Un nuevo informe de organizaciones sociales alerta sobre el aumento del desplazamiento, homicidios y masacres en el Oriente antioqueño. La violencia no desapareció, cambió de forma, actores y rentas, mientras crecen las disputas por el territorio.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
El Oriente antioqueño vuelve a encender las alarmas. Un informe presentado el 24 de septiembre por Conciudadanía, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR), Vamos Mujer, Mujeres que Crean y la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria de la región advierte sobre un nuevo ciclo de violencia y riesgos diferenciados entre 2020 y 2025.
No se trata de una fotografía aislada. El informe reconstruye una región marcada por décadas de guerra, desplazamiento, paramilitarismo y disputas territoriales, pero advierte que el presente no constituye una simple repetición del pasado, la violencia se ha reconfigurado.
Los datos son contundentes. Al comparar los períodos 2020-2022 y 2023-2025, el desplazamiento forzado aumentó 56,9 %. Los homicidios pasaron de una tasa de 19,5 a 30 por cada 100.000 habitantes. Y las masacres, que habían registrado siete víctimas en el primer trienio, llegaron a 26 víctimas en el segundo. En total, el informe documenta 19 asesinatos de líderes y lideresas sociales durante el período analizado.
No es, entonces, una alarma abstracta. Hay cuerpos, comunidades desplazadas, liderazgos amenazados y territorios sometidos nuevamente a formas de control armado.
Viejas estructuras, nuevas disputas
El informe resulta particularmente importante porque permite romper con una lectura simplista de la violencia. Después de la desmovilización paramilitar de 2006 y del Acuerdo de Paz de 2016, las estructuras armadas no desaparecieron completamente, se fragmentaron, se transformaron y, en algunos territorios, fueron reemplazadas por nuevas organizaciones.
En el Oriente persisten estructuras herederas del paramilitarismo, entre ellas el Clan Isaza y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mientras se registra la expansión de estructuras criminales provenientes del Valle de Aburrá, entre ellas El Mesa y otras organizaciones. Según el análisis presentado, la disputa actual se relaciona con control territorial, corredores estratégicos y economías ilícitas.
Esto permite comprender algo fundamental, el conflicto ya no puede leerse solamente como una confrontación ideológica entre guerrillas y Estado. La violencia contemporánea incorpora mercados ilegales, control de poblaciones, extorsión, microtráfico, rutas, minería y apropiación territorial.
El Oriente se convierte así en un laboratorio de una transformación más amplia del conflicto colombiano, la guerra cambia de nombre, pero algunas de sus estructuras profundas permanecen.
Cuatro territorios, cuatro conflictos
La importancia del informe también reside en que evita tratar el Oriente antioqueño como un territorio homogéneo.
Bosques, Páramo, Embalses y Altiplano poseen dinámicas económicas, ambientales y sociales distintas.
En Páramo, una región fundamentalmente rural y productora de café, caña y frutas, el desplazamiento aumentó 153,4 % entre los dos trienios analizados, pasó de 253 a 641 personas desplazadas. Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón concentran parte importante de esta presión.
En el Altiplano, donde se concentran municipios como Rionegro, Marinilla, Guarne y El Carmen de Viboral, el problema adquiere otra dimensión. Allí se concentra buena parte de la actividad económica y urbana regional, mientras el crecimiento inmobiliario, industrial y de servicios transforma aceleradamente el territorio.
El informe registra allí el mayor incremento de homicidios, de 501 casos en 2020-2022 a 624 en 2023-2025, un aumento del 24,6 %.
Esta combinación obliga a mirar más allá de la estadística criminal. ¿Qué ocurre con la población campesina cuando el territorio se urbaniza? ¿Qué pasa con la tierra cuando aumentan los proyectos inmobiliarios? ¿Quién se beneficia del incremento de su valor?
La violencia armada y la presión económica pueden ser fenómenos distintos, pero en determinados territorios pueden terminar produciendo una misma consecuencia, la expulsión o subordinación de quienes históricamente los han habitado.
Embalses, energía y memoria. La zona de Embalses recuerda además que el desarrollo no siempre ha significado bienestar para las comunidades.
El Peñol, Guatapé, San Rafael y otros municipios fueron profundamente transformados por grandes proyectos hidroeléctricos. La región produjo energía estratégica para Antioquia y Colombia, pero también conoció desplazamientos, pérdida de tierras y profundas transformaciones sociales.
Hoy el turismo y los megaproyectos continúan reconfigurando el territorio. La pregunta que surge es sencilla pero decisiva, ¿desarrollo para quién?
Una política de seguridad que ignore estas transformaciones corre el riesgo de mirar únicamente el síntoma y no las condiciones económicas y territoriales que producen vulnerabilidad.
Mujeres y diversidades. La violencia que no siempre aparece en el parte militar
Uno de los aportes más importantes del informe es mostrar que la violencia no afecta de la misma manera a toda la población.
En 2025, el Oriente registró una tasa de violencia basada en género de 628,2 casos por cada 100.000 mujeres, superior a la tasa departamental de 609. La violencia física representó 46 % de los casos, la psicológica 27 % y la sexual 24 %.
Las lideresas enfrentan además amenazas, hostigamiento, estigmatización y violencia digital. Para las personas LGBTIQ+, las agresiones se entrecruzan con discriminación y prejuicios.
Aquí aparece una dimensión que suele desaparecer cuando la seguridad se mide exclusivamente mediante capturas y operaciones, la seguridad también significa poder vivir, participar políticamente, defender el territorio, expresar una identidad y organizarse sin miedo.
¿Qué significa esta alerta bajo el Gobierno de De La Espriella?
La advertencia adquiere especial relevancia en el actual contexto político colombiano.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha situado la seguridad, el orden y la autoridad en el centro de su agenda. En sus primeros 36 días, el propio Gobierno reportó más de 17.000 capturas y 24 cabecillas de estructuras que denomina “narcoterroristas” afectados, 19 capturados y cinco muertos en operaciones. Este despliegue se desarrolla, además, en un contexto marcado por denuncias y controversias sobre posibles falsos positivos, agresiones de la fuerza pública y un manejo mediático cada vez más confrontativo de la violencia.
El problema surge cuando la respuesta estatal se concentra en la agresión y el control militar, mientras quedan relegadas las causas estructurales de la violencia, la exclusión, el despojo, la disputa por la tierra, la concentración de recursos y territorios, y su creciente subordinación a grandes conglomerados económicos y capitales nacionales y transnacionales. Sin intervenir estas condiciones, la intensificación de la fuerza puede contener temporalmente algunas expresiones de violencia, pero difícilmente transforma las estructuras que las reproducen.
El propio Presidente ha definido públicamente la recuperación de la “seguridad, el orden y la autoridad” como una prioridad fundamental de su administración. La pregunta, entonces, no es solo cuánta fuerza se despliega, sino qué proyecto territorial y social acompaña esa política de seguridad y si logra romper, o termina reproduciendo, los ciclos históricos de violencia, despojo y exclusión.
El informe del Oriente introduce entonces una pregunta indispensable ¿qué significa seguridad cuando los indicadores de violencia vuelven a deteriorarse en territorios donde ya fracasaron décadas de respuestas predominantemente militares?
No se trata de negar la necesidad de combatir estructuras criminales. Se trata de preguntarse si la seguridad será entendida únicamente como capacidad de fuerza o como capacidad del Estado para garantizar derechos, desmontar economías ilegales, proteger liderazgos, recuperar territorios para las comunidades y transformar las condiciones que alimentan la violencia.
La experiencia histórica debería impedir que Colombia vuelva a confundir control territorial con construcción de paz.
El Oriente antioqueño tiene una memoria que no puede ser ignorada. La región sufrió desplazamientos masivos, desapariciones, masacres y persecución durante las décadas más intensas del conflicto. Organizaciones sociales y víctimas han trabajado durante años por verdad, memoria y reconciliación.
Precisamente por eso, la nueva alerta no debe ser recibida como otro informe más.
Es una advertencia sobre la posibilidad de que Colombia esté entrando en un ciclo donde la fragmentación armada, las economías ilegales, la presión sobre los territorios y el debilitamiento de los liderazgos sociales vuelvan a encontrarse.
La pregunta no puede ser solamente cuántos delincuentes fueron capturados o cuántos objetivos fueron neutralizados.
Hay que preguntar quién controla la tierra, quién controla las rentas, quién puede permanecer en el territorio, quién puede defenderlo y quién queda obligado a marcharse.
Porque cuando la violencia retorna a un territorio, no solo amenaza la vida, puede modificar la propiedad, la economía, la cultura y el futuro mismo de las comunidades.
El informe del Oriente antioqueño llega, por ello, como una alerta para todo el país, la paz no se sostiene solamente con ausencia de combates, requiere transformar las condiciones que permiten que otros poderes, armados, económicos o criminales, vuelvan a disputar el territorio.
Y esa tarea no puede aplazarse mientras la violencia vuelve a ocupar las primeras páginas.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ y grupo autónomo Kavilando.
___________________
