A la vez la Iglesia exhorta al Estado a que, antes de autorizar el inicio de cualquier actividad extractiva, garantice la consulta previa así como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Las normas legales de la mayoría de los países de América Latina prevén que el Estudio de Impacto Ambiental sea realizado por las Empresas concesionarias antes de realizar el proyecto extractivo, como parte de las condiciones que lleven a su aprobación. Los EIA son, por lo tanto, un documento de las partes interesadas. Por esta razón es necesaria que la función pública de revisión de los EIA sea realizada con imparcialidad y según criterios científicos internacionalmente establecidos. También la Iglesia exhorta al Estado a informar a la población adecuadamente sobre los resultados del estudio.
41. De la misma manera pide al Estado que implemente, aplique y lleve a cabo procesos de consulta, facilitando la participación de los/las representantes de los pueblos y comunidades indígenas afectadas por los proyectos mineros en la toma de decisiones sobre la posible realización de dichos proyectos.
42. La Iglesia recuerda al Estado y a las empresas mineras que “es urgente llegar a conjugar la tecnología con una fuerte dimensión ética”[1] y que hay que incentivar “la investigación y la explotación de energías limpias que preserven el patrimonio de la creación y sean inofensivas para los seres humanos”[2] y recalca que estas deben ser prioridades políticas y económicas.[3]
43. La Iglesia pide con insistenciaque las empresas mineras actúen con responsabilidad social y ambiental, respeten los contratos establecidos, velen por la seguridad y la salud de sus trabajadores y les den una remuneración justa. Al Estado queda la fundamental tarea de verificar que así sea, función que debe realizar con imparcialidad, rigor técnico y transparencia.
44. Asimismo siente el deber de promover entre los empresarios una ética basada en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
45. Respecto de la consulta previa la Iglesia reafirma su compromiso de contribuir con la difusión de toda información amplia, plural y objetiva sobre el complejo tema de las industrias extractivas, así como de los beneficios y riesgos que ésta conlleva, a través de su red de radios y otros medios de comunicación. Con ello la Iglesia desea contribuir a que la población pueda estar informada y tomar una decisión fundada y crítica, elaborando propuestas alternativas para defender sus derechos vía la argumentación y el dialogo.
46. La Iglesia se compromete a empeñar sus “esfuerzos en la promulgación de políticas públicas y participaciones ciudadanas que garanticen la protección, conservación y restauración de la naturaleza” (DA 474d). Para ello, en la pastoral se deben diseñar con creatividad acciones concretas que tengan incidencia en los Estados para la aprobación de políticas sociales y económicas que atiendan las variadas necesidades de la población y conduzcan hacia un desarrollo sostenible” (DA 403). Por lo mismo sigue apoyando a la sociedad civil a “determinar medidas de monitoreo y control social sobre la aplicación en los países de los estándares ambientales internacionales” (DA 474e).
47. La Iglesia acoge el llamado de SS. Benedicto XVI de que es necesario un “cambio de mentalidad [para] llegar rápidamente a un estilo de vida global que respete la alianza entre el hombre y la naturaleza, sin la cual la familia humanan puede desaparecer.”[4] Para ello se compromete a contribuir decididamente a este cambio de mentalidad y a generar una práctica coherente.
48 La Iglesia afirma su compromiso que “como discípulos y misioneros al servicio de la vida, acompañamos a los pueblos indígenas y originarios en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, la defensa del territorio [...] y la defensa de sus derechos. Nos comprometemos también a crear conciencia en la sociedad acerca de la realidad indígena y sus valores, a través de los medios de comunicación social y otros espacios de opinión” (DA 530).
El CELAM se empeñará en fomentar el diálogo con las Conferencias Episcopales de los Estados Unidos, Canadá y Europa sobre las cuestiones de las industrias extractivas y la misión de la Iglesia. Impulsará una coordinación de los respectivos esfuerzos pastorales que ya se están realizando en la Iglesia latinoamericana y fortalecerá los lazos de solidaridad con los agentes pastorales, los líderes sociales y los defensores y defensoras de los derechos humanos que están amenazados y perseguidos. A la vez intensificará los vínculos existentes con el Pontifico Consejo Justicia y Paz.
Asimismo el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM se compromete a dar un seguimiento integral a la temática y compromisos del Seminario profundizando la reflexión sobre las diferentes dimensiones del tema desde la Doctrina Social de la Iglesia.
Lima, junio de 2011
(cllik aquí para ver en anexo PDF, texto completo)
[1]SS Benedicto XVI en su alocución a los nuevos embajadores ante la Santa Sede el 09 de Junio de 2011.
[2]Ibid.
[3] Cfr. ibid.
[4]SS Benedicto XVI en su alocución a los nuevos embajadores ante la Santa Sede el 09 de Junio de 2011.
