Pliego de exigencias de la Cumbre Agraria, para el buen y bien vivir.

Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias.

 Por lo anterior, Exigimos:

 Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos.

 El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo:

 Resguardos indígenas y territorios ancestrales

 Territorios colectivos afrocolombianos

 Zonas de Reserva Campesina

 Zonas Agroalimentarias

 Zonas de biodiversidad

 Territorios interétnicos e interculturales

 Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades.

 Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles.

Las organizaciones, comunidades, autoridades y pueblos movilizados o que por decisión autónoma se incluyan en el proceso, desarrollaremos una ruta propia de definición de los términos del ordenamiento territorial para garantizar la permanencia en el territorio y convivencia interétnica e intercultural. Esa ruta propia hace parte de una iniciativa de paz impulsada por las organizaciones campesinas, indígenas, afro y urbano-populares que participen del proceso.

Que el gobierno nacional nos dé garantías para la elaboración de esa ruta de ordenamiento territorial y que las figuras mencionadas sean consignadas en la normativa colombiana y sean reglamentadas conforme a las decisiones de las organizaciones, pueblos y comunidades participantes; incluyendo el reconocimiento constitucional de la territorialidad colectiva campesina y afro.

Una política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, así como la garantía de la autonomía territorial para campesinos, indígenas y afro. Esa política de reforma agraria deberá construirse de la mano con las organizaciones rurales y urbano-populares.

Esta política debe tener un enfoque territorial y no simplemente de acceso a la tierra, de ahí que no se deba limitar a la dotación de tierra para las comunidades rurales, sino que redistribuya el conjunto de bienes comunes que se encuentran en los territorios rurales y en los márgenes entre lo rural y lo urbano, asegurando su cobertura, garantía y acceso para los pueblos indígenas, afro, campesinos y urbano-populares.

La construcción de un fondo de tierras que se alimente de los predios despojados, que sean propiedad de narcotraficantes o que no cumplan con la función social de la propiedad, o que atenten contra su vocación natural (el caso de ciénagas y playones) y los baldíos apropiados ilegalmente por la agroindustria.

Que se reconozcan los derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afro a sus territorios, y en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades afro.

Que se completen los procesos de titulación colectiva para pueblos indígenas y afros que aún están pendientes.

Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades, entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios nacionales o extranjeros, sobre los territorios y las tierras de campesinos, indígenas y afro. Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los pueblos.

Que se aplique el derecho de prevalencia para los territorios de las comunidades indígenas, afro y campesinas, en caso de disputas con transnacionales, terratenientes y despojadores.

Que la consulta previa, y el consentimiento previo libre e informado, se extienda a las comunidades campesinas, extendiendo la aplicación del convenio 169 de la OIT.

Que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho las empresas que han violado la ley 160 de 1994, al adquirir más de las UAF autorizadas en dicha norma.

Que los baldíos se destinen exclusivamente a garantizar el derecho a la tierra de los campesinos, trabajadores rurales, población afrocolombiana e indígena.

Que se proscriban todas las formas de extranjerización de la tierra. En ningún caso personas naturales o jurídicas de origen extranjero podrán apropiarse, usar, arrendar superficie o generar ninguna forma de tenencia sobre la tierra.

El cumplimiento y fortalecimiento de la legislación relativa a la extinción de dominio de las tierras que no cumplan con la función social y ambiental de la propiedad.

La restitución integral de las tierras despojadas a las familias, comunidades y pueblos víctimas del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta enfoques colectivos y énfasis comunitarios en tales procesos de reparación.

La devolución de tierras expropiadas por endeudamiento campesino.

 El reconocimiento del enfoque diferenciado y con perspectiva de género del acceso, uso y goce del territorio y la tierra para las mujeres.

La creación de una nueva institucionalidad pública para darle cumplimiento al nuevo ordenamiento territorial, la reforma agraria y la protección ambiental.

2. La economía propia contra el modelo de despojo

 El avance y profundización del modelo neoliberal ha generado graves perjuicios a la economía nacional, en especial a las formas de producción, comercialización y consumo propias de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Lo anterior ha impactado negativamente la soberanía alimentaria de los pueblos y de la nación. Las normas que regulan el libre mercado han generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de las y los pequeños productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y multinacionales del agro. Como resultado se han afectado no solo los intereses económico de las comunidades rurales, sino las prácticas culturales y de vida asociadas a estos.

 Por lo anterior, Exigimos:

  La transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica, que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la economía campesina, ind ue se debe impulsar un ento a unao del paenamineto terrstencia de las comunidades agrarias. las comunidades campsinas os y comuígena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre comercio.

 La implementación de una política que restrinja y regule el uso y precio de los agroquímicos, así como el inicio de un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un modelo agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica basada en el respeto al ambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades.

Condonación de las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del campesinado adquiridas a través del sistema financiero y acceso al crédito agropecuario con tasas no determinadas por la lógica de mercado.

Creación y fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias.

El desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia, deteniendo la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria nacional. Exigimos que se priorice la integración con los pueblos de Nuestra América Latina y el Caribe, en el marco de la protección de la producción nacional. Entretanto, exigimos que todo tratado de comercio internacional, inversiones, propiedad intelectual y servicios sean consultados con el pueblo colombiano.

Un régimen de subsidios que proteja la producción nacional, en especial a los sectores afectados por la apertura, en la cual se establezca por parte del Estado precios de sustentación rentables y seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauración de un sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios, así como establecer subsidios al transporte de alimentos y productos de comunidades campesinos, indígenas y afros.

Un plan de choque para el estímulo a la producción de alimentos básicos por parte de los pequeños productores, que tendrá como base el apoyo a la economía campesina en los términos propuestos en el punto anterior. Así como el fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la integración regional, en el marco de las prácticas de comercio justo y eliminando la figura de los intermediarios.

Una política de apoyo a la transformación de alimentos y productos agropecuarios desde las comunidades rurales, generando procesos de industrialización acordes con los intereses de las mismas.

La prohibición de la importación de los productos agropecuarios estratégicos para la economía nacional.

La derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual (patentes y derechos de obtentores vegetales), y que propician su privatización, de manera que el gobierno deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas. Exigimos que no aplique las leyes 1032 de 2006 y la 1518 de 2012 y derogue la resolución 970 del ICA.

La creación de un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a la producción, selección, multiplicación y difusión de semillas originarias, que no tengan registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la producción, la libre circulación y comercialización por las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Así como el apoyo económico y técnico, de forma descentralizada, para el establecimiento de casas custodios de semillas, manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades agrarias.

Enfocar la propuesta investigativa y académica de las universidades según el contexto y las necesidades del agro colombiano, en particular de los pequeños productores, reconociendo y articulando los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de campesinos, indígenas y afrodescendientes.

El avance en la protección de la soberanía alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como utilidad pública, interés social y bien común de la nación.

La reglamentación del capítulo VII de la ley 70, en lo relacionado con el fomento al desarrollo de los territorios colectivos y tradicionales afro. Dicha reglamentación se hará conforme a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos.

Financiación del sector agrario, en particular del fortalecimiento de la pequeña y mediana producción especialmente de alimentos mediante un fondo nacional cuyos recursos provengan, entre otros, de la eliminación de las exenciones tributarias a grandes empresas de capital nacional y trasnacional, así como de la explotación de recursos minero energéticos.

3. Minería, energía y ruralidad

La mala gestión y el saqueo de los recursos naturales minero – energéticos afecta gravemente a la madre tierra y las comunidades rurales, genera impactos ambientales que ponen en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad, persigue y criminaliza a los pequeños mineros, y solo beneficia las empresas transnacionales que se enriquecen gracias al modelo económico impulsado por el gobierno colombiano. En ese marco, reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo minero–energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas.

Por lo anterior exigimos:

 Que se inicie un proceso democrático de discusión de una nueva política nacional minero–energética, con participación efectiva de las comunidades campesinas, indígenas, afro y los pequeños mineros tradicionales y de sobrevivencia, a través de un ejercicio de legislación popular e incluyente.

 Exigimos la reformulación de un nuevo modelo de redistribución de las rentas petrolera y minero-energética, con el fin de fomentar, promover e invertir en el desarrollo rural y urbano; y obtener mayores recursos para la inversión social y la garantía de los derechos de las comunidades.

 Detener la concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques petroleros, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales y los trabajadores del sector la política minero- energético del país.

 Una moratoria minera que congele la adjudicación de títulos mineros en todo el país. La moratoria se aplicará hasta que se den condiciones reales para una explotación minera razonable para el país y las comunidades.

 La reversión de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas a las multinacionales en casos de grave deterioro ambiental, detrimento de los recursos de la nación y violación de los derechos de los trabajadores.

 La reversión de todos los títulos mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, indígenas y afros sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada.

 Que no se aprueben nuevos títulos mineros en territorios ancestrales, en territorios indígenas y afros, sin pasar por el requisito de la consulta en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.

 Que deje de considerarse la minería como actividad de utilidad pública y de interés social de la nación.

 Que en el desarrollo de la política minera se garantice el estricto respeto por el agua, los páramos, bosques, áreas protegidas, zonas de biodiversidad y agroalimentarias, fuentes de agua y todos los ecosistemas estratégicos para la vida y la biodiversidad. Por lo anterior, que no se apruebe ningún título minero en dichos territorios.

 En ningún caso se aprueben proyectos minero–energéticos, (títulos, concesiones y similares) sin el requisito de la licencia social, es decir, sin la autorización derivada de la realización de consultas campesinas y populares en los territorios que puedan verse afectados. Tales consultas se realizarán durante la fase de solicitud del proyecto, del título o la concesión.

 Suspender la implementación de megaproyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afros, y promover la implementación de alternativas de abastecimiento energético a partir de tecnologías apropiadas y limpias.

 Revocar las licencias ambientales de megaproyectos hidroeléctricos, hasta tanto no se tenga una comisión nacional de represas que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por las hidroeléctricas.

 La reestructuración de la fórmula que define los precios de combustibles, para garantizar un costo de vida más equitativo para el conjunto de la población, procurando la regulación ambiental de la extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos.

 Reconocer y reparar a las víctimas y afectados por los proyectos minero-energéticos e hidroeléctricos.

 Suspender los proyectos de fracking apelando de principio de precaución.

4. Cultivos de coca, marihuana y amapola

Ante el fracaso y la arbitrariedad de la política antidrogas del Estado Colombiano, consideramos crucial redefinir los lineamientos que han configurado el tratamiento a los cultivos de coca, marihuana y amapola.

Por lo anterior, Exigimos:

 El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos representantes de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.

 Un programa de sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental que permita generar una fuente alternativa de ingresos frente a los derivados por cultivos de usos ilícitos como la coca, la marihuana y la amapola. Dicho programa deberá hacerse con énfasis en ordenamiento y la planeación territorial, acordando procedimientos, tiempos y mecanismos; con la participación de las comunidades agrarias y sus organizaciones representativas, basado en el reconocimiento, la formulación y ejecución de Planes de desarrollo sostenibles, integrales y/o de vida.

 Un programa de sustitución de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola que supere la puesta en marcha de programas de erradicación violenta y aspersión con glifosato que atentan contra la vida digna de las comunidades agrarias (Indígenas, Afro descendientes y Campesinos).

 La liberación de las y los presos judicializados por el cultivo de marihuana, coca y amapola; no relacionado directamente con comercialización de estupefacientes.

 No aplicación de la extinción de dominio en los predios en los que se cultive marihuana, coca y amapola.

 Una política de sustitución gradual que tenga como base la inversión social en la comunidad y el impulso a cultivos alternativos desde las propuestas campesinas. Rechazamos la sustitución basada en la imposición de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares.

 Una política de sustitución basada en la promoción de cultivos productivos propios de la economía campesina que sean comerciables y con seguros de cosecha a corto, mediano y largo plazo. Los planes se sustentaran en dos ejes orientadores: el primero se refiere al diseño e implementación de Sistemas Productivos Sostenibles y el segundo a la estabilización y garantía de la integralidad de derechos.

 Programas de sustitución basados en la estabilización de los Sistemas Productivos Sostenibles y atendiendo a 6 líneas de acción: acceso a tierra, sistemas productivos sostenibles, mejora de infraestructura, transformación agregación de valor en el predio, acceso a asistencia técnica y tecnología, y acceso a mercados.

 Respetar y fortalecer los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de coca, amapola y marihuana, en el marco de los sistemas productivos de las comunidades agrarias.

 La sustitución debe ser manejada por las comunidades y las organizaciones agrarias (Indígenas, Afrodescendientes y Campesinos). Serán las comunidades quienes impulsen las propuestas de sustitución, no el gobierno nacional.

 Implementar propuestas de inversión agropecuarias desde las comunidades agrarias, con garantías para la producción.

 Respeto y promoción la producción e industrialización, por parte del Estado, de alimentos y medicinas basados en los cultivos de coca, amapola y marihuana.

 Garantizar el despliegue comunicativo nacional a través de todos los medios disponibles para difundir, educar y capacitar a las comunidades sobre el uso de las plantas sagradas, ancestrales y todo lo relacionado con el cultivo de la coca, amapola y marihuana.

 No otorgar patentes para las plantas de coca, marihuana y amapola y los productos derivados de los procesos de transformación.

 El tratamiento del consumidor como un tema de salud pública, con el ingreso al sistema de salud.

5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia

Debido a la falta de reconocimiento político de los derechos de los campesinos, la insuficiente garantía de los derechos de afrocolombianos e indígenas, el alto número de violaciones a los derechos humanos, la falta de garantías para las organizaciones sociales y populares, la constante estigmatización, persecución y criminalización de quienes se movilizan para buscar una sociedad más justa y en paz, persistimos en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar las garantías mínimas para vivir en una sociedad democrática

Por lo anterior, Exigimos:

 La verdad, justicia y reparación integral por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las comunidades agrarias y populares, y la no repetición de estas prácticas.

 Desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus actores, propiciando una veeduría internacional y la conformación de una comisión de la verdad. Así como realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre el sector económico, político, y militar con los paramilitares.

 La conformación de una comisión de la verdad y una política de recuperación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, que difunda de manera masiva sus resultados. Dicha política debe garantizar el acompañamiento psicosocial y pedagógico, así como el reconocimiento tanto a las comunidades vulneradas como a las asociaciones de víctimas, de manera concertada.

 Garantías para la permanencia en los territorios, en especial para las comunidades campesinas, indígenas y afro.

 Justicia, verdad, reparación integral y no repetición por las personas detenidas, heridas y asesinadas por el Estado en el marco de las movilizaciones sociales.

 Garantías para el derecho a la protesta social y garantías para la movilización, así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos; y que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio.

 Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados.

 El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la justicia penal militar a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía.

 Investigación, judicialización y castigo de los autores, así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, de los 19 homicidios y cerca del millar de heridos ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro agrario y la minga del 2013. Reivindicando así su memoria y garantizando los derechos de verdad, justicia, y reparación que le asisten a los familiares de las víctimas.

 Solución estructural a la crisis carcelaria y la declaratoria de la emergencia social, la cual pasa por la reformulación de la política criminal actualmente basada en la privación de la libertad, la criminalización de la pobreza, la protesta social y otras garantías y libertades ciudadanas, hacia una política que garantice la prevención del delito, la inclusión social y el respeto de garantías.

 Abolir la mal llamada “limpieza social” ejecutada, principalmente en contra de los jóvenes, por funcionarios del Estado y las estructuras paramilitares, e imponer ejemplares sanciones a los responsables.

 Garantías jurídicas y administrativas para el ejercicio de la política y la oposición.

 Derogación de la ley de seguridad ciudadana, y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su vigencia.

 Desmonte del ESMAD y prohibición del uso de las mal llamadas “armas de letalidad reducida”.

 Fin de la doctrina de seguridad nacional y que se dote a las fuerzas armadas de una doctrina basada en el respeto a los derechos humanos y la defensa de la nación.

 Reforma al régimen de servicio militar, que incluya el fin del servicio militar obligatorio, la prohibición del reclutamiento forzado y la garantía en la aplicación de las sentencias frente a la objeción de conciencia. Se deben llevar a cabo Investigaciones disciplinarias y penales por parte de autoridades civiles para miembros de la fuerza pública que realicen prácticas de reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la ciudad. Además exigimos acceso universal de la libreta militar para jóvenes y personas que no tengan resuelta su situación militar, y se elimine su carácter de requisito para trámites con el Estado.

 Igualdad de derechos políticos, sociales y económicos entre hombres y mujeres, desde una perspectiva de género y de libertades sexuales y reproductivas, asegurando una equitativa participación política en las instancias de decisión en los asuntos que afectan sus vidas.

 Garantías reales para que los cuerpos de las mujeres y niñas no sigan siendo un instrumento, ni botín de guerra.

 Tipificación del feminicidio como un delito autónomo.

 Aplicación efectiva de la ley 1257 de 2008 y el cese de la violencia contra la mujer.

 Reconocimiento con carácter vinculante de los derechos plasmados en el proyecto de la declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos que hace trámite en la ONU; exigimos que el Estado colombiano adopción plena y perentoria de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Exigimos la incorporación de estas directrices y derechos a la legislación interna, desarrollando políticas públicas que garanticen su promoción y exigibilidad. Mientras se surte el trámite para el cumplimiento de la exigencia anterior, requerimos el desarrollo de una política transitoria en favor de campesinos indígenas y negritudes.

 Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma. Exigimos la democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros y otras federaciones. Exigimos la participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.

 Otorgar reconocer y garantizar con carácter vinculante el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y comunidades urbanas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y lo cultural.

 Garantías para una verdadera y genuina política de restitución de tierras despojadas así como el reconocimiento de los territorios sagrados para los pueblos indígenas.

Garantías para la construcción de planes de vida donde se determine lo que sucede en los territorios, reconociendo la posibilidad de desarrollar modelos autónomos en cuanto al desarrollo de la tierra, la educación, la salud, y la economía propias.

 Cumplimiento perentorio de los autos 004 y 005 de la sentencia T-025 de 2004, relativos a la situación de peligro de desaparición de los pueblos indígenas y afro.

 Respeto al DIH, incluyendo la prohibición de puestos de policía y militares en los cascos urbanos y poblados; así mismo el respeto al principio de distinción del Derecho internacional Humanitario, buscando no involucrar a la población civil en los conflictos armados. Lo anterior incluye el cese de la persecución a la población civil mediante montajes judiciales.

 Reconocimiento y la no estigmatización y persecución a las y los Defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y populares

 Desmonte, supresión y ordenamiento jurídico de la figura del fuero penal militar, que deje de aplicarse la figura del blanco legítimo, ejecuciones extra judiciales (falsos positivos), y otras arbitrariedades similares.

 Democratización de los medios de comunicación existentes, así como el fortalecimiento de los medios alternativos, comunitarios, regionales, y locales. Y la creación de nuevos medios de comunicación con alta difusión y participación de los sectores populares.

 Democratización del espectro electromagnético.

6. Derechos sociales

Para los pueblos afro e indígenas y para las comunidades campesinas, la educación, salud, el trabajo, vivienda digna y la recreación serán concebidas como derechos, no como servicios, y se desarrollarán de acuerdo a las necesidades y realidades de las comunidades.

Por lo tanto, Exigimos:

 El aumento de las partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, vivienda, salud, vías, producción, redes eléctricas, saneamiento básico, agua y alcantarillado en las zonas rurales.

 Una política educativa que propenda por un proyecto de educación pública propia campesina que le permita a los estudiantes campesinos tener una formación acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo anterior implica la construcción de un currículo y una pedagogía diferenciada acorde con las territorialidades, y con la participación decisoria de las comunidades campesinas y sus organizaciones. También exigimos mayor formación docente y fortalecimiento de la planta docente en el sector rural.

 Derogar el acto legislativo 01 del 2001, el cual modifica los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política Nacional relacionados con la educación; la ley 715 del 2001 y la ley 1294 del 2010, los cuales sustentan la privatización de la salud y educación, entendiéndolas como servicios y no como derechos.

 Derogar la ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley de educación pública, gratuita y de calidad, que reconozca la educación como derecho fundamental, bien común y con enfoque diferencial.

 Condonación y congelamiento de las deudas del Icetex apuntando al subsidio a la oferta.

cumplimiento y garantía de los programas de educación propia para pueblos afro, comunidades negras e indígenas.

 Reconocimiento y plenas garantías al ejercicio, prestación y promoción de la medicina ancestral como parte de un nuevo sistema de salud.

 Implementación de planes de medicina preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo a las prácticas culturales de cada comunidad o región.

 Que la salud deje de concebirse como negocio o mercancía para que se garantice como derecho humano y fundamental que. Exigimos la derogatoria de todas las normas que mercantilizan la salud y niegan la garantía de este derecho, entre ellos los artículos 48 y 49 de la constitución, la ley 100 de 1993 y el proyecto de ley estatutaria sobre la salud y la seguridad social.

 El fin de la política del subsidio a la demanda y se instauren políticas de subsidio a la oferta en salud y educación, una nueva política presupuestal que fortale