La Defensoría del Pueblo advierte sobre una concentración de acciones armadas en distintos territorios del país. No se trata todavía de afirmar una ofensiva nacional coordinada, pero sí de reconocer una señal de alarma que exige información, prevención y una respuesta estatal integral.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez. REDIPAZ
Entre el 7 y el 8 de agosto de 2026, mientras Colombia concentraba buena parte de su atención en el inicio de un nuevo Gobierno, distintos territorios del país registraron ataques, hostigamientos y acciones con drones y artefactos explosivos. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta de interés nacional, Cauca y Nariño aparecen como los territorios con mayor intensidad de estos hechos, junto con episodios registrados en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
No es responsable convertir estos acontecimientos, sin información suficiente, en la afirmación de una supuesta "ofensiva nacional coordinada". La propia Defensoría advierte que las circunstancias y autorías de varios hechos continúan en verificación. Pero tampoco es responsable minimizar su simultaneidad, dispersión territorial y características. Lo que existe es una señal de alerta que debe ser leída con rigor, Colombia enfrenta una situación de violencia armada que, en determinados territorios, puede escalar y producir graves impactos humanitarios.
La pregunta, entonces, es, ¿qué está ocurriendo con las comunidades que quedan atrapadas en medio de estas dinámicas, qué derechos están siendo vulnerados y qué capacidad tiene el Estado para anticiparse a una nueva profundización de la crisis territorial?.
La geografía de la violencia importa
La lista de departamentos mencionados por la Defensoría no es un dato menor, ni tampoco nuevo. Cauca, Nariño, Arauca, Antioquia, Bolívar, Meta, Guaviare, Huila, Tolima, Cesar y Caldas no constituyen un territorio homogéneo. Son regiones con historias particulares de conflicto armado, economías legales e ilegales, disputas por tierras, corredores estratégicos, presencia diferenciada del Estado y múltiples formas de organización comunitaria.
Precisamente por ello, sería un error interpretar los hechos exclusivamente desde Bogotá o reducirlos a una sucesión de acontecimientos de seguridad, la violencia armada tiene una geografía, tiene corredores, fronteras, zonas rurales y urbanas, territorios indígenas y campesinos, vías estratégicas, economías extractivas, mercados ilegales y poblaciones que terminan sometidas a restricciones de movilidad, amenazas, desplazamientos, confinamientos y miedo.
La Defensoría señala que varios de los hechos ocurrieron en cabeceras municipales o en inmediaciones de viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas cotidianamente por las comunidades. Algunos ya han producido afectaciones civiles y restricciones a la movilidad. Esto modifica sustancialmente la naturaleza del problema.
No estamos hablando solamente de enfrentamientos entre actores armados, sino de de territorios habitados, de personas que deben trabajar, estudiar, comerciar, desplazarse y vivir mientras las confrontaciones se desarrollan a pocos metros de sus casas.
Drones, explosivos y una nueva dimensión del riesgo
Uno de los elementos que merece especial atención es la reiterada utilización de drones y artefactos explosivos. La transformación tecnológica de la confrontación armada no es un asunto exclusivamente militar, cuando estas tecnologías son utilizadas en zonas pobladas o próximas a bienes civiles, aumenta el riesgo de producir efectos indiscriminados y se vuelve todavía más urgente el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el derecho internacional humanitario.
La Defensoría recuerda que la existencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina las obligaciones de protección de las personas y bienes civiles que se encuentran en sus inmediaciones. Esta precisión resulta fundamental frente a cualquier intento de normalizar la militarización de la vida cotidiana.
Una escuela, una vivienda, una tienda, una vía campesina o un centro poblado no dejan de ser espacios civiles porque cerca exista una instalación de la Fuerza Pública, la población no puede convertirse en "daño colateral" de una confrontación que no eligió. Por eso, la exigencia de la Defensoría a los grupos armados ilegales debe ser inequívoca, respetar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad; abstenerse de acciones con efectos indiscriminados y cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades. Pero la responsabilidad estatal tampoco termina en sólo desplegar fuerza.
El nuevo Gobierno recibe una advertencia que no puede minimizar
La particularidad política del momento no debería perderse de vista, éstos hechos ocurren en los primeros días de un nuevo Gobierno nacional, y la propia Defensoría establece una relación directa entre este escenario y la necesidad de fortalecer, desde el comienzo, una respuesta estatal integral que combine las acciones de seguridad y defensa con prevención, protección de comunidades y respuestas territorialmente diferenciadas.
Esta advertencia debería ser asumida como una prioridad política, Colombia conoce demasiado bien el costo de reaccionar tarde, inoportuna o de manera unidimensional.
Durante décadas, las comunidades han advertido sobre la presencia y expansión de actores armados, cambios en las dinámicas territoriales, amenazas, reclutamiento, desplazamiento, confinamiento y disputas por corredores estratégicos. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría existe precisamente para anticipar escenarios de riesgo y permitir que las instituciones actúen antes de que las advertencias se conviertan en tragedias.
La prevención no puede convertirse en un documento archivado, una alerta temprana que no genera una acción institucional oportuna termina transformándose, paradójicamente, en una forma de administración burocrática del riesgo. Por ello, el nuevo Gobierno tiene ante sí una responsabilidad que excede la reacción militar inmediata, escuchar a las comunidades, fortalecer las instituciones territoriales, activar mecanismos de prevención, proteger liderazgos sociales, garantizar movilidad y servicios básicos y recuperar capacidades civiles del Estado en los territorios donde la población continúa expuesta a las disputas armadas.
Y mientras tanto, ¿qué está contando el sistema de medios?
Hay otra dimensión del problema que merece ser discutida, la dimensión comunicacional. En Colombia hemos aprendido, a un costo enorme, que aquello que no se ve, no se discute, y aquello que no se discute difícilmente se convierte en prioridad política.
Por eso preocupa que hechos de esta magnitud territorial puedan quedar reducidos a episodios aislados, notas breves o piezas de información fragmentadas, particularmente cuando buena parte de la agenda nacional se encuentra concentrada en la transición política y en la instalación del nuevo Gobierno.
El problema no consiste en exigir una cobertura permanente de la violencia ni en alimentar una sociedad atemorizada mediante la repetición indiscriminada de imágenes de explosiones, enfrentamientos y muerte. Es exactamente lo contrario pues, informar no significa saturar, significa contextualizar.
Una cobertura periodística responsable no debería limitarse a mostrar el artefacto explosivo o la imagen del hostigamiento, o generar un ángulo que favorezca al poder instituido, alineándose a necesidades de mantener una imagen del mandatario, esto es un error. Debería explicar dónde ocurrió, qué comunidades están afectadas, qué antecedentes existen, qué alertas tempranas habían sido emitidas, qué actores disputan el territorio, qué derechos están comprometidos, qué respuesta institucional se ha producido y cuáles son las demandas de las poblaciones.
La espectacularización de la violencia y su invisibilización son dos caras problemáticas de un mismo fenómeno. La primera convierte el sufrimiento en mercancía informativa, la segunda lo hace desaparecer del debate público para favores imagen del poder instituido. Entre ambas debería existir un periodismo ético, capaz de construir ciudadanía.
El silencio también tiene consecuencias, en este sentido, la ausencia de cobertura sistemática sobre determinados territorios produce una peligrosa geografía desigual de la ciudadanía. Un hostigamiento en el Cauca puede parecer una noticia distante en las grandes ciudades; para una familia que vive allí puede significar no salir de casa, cerrar su negocio, suspender las clases o quedar atrapada en medio de una confrontación.
No convertir la alarma en propaganda de guerra
La distancia geográfica no reduce la gravedad de los derechos vulnerados. Una democracia necesita saber dónde ocurren los hechos, por qué, qué comunidades están expuestas, qué alertas existían, qué instituciones fueron advertidas y qué respuestas se están dando. Estas son preguntas periodísticas, pero también democráticas.
Frente a los hechos armados, el debate público puede desplazarse hacia el endurecimiento militar, la retaliación y la construcción de nuevos enemigos. Una información deficiente puede contribuir a ello. Por eso es necesario distinguir entre informar sobre la violencia y producir una narrativa de guerra o funcional al poder de turno.
Informar permite conocer y exigir respuestas; una narrativa de guerra puede legitimar respuestas exclusivamente militares y cerrar caminos de diálogo, prevención y transformación territorial.
La Defensoría plantea una respuesta integral: articular seguridad y defensa con prevención y protección de las comunidades. La seguridad no puede medirse solo por la presencia de soldados o policías, sino también por la posibilidad de transitar, estudiar, trabajar, acceder a servicios, organizarse y vivir sin amenazas. En democracia, la seguridad comienza por proteger la vida.
La alerta no debe esperar a convertirse en tragedia, Aún no puede afirmarse que los hechos del 7 y 8 de agosto constituyan una ofensiva nacional coordinada. Pero su simultaneidad, dispersión territorial, uso de drones y explosivos y afectación de espacios próximos a la población civil constituyen una señal que exige actuar.
La prevención existe precisamente para actuar antes. El nuevo Gobierno tiene la obligación de responder desde la protección de las comunidades y no únicamente desde la reacción armada. Los medios, por su parte, tienen la responsabilidad de mirar hacia los territorios, investigar y contextualizar aquello que ocurre lejos de las primeras páginas.
La sociedad colombiana tiene derecho a saber qué ocurre, dónde, por qué y quiénes están pagando sus costos. Cuando la violencia se vuelve invisible para una parte del país, quienes la padecen quedan aún más solos. La alerta de la Defensoría no debería ser otro comunicado que se pierde en la agenda informativa. Debería convertirse en una pregunta nacional:
¿Esperaremos nuevamente a que las comunidades sufran las consecuencias para reconocer que habían sido advertidas? Colombia no necesita acostumbrarse al horror. Necesita información, prevención, presencia estatal integral, garantías de derechos y decisiones capaces de enfrentar las causas profundas de la violencia. Hacer visible lo que ocurre en los territorios también es defender la vida.
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