Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* Redipaz // Montes de María vuelven a ser escenario de una disputa histórica entre comunidades campesinas y poderes agroindustriales que, con violencia privada y amparo político, buscan consolidar el despojo.
María La Baja, en los Montes de María (Bolívar), no es un territorio cualquiera. Es una geografía marcada por la guerra, el desplazamiento forzado, el paramilitarismo y el despojo sistemático de tierras en favor de grandes intereses agroindustriales. Allí, donde durante décadas confluyeron la violencia armada, la complicidad empresarial y la inacción estatal, las comunidades campesinas y afrodescendientes han sostenido una lucha larga, digna y persistente por tierra, justicia y vida.
El pasado 26 de enero de 2026, familias de la Asociación de Campesinos Afrodescendientes de María La Baja (ASOCAAFRO) iniciaron la recuperación pacífica del predio conocido como “La Franja”, un baldío de la Nación cuya ocupación ilegal ha sido denunciada desde hace más de diez años. La acción comunitaria contó con verificación en terreno de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
La respuesta no fue institucional, sino violenta.
Entre el 26 y el 29 de enero, grupos de seguridad privada y personal contratado, actuando bajo órdenes de la empresa OLEOFLORES, ejecutaron un desalojo intimidatorio, con uso desmedido de la fuerza, hostigamientos y amenazas contra población campesina desarmada. ASOCAAFRO señala de manera directa a Carlos Murgas Jr., a sus trabajadores y a particulares que operaron como fuerza de choque, suplantando funciones del Estado y reproduciendo lógicas paramilitares que la región conoce demasiado bien.
Un despojo que no es nuevo.
Lo ocurrido no es un hecho aislado. En los Montes de María, el despojo ha sido una política no declarada: primero con fusiles, luego con títulos amañados, empresas de seguridad privada y monocultivos impuestos. Palma africana, piña y otros proyectos extractivos han avanzado sobre tierras campesinas, cooptando incluso infraestructura pública como el Distrito de Riego de María La Baja, hoy deteriorado y funcional a intereses agroindustriales, mientras las comunidades carecen de acceso real al agua.
La historia es conocida: paramilitarismo, alianzas entre empresarios y actores armados, desplazamiento masivo y posterior “legalización” del robo de la tierra. Frente a ello, las comunidades no han claudicado. Han acudido a la vía institucional, han resistido, han vuelto una y otra vez al territorio.
Una convocatoria urgente al Estado.
Ante la gravedad de los hechos, ASOCAAFRO convocó de manera urgente y obligatoria a las principales autoridades agrarias, judiciales y territoriales del país —Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, Unidad de Restitución de Tierras, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Bolívar y alcaldías locales— a una Mesa de Definición y Cumplimiento, el próximo 3 de febrero de 2026, en el propio territorio.
La comunidad es clara: no se trata de diagnósticos ni de nuevas caracterizaciones. Exigen decisiones inmediatas en tres puntos centrales:
Garantías reales para el retorno inmediato de las familias a “La Franja”, con acompañamiento estatal y judicialización de los responsables del desalojo violento.
Titulación y entrega material ya de los baldíos reclamados, y un plan de choque para recuperar las tierras usurpadas en todo el Distrito de Riego.
Recuperación del Distrito de Riego de María La Baja para las comunidades, protegiendo la infraestructura pública y garantizando participación democrática, hoy secuestrada por la agroindustria.
Autotutela y dignidad campesina.
ASOCAAFRO ha advertido que, si el Estado no comparece con capacidad real de decisión, la comunidad se declarará en Asamblea Permanente y avanzará en una toma pacífica de la vía nacional, como mecanismo legítimo de presión ante el abandono institucional.
No es una amenaza: es el grito de territorios cansados de promesas incumplidas. Cuando el Estado no garantiza derechos, las comunidades se ven forzadas a defenderlos directamente.
Por una paz real y transformadora.
Lo que ocurre en María La Baja interpela el discurso oficial de “paz”. No hay paz posible sin tierra, sin agua, sin justicia social. No hay paz mientras persistan prácticas de despojo protegidas por la violencia privada y la impunidad. No hay paz si el Estado sigue llegando tarde o no llegando.
Desde los Montes de María, las comunidades vuelven a recordarle al país que la paz no se decreta, se construye desde abajo, con transformaciones reales, desmontando las alianzas entre poder económico, violencia y política.
La lucha de ASOCAAFRO no es solo local: es parte de una batalla continental por la dignidad campesina, la soberanía territorial y el derecho de los pueblos a vivir y producir en sus tierras. Sin justicia agraria no habrá paz. Sin comunidades vivas y organizadas, no habrá futuro.
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