Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*/ La región del Catatumbo vuelve a situarse en el centro del conflicto armado colombiano. En las últimas semanas se han registrado nuevos ataques con drones, desplazamientos de población civil y una expansión territorial de distintos grupos armados que buscan controlar uno de los corredores estratégicos más importantes del país: la frontera entre Colombia y Venezuela.
Los hechos más recientes, ocurridos en el corregimiento de Filo Gringo, municipio de El Tarra, revelan el nivel de escalamiento que vive la región. Durante varios minutos, un dron sobrevoló el poblado reproduciendo mensajes por altoparlante dirigidos a milicianos del ELN, invitándolos a desertar y unirse a las disidencias de las FARC. Tras el sobrevuelo se registraron explosiones y enfrentamientos armados en la zona.
Este episodio no es un hecho aislado. Forma parte de una disputa armada más amplia que involucra al ELN, al llamado Frente 33 de las disidencias de las FARC, al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en un momento de reconfiguración del conflicto armado en el nororiente colombiano.
El proceso de la Fiscalía contra el Frente 33. Recientemente se dio a conocer la imputación de cargos adelantada por la Fiscalía General de la Nación contra dirigentes o responsables del “Frente 33”, estructura auto proclamada disidencias de las FARC, que opera principalmente en Norte de Santander.
La investigación se centra en varios delitos graves, entre ellos: ataques contra la población civil mediante drones con explosivos, homicidios selectivos en comunidades rurales, desplazamiento forzado de poblaciones campesinas, reclutamiento de menores, control armado de economías ilegales, especialmente narcotráfico y contrabando en la frontera
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han documentado diversas denuncias de connivencia entre este grupo Frente 33 y el Ejército de Colombia, así mismo data que, desde marzo de 2025 se han producido múltiples ataques con drones en zonas rurales de El Tarra y Tibú. Los registros incluyen asesinatos de civiles, decenas de personas heridas y viviendas destruidas.
La utilización de drones con explosivos contra viviendas representa además una grave infracción al derecho internacional humanitario, al tratarse de ataques indiscriminados que afectan directamente a la población civil.
Catatumbo: una guerra por el control del corredor fronterizo
Más allá de los episodios concretos de violencia, lo que ocurre en el Catatumbo responde a una lógica geopolítica del conflicto armado colombiano. Esta subregión de Norte de Santander constituye uno de los corredores estratégicos más relevantes del país debido a su posición en la frontera con Venezuela y su conexión natural con otros territorios clave del nororiente colombiano.
El Catatumbo conecta la Serranía del Perijá con la frontera venezolana y forma parte de una red de rutas que enlaza el Caribe, el nororiente colombiano y la cuenca del Orinoco. Estas condiciones geográficas han convertido la zona en un eje fundamental para el tránsito de economías ilegales como el narcotráfico, el contrabando de combustibles y el tráfico de armas.
A ello se suma que el territorio posee condiciones favorables para los cultivos de coca y para el procesamiento de pasta base, lo que refuerza su valor estratégico dentro de las cadenas del narcotráfico regional.
Pero el valor del Catatumbo no se limita al control de economías ilícitas. Históricamente, este corredor fronterizo también ha tenido una dimensión política y geoestratégica. Diversos episodios de las últimas décadas han mostrado cómo la frontera ha sido utilizada como espacio de presión regional, escenario de operaciones encubiertas y plataforma para disputas políticas que involucran tanto dinámicas internas del conflicto colombiano como tensiones en la relación con Venezuela.
En ese sentido, controlar el Catatumbo significa controlar un sistema de corredores que conecta el interior del país con redes criminales transnacionales y con intereses geopolíticos más amplios. Esta combinación, economías ilegales, disputa territorial y proyección fronteriza, convierte a la región en un punto especialmente sensible dentro del mapa del conflicto.
Por esa razón, el conflicto en la zona ha adquirido una dimensión mayor, donde no solo se enfrentan guerrillas como el ELN y las autodenominadas disidencias de las FARC, sino también estructuras armadas heredadas del paramilitarismo que buscan posicionarse en el control de estas rutas.
La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre un nuevo factor de riesgo, la expansión territorial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el nororiente del país.
Esta estructura armada, que actualmente libra una disputa con el Clan del Golfo por el control de territorios en la región Caribe, ha comenzado a proyectarse hacia zonas del Cesar y de Norte de Santander, particularmente en áreas cercanas a Ocaña, un punto clave en la conexión entre el Catatumbo y los corredores que atraviesan la Serranía del Perijá.
El avance de estas estructuras podría reconfigurar nuevamente el mapa del conflicto armado en la región. Si estos grupos logran consolidar presencia en los corredores que conectan el Caribe con el Catatumbo, se abriría la posibilidad de un nuevo sistema de control territorial que abarcaría varios departamentos y reforzaría el dominio sobre rutas estratégicas del narcotráfico y otras economías ilegales.
Conectar territorios entre la Sierra Nevada, el Perijá y Catatumbo permitiría construir un corredor que facilitaría el control de rutas estratégicas de economías ilegales.
La consecuencia es la convergencia de diversos actores armados en un mismo espacio territorial: ELN, Frente 33 de las disidencias, Clan del Golfo, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Ejército de Colombia y presencia militar de EEUU.
Este cruce de intereses convierte a la región en un escenario altamente volátil.
Indicios de alianzas y tolerancias armadas, en medio de esta disputa han surgido denuncias y observaciones de organizaciones sociales sobre posibles relaciones de tolerancia o cooperación entre sectores de la fuerza pública y algunos grupos armados ilegales.
Históricamente, el Catatumbo ha sido escenario de alianzas informales entre estructuras paramilitares y sectores estatales para disputar el control territorial frente a guerrillas.
En el contexto actual, varios indicios han sido señalados por organizaciones de derechos humanos, presencia de retenes ilegales sin reacción inmediata de la fuerza pública, circulación de estructuras paramilitares en zonas con fuerte presencia militar, operaciones armadas dirigidas prioritariamente contra el ELN.
Estas denuncias requieren investigaciones independientes, sin embargo, para las comunidades locales alimentan la percepción de que parte de la disputa territorial estaría atravesada por alianzas tácticas entre actores armados.
Drones, propaganda y guerra psicológica. El uso de drones para transmitir mensajes a combatientes rivales representa una evolución en las tácticas del conflicto.
En el caso de Filo Gringo, el aparato aéreo no solo sirvió como herramienta militar sino también como instrumento de propaganda y guerra psicológica.
Los audios difundidos buscaban desmoralizar a milicianos del ELN e incentivar deserciones, mientras que las amenazas contra la población civil generaron desplazamientos inmediatos.
Este tipo de operaciones muestra una creciente sofisticación tecnológica en grupos armados que hace pocos años operaban con medios mucho más rudimentarios.
Un escenario de alto riesgo humanitario. El fin de las treguas electorales y la expansión de nuevos actores armados aumentan el riesgo de que Catatumbo regrese a los niveles de violencia que vivió en 2025, cuando la región enfrentó una de las crisis humanitarias más graves del país en las últimas dos décadas.
Las consecuencias ya comienzan a sentirse, desplazamientos masivos, suspensión del calendario escolar, confinamiento de comunidades rurales, restricciones a la movilidad, presencia de minas antipersonal.
Las organizaciones sociales advierten que, si la tendencia actual continúa, el Catatumbo podría convertirse nuevamente en el epicentro del conflicto armado colombiano.
Un territorio en disputa en medio de un momento geopolítico complejo. El contexto internacional también influye en lo que ocurre en la región. La frontera con Venezuela continúa siendo un espacio de tensiones políticas, económicas y criminales.
En ese escenario, los grupos armados buscan consolidar posiciones estratégicas antes de eventuales cambios en las relaciones bilaterales o en las políticas de seguridad.
El Catatumbo aparece así como un territorio clave dentro de una disputa más amplia, una lucha por el control de rutas, territorios y economías ilegales que trasciende las dinámicas locales y se inscribe en un punto de interés geopolítico.
Mientras tanto, las comunidades campesinas siguen siendo las principales víctimas de una guerra que, una vez más, amenaza con desbordarse.
_______
Catatumbo, frontera, paramilitarismo y disputa geopolítica en el norte de Suramérica
