversas comunidades étnicas y campesinas que habitamos y cuidamos los bosques.

Hoy contamos con información que hace evidente, que la contabilidad de estos proyectos es deficiente. No es claro el control en la aplicación de metodologías para sus estimaciones. Son ausentes los estándares en materia de derechos. Es deficiente e irregular la información pública y transparencia de los documentos y particularmente de las ganancias. Ha sido precaria, vulnerada y tergiversada la participación de las comunidades en las decisiones que nos afectan, de modo que, no reconocemos una trazabilidad sobre los verdaderos beneficiarios finales de este mercado.

Numerosos estudios vienen demostrado que los proyectos REDD+ inflan la cantidad de emisiones evitadas mediante metodologías poco rigurosas, generando así créditos de carbono que no representan reducciones reales. Así mismo, son múltiples las denuncias de proyectos que alcanzan sus resultados climáticos, a costa de la violación de derechos de las comunidades. El caso de Galilea es solo uno de ellos donde no conocemos socialización alguna ni de los dueños del proyecto: una fundación sin ánimo de lucro y una universidad pública; ni se han conocido a la fecha en el territorio, los intermediarios: desarrolladores, validadores y certificadores, que han modificado sus roles extrañamente en el paso del tiempo y que se han valido de acusaciones que hemos puesto en conocimiento, sin que hasta ahora hayan sido esclarecidas, afectan la integridad, la tranquilidad y la paz en el territorio.

Bajo este escenario, hay razones de peso en las comunidades presentes, para expresar que el mercado del carbono en Colombia que ha comprometido seriamente nuestros bosques y selvas, se ha convertido en un mecanismo perverso en múltiples sentidos:

Se han evidenciado conflictos de interés con los auditores.
Se utilizan organizaciones sin ánimo de lucro con fines indebidos.
Se implementan estrategias para evadir impuestos.
Sus dueños han sido exfuncionarios públicos con acceso a información privilegiada.
Múltiples proyectos se lucran gracias a inversiones públicas en áreas de conservación.
Empresarios están influyendo en la toma de decisiones e incidiendo políticamente sobre territorios colectivos.
A través de herramientas del derecho privado, se han apropiado de los bonos de carbono de bosques que no les pertenecen.
Contratos en inglés y mandatos privados que parecen a perpetuidad con resguardos indígenas; falta de información y de trazabilidad en los Certificados de Reducción de Emisiones (CRE).
Ausencia de una entidad independiente, pública y robusta, con competencias suficientes para auditar y sancionar estos proyectos ha permitido la proliferación de prácticas abusivas, metodologías amañadas, auditorías a distancia, y la aprobación de proyectos que no cumplen con estándares ambientales ni sociales adecuados.
Los mecanismos neoliberales de autorregulación que reposan en otros actores privados supuestamente independientes (OVV) han fracasado.
Los resguardos se desdibujan en una perspectiva de empresas privadas que resuelven sus conflictos en tribunales de arbitramento.
Los bosques de las comunidades campesinas y de la nación están siendo simple mercancías apropiables por privados o despojadas por otros medios como es ya costumbre en Colombia.

En este sentido, diversas organizaciones que hemos hecho contrapeso a esta propuesta neoliberal y en especial desde la organización campesina que representamos, reiteramos la preocupación en que, hasta ahora las decisiones tomadas y proyectadas por el gobierno, que algunos argumentan deben sobre todo “garantizar los derechos adquiridos” para las empresas, terminarán legitimando el despojo sofisticado en territorios colectivos y públicos, en Parques Naturales, Resguardos Indígenas y territorios campesinos, con o sin título, que hemos conservado durante generaciones.

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