Junto a los generales también fueron imputados otros 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes. Asimismo, se imputó a dos terceros civiles que hacían parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de sumas de dinero, a los militares para que las asesinaran.
El Catatumbo sigue siendo un epicentro de disputa territorial y control militar. ¿Qué intereses se juegan en esta región? ¿Cómo impactan en las comunidades? Hablamos con Alfonso Insuasty, investigador de la Universidad de San Buenaventura, sobre el trasfondo de esta crisis.
Cada vez más colombianos participan como mercenarios en guerras y operaciones encubiertas en el mundo. ¿Qué implica para un país ser exportador de violencia? Un fenómeno que plantea serias amenazas.
El ELN cuestiona la “Paz Total” del gobierno Petro, señalando un enfoque militarista centrado en el sometimiento, que desestima soluciones políticas integrales. La organización reafirma su apuesta por una paz basada en transformaciones estructurales y en la participación activa de la sociedad.
En esta entrevista, publicada y difundida por CNN, Antonio García, jefe del ELN, analiza la escalada de violencia en el Catatumbo, la crisis del proceso de paz y la disputa con las disidencias de las FARC. Sus declaraciones evidencian las tensiones, los intereses en juego y la incertidumbre del conflicto. Además, reitera la necesidad de una paz participativa y con transformaciones estructurales.
La versión oficial que reduce el conflicto en esta región al narcotráfico, oculta de fondo, redes entre grupos armados, fuerzas de seguridad, élites, clanes políticos e intereses geopolíticos que perpetúan la violencia y niegan el reconocimiento de comunidades históricamente abandonadas.
A pesar de todo lo alcanzado en su gobierno, varios de estos avances han encontrado en la práctica dificultades de distintos órdenes para concretarse, y en tiempos recientes las vulneraciones a los derechos de colombianas y colombianos han vuelto a alcanzar niveles preocupantes, como se mostrará a continuación. Es hora de construir un futuro participativo y justo, donde los derechos humanos sean prioridad.
La ratificación de la condena contra Santiago Uribe Vélez por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia constituye uno de los hitos más significativos en la historia reciente de la justicia colombiana.
Mientras los colombianos se preparan para elegir entre la tendencia conservadora representada en De la Espriella y la tendencia de izquierda representada en Cepeda, los analistas afirman que la segunda vuelta pondrá a prueba las visiones contrapuestas sobre la seguridad, la reforma social y el futuro político de la región.
Según los analistas, las predicciones sobre el inminente colapso del gobierno cubano pasan por alto las profundas reservas de "dignidad histórica" y "resiliencia nacional" de la isla, forjadas a lo largo de décadas.
