Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* / Aunque 2025 registró menos hechos que en años anteriores, el nuevo informe de Temblores evidencia una continuidad preocupante: uso letal de la fuerza, muertes en custodia, abusos en protestas y débil justicia. La reforma policial sigue siendo una deuda estructural.
La organización Temblores ONG presentó su más reciente informe anual a través de la Plataforma GRITA, herramienta creada en 2020 para documentar, verificar y analizar hechos de violencia policial en Colombia. El reporte, correspondiente a 2025, último año completo del gobierno de Gustavo Petro, ofrece un balance que combina una disminución sostenida frente a años anteriores con señales de estancamiento, persistencia de patrones estructurales y débil aplicación de justicia.
El informe registra 94 hechos de violencia policial, con 122 víctimas en 2025. Aunque desde 2022 se observa una reducción progresiva en el número de casos, la caída entre 2024 y 2025 fue apenas del 14,5%, la más baja desde que comenzó la tendencia descendente. Para las organizaciones, este freno “prende alarmas” sobre la profundidad de las reformas adelantadas.
Cifras clave: menos casos que en el pasado, pero patrones persistentes
De los 94 hechos documentados:
3 casos de violencia homicida
44 casos de violencia física
16 detenciones arbitrarias
25 casos de violencia administrativa y judicial
45 procedimientos irregulares (única categoría que aumentó, con un crecimiento del 33%)
31 casos de hostigamiento
9 hechos de discriminación
3 casos de tortura, incluido un trauma ocular
Bogotá concentró el 50% de los casos, seguida por Cundinamarca (16%) y Norte de Santander (5,3%). Incluso al medir por millón de habitantes, la capital mantiene el mayor índice.
El 48,9% de los hechos ocurrieron en el espacio público, en contextos de ocio, tránsito, trabajo informal o actividades artísticas y comunitarias. Según el informe, esto revela que el espacio público sigue siendo concebido bajo lógicas de control y expulsión, más que como escenario de derechos.
Protesta social. Menos intervenciones, pero persistencia de abusos. El 20,2% de los casos se produjo en contextos de protesta. La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), creada tras la transformación del Esmad, realizó 2.124 servicios en 2025, con uso de la fuerza en el 4,9% de ellos.
Si bien la reducción de intervenciones es significativa frente a los picos de 2020 y 2021 durante el gobierno de Iván Duque, el informe advierte que cuando se empleó la fuerza persistieron abusos, incluidos disparos de gas lacrimógeno en espacios cerrados como universidades públicas y uso indebido de dispositivos eléctricos (taser) con fines punitivos.
Uso letal de armas y muertes bajo custodia. Los tres homicidios documentados en 2025 fueron cometidos con arma de fuego. Dos de las víctimas eran mujeres y una era una niña de 8 años que murió tras un disparo indiscriminado en medio de un procedimiento policial.
Adicionalmente, el informe documenta 10 muertes en custodia policial, nueve en estaciones o CAI y una en Centro de Traslado por Protección. En ocho casos, las víctimas fallecieron tras un incendio dentro de una estación, en medio de denuncias de omisión de socorro.
Según el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas, las muertes en custodia presumen responsabilidad estatal, aun si no existe autoría directa probada.
Víctimas: jóvenes, estudiantes y poblaciones vulnerables. El 54% de los casos afectó a personas con alguna condición de vulnerabilidad. La población más violentada fue la estudiantil (15,7%), seguida por personas defensoras de derechos humanos, personal de misión médica, usuarias de sustancias psicoactivas, personas mayores, mujeres embarazadas y artistas urbanos. El 71% de las víctimas fueron hombres cisgénero; sin embargo, en los homicidios el 66% correspondió a mujeres.
Subregistro y débil acceso a justicia. Aunque la Plataforma GRITA no registró casos de violencia sexual en 2025, datos del Instituto de Medicina Legal reportan al menos 65 hechos asociados a agentes policiales. La divergencia evidencia barreras estructurales de denuncia, miedo a represalias y desconfianza institucional.
A cinco años del llamado “estallido social” de 2021, múltiples casos de jóvenes víctimas de violencia policial continúan sin esclarecimiento judicial definitivo. La persistencia de la impunidad y la lentitud procesal refuerzan la percepción de controles internos insuficientes y de una justicia disciplinaria y penal que no logra romper con prácticas históricas.
Continuidad en la estructura, no solo en las cifras. El informe identifica un cambio en los actores involucrados: mientras en 2024 la Undmo ocupaba el segundo lugar en participación, en 2025 el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) pasó a esa posición, lo que sugiere el despliegue de unidades diseñadas para escenarios excepcionales en contextos cotidianos, con riesgos de desproporcionalidad.
Asimismo, se señala la corresponsabilidad de autoridades locales en operativos de “recuperación del espacio público” que terminan criminalizando pobreza, trabajo informal y protesta.
Balance político: reformas parciales, transformación incompleta. El informe se publica en un momento de cierre de gobierno y apertura del debate electoral. Si bien las cifras están lejos del pico registrado durante el gobierno de Iván Duque, los datos muestran una continuidad estructural: uso excesivo de la fuerza, persistencia de procedimientos irregulares, muertes bajo custodia y débil rendición de cuentas.
La reducción numérica no ha significado una transformación profunda de la doctrina policial ni del sistema de control y sanción. El aumento de los procedimientos irregulares y la desaceleración en la caída de los casos indican que las reformas adelantadas resultaron insuficientes para modificar las lógicas internas que permiten la reproducción de la violencia.
Llamado a profundizar la reforma. Temblores y la Plataforma GRITA reiteran la necesidad de avanzar hacia una reforma policial estructural que incluya:
Revisión estricta del porte y uso de armas de fuego en patrullaje.
Fortalecimiento de mecanismos independientes de investigación.
Garantías reales para denunciantes y víctimas.
Reformulación del enfoque de control del espacio público.
Transparencia en datos y acceso ciudadano a información.
En un país que aún no ha cerrado las heridas del estallido social ni esclarecido plenamente la violencia contra jóvenes manifestantes, el informe de 2025 deja una conclusión clara, la tendencia descendente existe, pero la transformación estructural sigue pendiente.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, catedratico ITM, integrante REDIPAZ y Kavilando.
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