Por: Instituto Anticorrupción (IA)
Mediante Comunicado Público el Instituto Anticorrupción radicó queja disciplinaria en contra del Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda y Crédito Público por incumplir el deber de hacer públicos los contratos suscritos con AstraZeneca, Pfizer, el acuerdo multilateral suscrito con el mecanismo COVAX, entre otros.
Por: Procuraduría Colombia
El Ministerio Público investiga si CORNARE a través de la Resolución No. 112-3635-2018 otorgó licencias y permisos ambientales a ISAGEN, para la construcción de la Hidroeléctrica Palagua en el departamento de Antioquia, sin que al parecer la empresa de energía cumpliera con el requisito exigido sobre el estudio de impacto ambiental de alterativas.
Por: Naiara Galarraga Gortázar. El País.
El horizonte económico del gigante latinoamericano empeora con una deuda pública que supera el 100% del PIB y la demora de la vacuna
Por: Colección de Alertas sobre economía verde.
Se puede sugerir, entonces, que la principal búsqueda de lo verde está en el color del dólar, no en el urgente replanteamiento de las relaciones extractivas con la naturaleza y, ni siquiera, en la lucha contra el cambio climático.
Por: El Colombiano
EL COLOMBIANO revela el expediente que la compromete a girar 20 millones de dólares en Georgia. La firma advierte que ya despidió a los responsables de violar leyes antimonopolio.
Por: TalCula Digital
El trabajo realizado por el diario estadounidense Washington Post reseñó que entre los activos se encuentran acciones de empresas, automóviles de lujo, lujosas casas y deudas no cobradas vinculadas a Pdvsa
Por: INFOBAE
Este 24 de diciembre, el presidente Iván Duque firmó el decreto que establece el aumento del salario de los congresistas en un 5.12%, a pesar de la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia del covid-19.
La paz territorial vuelve a quedar en entredicho en el sur de Córdoba. En una denuncia pública del 27 de octubre de 2026, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR) y ASODECAS cuestionaron las amenazas de retirar beneficios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y la advertencia de recurrir a la Fuerza Pública si las comunidades impiden nuevas visitas de verificación.
Tras reunirse en Bogotá, miles de delegados urbanos, populares e internacionales declararon la lucha permanente por la vivienda, el agua y el territorio, haciendo un llamado a la organización y al Paro Nacional convocado en noviembre.
En Medellín, una ciudad que se jacta de ser "innovadora" y "desarrollada", 149 familias del barrio La Divisa (entre San Javier y San Cristóbal) enfrentan el anuncia de desalojo y la demolición de sus casas.
