El PNIS avanza, pero sería de mayor impacto si contara con la decidida voluntad del actual gobierno. Colombia

Ponencia de Antioquia para la audiencia pública PNIS en Bogotá, 10 de diciembre de 2016.

Hasta el momento, en Antioquia y a pesar de las dificultades, tenemos a 12 municipios donde el PNIS ya había empezado con el desarrollo de la ruta metodológica acordada para el programa.

Estos doce municipios se encuentran en distintas fases de desarrollo de acuerdo con la aludida ruta metodológica. En ese orden de ideas, tenemos a los llamados municipios priorizados: Briceño que inicio como piloto nacional, Anorí, Cáceres y Tarazá.

Estos cuatro municipios cuentan con acuerdos colectivos, inscripciones y pagos en diferentes etapas.

En ellos se ha comenzado o está en proceso de contratación la asistencia técnica y en Briceño, en las 11 veredas, ya se entregaron los recursos completos de asistencia alimentaria y los correspondientes al millón 800.

En acuerdos colectivos y con preinscripción tenemos a 3 municipios: Valdivia, Campamento e Ituango.

Y con socializaciones, algunas preinscripciones y a la espera de la firma del acuerdo colectivo tenemos a 6 municipios: Yarumal, El Bagre, Nechí y el cañón de Santa María: compuesto por los municipios de Toledo, Sabana Larga y unas familias de San Andrés de Cuerquía

En cuanto a los recolectores, solo los de las 11 veredas del municipio de Briceño, aunque con dificultades, ya se encuentran efectivamente en contratación y aun faltando la mitad de ellos.

En números, para Antioquia tenemos lo siguiente: 11453 mil familias vinculadas al programa con acuerdos colectivos, que pueden incrementarse a más de 16 mil familias si se tiene en cuenta a los municipios donde ya se han hecho acuerdos colectivos pero que no tienen pagos y este número se incrementaría aún más si se les cumple a los municipios donde ya llegó el programa pero no se ha firmado acuerdo colectivo.

Las familias con pagos son alrededor de 7 mil, y de estás tenemos más de 1500 familias en inconsistencias con los pagos bloqueados por diferentes razones. Esto, sin contar con 1158 familias que están a la espera del primer pago que se había suspendido debido a cuestiones de orden público, amenazas al programa y la preocupante situación de Hidroituango.

Estas 7 mil familias, faltando aún algunas verificaciones que sumarían más hectáreas, han levantado una 3700 hectáreas de coca según la UNODC.

En suma, tenemos casi en su totalidad, el cumplimiento por parte de los campesinos y toda su voluntad de avanzar. Por el contrario, no podemos decir aún que se ha sustituido, pues no hay ningún proyecto productivo concreto derivado del PNIS que le esté dando el sustento real a los campesinos.

Claro está, el PNIS presenta una serie de dificultades que no son inherentes al programa, sino que corresponden a las falencias en la implementación del mismo por parte del Estado, solo por mencionar algunas tenemos las siguientes:

• La persistente descoordinación con las demás entidades del Estado, como ART, ADR, ANT, la fuerza pública y otros programas. Aunque se ha avanzado un poco en generar coordinaciones con algunas de ellas, estás siguen siendo apenas un comienzo, cosa que en el caso del acceso y formalización de la tierra, se está convirtiendo en una grave talanquera para el éxito del programa, pues debido a esto, los campesinos suspendidos por no tener un documento de vinculación con un predio serán numerosos, cosa que compete solucionar al Estado y no a los campesinos sin tierra.
• Aunque tenemos que reconocer que la fuerza pública ha sido comprensiva en algunos municipios en el departamento, también se han presentado y se siguen presentando dificultades con la fuerza pública, en donde esta erradica de manera casi arbitraria en municipios que son objeto del programa, afectando a las familias vinculadas al PNIS, enarbolando la bandera de unos supuestos cultivos industriales, un número de hectáreas que no están delimitadas en ninguna parte de manera legal, pues el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial el cual establece una medida que permitiría identificar quien es pequeño productor o no, aún no está aprobado. Además, aun existiendo tal definición y tales cultivos, que de seguro si los hay, no se está haciendo una cartografía social que permita identificar a cuantas familias pertenecen tales extensiones de cultivos o si pertenece a una sola persona.

Además, estás erradicaciones forzosas dejan a los campesinos vinculados al programa viviendo un drama debido a que se quedan sin sustento para sus familias mientras que el PNIS empieza con la asistencia alimentaria, todo esto, de cuenta que desde la misma fuerza pública se desconoce e incluso con palabra soeces los acuerdos llegados entre las comunidades y el gobierno.

• Hay una inadecuada financiación del programa, lo cual impide que se desarrollen simultáneamente y de manera adecuada según la ruta metodológica el programa en todos los municipios vinculados al mismo, pues la falta de financiación hace que se tengan que priorizar unos, dejando paralizados otros.
• La extrema burocratización de algunas decisiones que pueden ser llevadas a cabo de manera más expedita, haciendo que el programa se vuelva mucho más lento.
• Con el actual gobierno se ha estado perdiendo el carácter participativo que por lo menos venía ganando el programa, tomando decisiones unilaterales desde lo nacional sin contar con la opinión del CPD, las cuales se aplican de manera subrepticia en los municipios, este es el caso de los ctl y los recursos para el acompañamiento al equipo FARC.
• La descoordinación y choque con el programa Antioquia Libre de coca de la gobernación de Antioquia, que ha confundido a los campesinos, los ha puesto en un escenario de competencia entre programas, los desinforma y desde la gobernación se promueven políticas dañinas y caducas como la aspersión de glifosato con drones y helicópteros.
• El incumplimiento en la implementación simultanea del punto 3.4.8 y su desarrollo normativo en el decreto 660, que permita llevar a cabo acciones de protección y seguridad desde y con las comunidades, lo cual hubiera evitado tantos muertos, desplazamientos y amenazas que han convertido a Antioquia en el segundo departamento con más líderes sociales asesinados después del acuerdo de paz.
• Las dificultades en la vinculación y pago a los recolectores de manera oportuna, dejando a esta población en serias dificultades y en gran peligro de reincidir.
• La fumigación con glifosato, ya sea en bombas, ya sea ahora con los drones o helicópteros causa miedo e incertidumbre en las comunidades, envenena las tierras y causa graves enfermedades a las personas, cosa ampliamente documentada por la comunidad científica a nivel mundial. Todo lo anterior sin contar con los graves perjuicios que podría traer el glifosato a los nuevos cultivos legales que los campesinos con tanto esfuerzo han tratado de sacar adelante. Parece que los gobernantes de este país se niegan sus vínculos con la criminal empresa multinacional Monsanto, tan repudiada por los pueblos y las organizaciones alrededor del mundo.
• Las dificultades que en materia de orden público se presentan en los territorios, donde grupos armados al margen de la ley, asesinan, amenazan, desplazan y extorsionan a las comunidades vinculadas al programa, en este último caso, solo en el municipio de Tarazá, la extorsión en el último pago hecho a los campesinos ascendió a 370 millones de pesos. De la misma manera, la exigencia por parte de estos grupos armados ilegales de que se les pase las listas de los vinculados al programa, la declaración de objetivo militar a campesinos y a integrantes del equipo FARC en el PNIS para Antioquia, lo que está generando preocupantes situaciones sociales en los municipios: toques de queda, confinamientos, bloqueos de alimentos, entre otros.
• Parece ser que en cuanto a los compromisos estipulados en los acuerdos, tanto en el acuerdo de paz, como en los colectivos y en los individuales, se le exige un cumplimiento estricto a los campesinos, con seguimiento e indicadores, y deben llevarse a cabo luchas, reuniones y varias explicaciones escritas y autenticadas para poder entender algunas dificultades por parte de los campesinos, por el contrario el gobierno puede suspender procesos, cambiar modos, sacar nuevas exigencias y a ellos si se les debe comprender las demoras, las dificultades y los incumplimientos.

Estas y otras dificultades en la implementación del programa son las que no han permitido al PNIS tener mayores alcances y avances en la sustitución.

Se ha querido, de manera engañosa, echar la culpa al mismo programa y a los campesinos de la lentitud del mismo o de los supuestos pobres resultados. Nada más alejado de la realidad.

Si el programa ha tenido cierto avance ha sido gracias a la voluntad permanente de los campesinos antioqueños en vincularse al programa a pesar de la desconfianza hacia el Estado derivada de los históricos engaños, decepciones e incumplimientos por parte de todos los gobiernos. Los campesinos y comunidades de Antioquia, se han vinculado decididamente al programa a pesar de todas las dificultades que hemos mencionado arriba. Son los campesinos quienes levantan los cultivos, son los campesinos quienes van a las reuniones y las hacen posibles, son los campesinos quienes firman las actas que permiten que los funcionarios estatales cobren sus sueldos, son los campesinos quienes están en los territorios, ponen los muertos, los desaparecidos, los desplazamientos, etc.

Si bien el programa tiene muchas dificultades en su implementación derivadas sobre todo de que se utilizan viejas formas para nuevos programas y desde mentalidades de guerra para escenarios de paz, seguimos convencidos de que el PNIS es la única y más viable opción para salir de los cultivos ilícitos dejando a tras las arcaicas, fracasadas y criminales políticas de erradicación forzosa y fumigación que solo traen violencia a los territorios, más pobreza y reproducen sin fin, el circulo vicioso del aumento de los cultivos ilícitos.

Si el actual gobierno quiere en realidad demostrar que le importa el campo, que le importa los campesinos, que de verdad quiere acabar de una vez por todas con la problemática de los cultivos ilícitos y todo lo que estos traen, debe apoyar decididamente con voluntad, financiación, recursos, coordinación interinstitucional, implementación de los PDET y construcción colectiva el programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito derivado del acuerdo de paz, en su letra y espíritu.

En ese orden de ideas y en congruencia con las comunidades y organizaciones, hacemos un llamado al gobierno nacional y al Estado en general, que se comprometa en lo siguiente:

1. No más fumigaciones con glifosato en ninguna modalidad.
2. No erradicación forzada de forma arbitraria y ni mucho menos como prioridad por encima del PNIS.
3. Continuar con el programa en los municipios donde el programa inició pero no se ha llegado aún a acuerdos colectivos. Dejar a estos municipios por fuera, no solo es incumplirles, sino acabar con la poca confianza que se había construido a través del programa y dejar a las familias y comunidades de estos municipios en las fauces de los grupos armados al margen de la ley, a la mercede de la violencia, de la pobreza, de la estigmatización y el abandono.
4. Suficiente, adecuada y oportuna financiación del programa para cumplir de manera simultánea con todos los municipios vinculados a él sin importar en que fase se encuentren, teniendo en esto en cuenta al desarrollo del PISDA y del PAI comunitario.
5. Coordinación efectiva y armónica con el programa Antioquia Libre de Coca, de manera que apoye con infraestructura y comercialización a a los municipios PNIS y sobre todo a aquellos que no son PDET.
6. Coordinación de la institucionalidad, programas y organizaciones que tengan que ver con el PNIS y el PDET con organizaciones comunitarias y líderes campesinos vinculados a dichos programas.
7. Respeto por los decretos, los acuerdos colectivos y los acuerdos individuales, los cuales son compromisos firmados por el Estado.
8. Implementación del decreto 660 con sus desarrollos diferenciales hacia el PNIS.
9. Que el plan para la formalización y acceso a tierras se lleve a cabo de manera urgente y simultánea al desarrollo del PNIS en los municipios.
10. Que se apruebe los más pronto posible el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial presentado por la bancada de FARC, cumpliendo así con este mandato del punto 4 del Acuerdo de Paz, brindando garantías jurídicas a los campesinos vinculados al programa.
11. Solicitamos que lo más pronto posible se normalice el flujo de recursos para seguir acompañando el programa tal y como lo mandata el Acuerdo de Paz y los decretos que lo desarrolla en esta materia, tanto para los miembros de FARC en el PNIS como a los campesinos y organizaciones vinculadas a las instancias del programa. No permitiremos que el programa que se ha construido y salido adelante, mayoritariamente gracias a La FARC, las organizaciones campesinas y a los campesinos y comunidades, nos deje atrás como un objeto que se utilizó para unos fines. Cumpla señor gobierno.

Por último, si bien tenemos dificultades, también debemos decir que hay una diversidad de dinámicas positivas y de nacimiento de escenarios hasta hora inéditos, el solo hecho de la expresión férrea de los campesinos para vincularse al programa, la posibilidad de escenarios de construcción conjunta, participación y dialogo con las comunidades, herramientas legales para que los campesinos puedan exigir legítimamente como lo son los decretos, el aprendizaje mutuo entre todos los actores del programa y el avance en la desestigmatización de las comunidades como criminales, entre otras, son una muestra de las cosas positivas que ha permitido el PNIS.

Como organizaciones y comunidades comprometidas con la paz, pensamos que a pesar de las problemáticas debe insistirse en el PNIS, consolidándose en las zonas donde está ahora y demostrando que a pesar de la falta de recursos, que a pesar de las amenazas, que a pesar de la descoordinación institucional, este programa derivado del acuerdo de paz sale adelante y es la ruta para construir paz en los territorios. Solo de esta forma, podremos presionar para que el programa no solo siga en los municipios donde está hasta el momento con mayores recursos y mayor voluntad por parte del gobierno, sino abrirlo de nuevo hacia el resto del departamento y del país, en donde tantas comunidades lo están exigiendo desde hace mucho tiempo, rompiendo así, el candado que este gobierno ha querido imponer al programa limitándolo solo a 123 mil familias como si este número de familias fueran las únicas que se vieron obligadas a vincularse a estas economías ilegales, esto sin contar con las familias cultivadoras de marihuana y amapola.

Seguiremos dando la pelea y seguiremos exigiendo que el PNIS y los PDET se implementen según la letra y el espíritu del acuerdo de paz, en beneficio de los campesinos, en beneficio y transformación de los territorios y en pro de la construcción de una Colombia diferente, en paz y con justicia social.

Atentamente,

*ASOCBAC, ASCNA, ASCAVEX, FARC, ASCAT, ASCIT, COCCAM, ASOCURN, AHEROMIGUA, ANZORC