La Personería de Medellín, comprometida desde el año 2007 con los Derechos Humanos de la población LGBTI, ha señalado en sus informes el alto grado de vulnerabilidad a la que está expuesta esta población (transgeneristas, es decir, transformistas, travestis y transexuales, principalmente por la discriminación, las condiciones de seguridad y el acceso a la salud).

La alianza de organizaciones de la sociedad civil  integrada por REDEPAZ, la Corporación Nuevo Arco Iris, CODHES, el Instituto Popular de Capacitación y la Fundación Forjando Futuros, expresamos nuestra preocupación por los hechos ocurridos en el Municipio de Apartado, el día lunes 20 de febrero del 2012, alrededor de la líder y dirigente de la Asociación Nacional para la restitución y el acceso a la tierra “ Tierra y Vida”, pues el hecho de que se hayan colocados dos artefactos explosivos cerca de su lugar de vivienda, hace creer que nuevamente los actores violentos pretenden seguir ejerciendo acciones amenazantes y de intimidación contra la vida y la integridad de personas que como Carmen Palencia, realizan pese a las adversidades, la defensa de los derechos de las víctimas y en particular la lucha por la restitución de tierras en el país y en la región de Urabá.

Y si quisiésemos ahondar más en esta compleja problemática, baste con decir que, paradójicamente, Colombia también figura en el contexto internacional como un país modelo en legislación sobre trasplantes. Algo que, también, de poco o nada ha servido para frenar la insensibilidad de los comerciantes de la salud.

Ante la amenaza inminente de desalojo violento de los campesinos en resistencia en la zona de Domingo Arias que defienden su derecho al trabajo y el Río de la Patria, PLATAFORMA SUR DE ORGANIZACIONES SOCIALES declara ante la opinión pública:  

Ante las múltiples violaciones a los Derechos Humanos y las continuas transgresiones al Derecho Internacional Humanitario entre 2010 y 2011, la CIDH, ha otorgado Medidas Cautelares (MC) a cuatro grupos vulnerables del Suroccidente del País.

Desde hace varias décadas, los gobernantes colombianos vienen trabajando la tesis, de ensuciar a los demócratas, luchadores populares y revolucionarios, para que la población pierda fe y confianza en los valores altruistas, que deben hacer parte de una sociedad que aspira a vivir en justicia.

La Fundación Territorios Por Vida Digna y Censat-Agua Viva denuncian a la opinión pública, a la Comunidad Nacional e Internacional, el violento desalojo por parte del Escuadrón Movil Anti Disturbios –ESMAD- del cual han sido víctimas los pescadores artesanales, las organizaciones y personas que vienen movilizándose pacíficamente en contra del proyecto de construcción de la hidroeléctrica El Quimbo en el departamento del Huila, sur de Colombia.

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