Organizaciones sociales exigen garantías de seguridad y denuncian negligencia institucional ante la persecución sistemática de líderes y reclamantes de tierras en la región de la Orinoquía y pie de monte llanero.
La Red Territorial de Paz y Derechos Humanos de la Orinoquía y el Piedemonte Llanero ha emitido un comunicado urgente denunciando el grave riesgo que enfrentan líderes sociales en el departamento de Casanare.
El documento destaca el caso de Aurora Aguirre, defensora de derechos humanos que ha sufrido intentos de contacto sospechosos tras denunciar irregularidades en la administración pública de Orocué. La Red critica la tendencia de la Fiscalía a minimizar estas amenazas tildándolas de simples "llamadas extorsivas", ignorando el contexto de violencia sistemática que ya cobró la vida de líderes como Luz Marina Arteaga Henao en 2022.
Ante esta situación, exigen medidas de protección inmediata para Aurora Aguirre, Gloria Cecilia Martínez y Diego Montoya.
La Red Territorial de Paz y Derechos Humanos de la Orinoquía y el Piedemonte Llanero
Contenido Completo del Comunicado
Consideramos que en estos casos se evidencia un alto riesgo para la vida de las personas; ambos casos tienen un elemento común: las personas afectadas son reclamantes de tierras, liderazgos sociales y actores activos en la exigencia de derechos en el departamento de Casanare, y hacen parte de procesos organizativos articulados a la Red Territorial de Paz y Derechos Humanos de la Orinoquia y el Piedemonte Llanero.
Aurora Aguirre, quien es víctima de la violencia y defensora de derechos humanos, ha reportado intentos de contacto sospechosos por redes sociales y, al acudir a la institucionalidad, se encontró con barreras para la recepción de su denuncia, siendo remitida de un municipio a otro sin atención efectiva. Este tipo de actuaciones constituyen una forma de revictimización y un incumplimiento del deber estatal de garantizar acceso a la protección y a la justicia.
Estos incidentes y/o amenazas se presentan después de que la defensora de derechos humanos realizara veedurías y denuncias por presuntos malos manejos en la administración pública municipal de Orocué (Casanare) sobre recursos para las víctimas, lo que alerta a esta Red de derechos humanos. Recordemos que en enero de 2022 fue desaparecida y asesinada la líder y defensora de derechos humanos Luz Marina Arteaga Henao.
Expresamos especial preocupación frente a la respuesta reiterada por parte de la Fiscalía General de la Nación, que tiende a minimizar los hechos señalando que se trataría de llamadas provenientes de centros carcelarios con fines extorsivos. Si bien este fenómeno existe, advertimos que en estos casos no se trata de hechos aislados ni meramente delictivos en términos comunes, sino de situaciones que deben ser analizadas en su contexto: personas defensoras, reclamantes de tierras y liderazgos visibles que han sido objeto de amenazas sistemáticas.
Reducir estos hechos a simples llamadas de extorsión implica desconocer el contexto territorial, la historia de la región y los riesgos diferenciados que enfrentan los y las defensoras de derechos humanos, así como la posible existencia de patrones de persecución, amedrentamiento e intimidación contra quienes integran procesos organizativos en la región.
Recordamos que el Estado colombiano tiene la obligación constitucional e internacional de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, investigar de manera diligente los hechos denunciados y adoptar medidas efectivas de prevención.
Por lo anterior, solicitamos que se adopten medidas urgentes e integrales de protección para la señora Gloria Cecilia Martínez, el señor Diego Montoya, la señora Aurora Aguirre y las personas en riesgo:
A la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior: Activar un espacio para escuchar directamente a las víctimas de los hechos denunciados en el departamento de Casanare y conminar a las autoridades para que brinden protección e investigación a los hechos.
A la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República: Articular con las demás autoridades para que se brinde protección y atención urgente y efectiva a los defensores y defensoras del departamento.
A la Fiscal General de la Nación: Que se investiguen las denuncias y se articulen con las autoridades departamentales y nacionales para la protección de las personas amenazadas.
A la UNP Unidad Nacional de Protección: Estudiar, con personal idóneo, los casos que solicitan protección, no con personal de la región, pues existe dudas sobre como procede en el departamento la valoración del riesgo, dejando a defensores de derechos humanos vulnerables y sin protección. Además, activar mecanismos de protección suficientes y eficaces para las personas amenazadas.
Procuraduría General de la Nación: Investigar las actuaciones de los fiscales municipales y regionales en torno a su papel en la investigación a las denuncias de los y las defensoras de derechos humanos.
A la Procuraduría y Consejo Superior de la Judicatura: Revisar el comportamiento de los funcionarios de fiscalías a nivel regional y nacional que compete con acceso a la justicia y la protección.
Finalmente, es importante y reiteramos la necesidad de que se active una respuesta articulada de las entidades competentes y el acompañamiento de organismos de derechos humanos.
Defender los derechos no puede seguir siendo una actividad que ponga en riesgo la vida.
El documento cuenta con el respaldo de múltiples organizaciones, entre ellas: ASMMUSO, Corporación Claretiana, COBERPAZ, ASOPROCAM Casanare, ASOPROVICMA, AFROUNCAS, ASANTEFUR, CIRCUROCORA, ASOMUTEPAZ, ASOVIMARCCA y FUNSOCOCIAL.
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