Y si quisiésemos ahondar más en esta compleja problemática, baste con decir que, paradójicamente, Colombia también figura en el contexto internacional como un país modelo en legislación sobre trasplantes. Algo que, también, de poco o nada ha servido para frenar la insensibilidad de los comerciantes de la salud.
De poco o nada ha servido que la medicina en el mundo reconozca el liderazgo de Colombia, y en especial de Medellín, en el tema de trasplantes de órganos y tejidos. De poco o nada ha servido que entre nosotros la cultura de la donación sea una realidad.
De poco o nada ha servido que ese acto solidario de donar en vida nuestros órganos sea el resultado conseguido durante muchos años con el esfuerzo y la paciente labor de cientos de personas, pertenecientes a entidades como el Hospital San Vicente de Paúl, la Universidad de Antioquia y la Asociación Nacional de Trasplantados. Eso a las empresas prestadoras o comercializadoras de la salud las tiene sin cuidado. Lo suyo es el negocio y no el servicio. Lo suyo es para clientes y no para pacientes.
Si esos logros fuesen reconocidos y respetados, como corresponde, no habría pacientes sin ni siquiera la expectativa de que se les ingrese a las listas de espera, proceso necesario para, por lo menos, abrir la posibilidad de acceso a una cirugía de trasplante.
En el caso de los enfermos renales, a éstos se les condena ¡por años! a estar conectados a una máquina de diálisis y se les cierran las posibilidades de recibir en donación un riñón que mejore su calidad de vida.
Gloria Cecilia Calle Uribe, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Trasplantados, habla claro y sin tapujos: “En realidad se ha avanzado muchísimo en la cultura de donación de órganos porque hay conciencia en la gente. Sin embargo, hemos retrocedido muchísimo toda vez que si bien hay donantes no encontramos que las EPS autoricen los protocolos para el trasplante”.
Esta negligencia, además de un ataque contra la vida de los pacientes, es un atentado grave contra la voluntad de los donantes que ven frustrada su decisión altruista. De ahí que se hayan invertido los papeles: hay donantes y faltan receptores.
A esta injusticia se suman otras. Según la directora Gloria Cecilia Calle Uribe, las EPS y las IPS habilitadas con programas de trasplante dilatan la decisión hasta el punto de que una autorización para un protocolo de trasplantes obliga a los pacientes a la realización de cuarenta o cincuenta exámenes en un lapso exagerado de cuatro meses, cuando podrían ser una o dos semanas, con el agravante de que al final de este periodo ha caducado la fecha de muchos de los primeros exámenes. “Eso es lamentable debido a que el paciente tiene que volver a empezar ese viacrucis, con los concernientes gastos que ello conlleva porque al paciente se le somete a un turismo por toda la ciudad pues los exámenes no están centralizados en una sola institución sino hasta en siete instituciones diferentes”, agrega.
Pero hay un interrogante por resolver: ¿Y por qué a un paciente se le condena a vivir conectado a una máquina de diálisis? “Porque a las unidades renales les interesa más que el paciente esté conectado por años a esas máquinas, puesto que ello significa recursos y un flujo financiero. No les importa que cada día la calidad de vida del paciente se deteriore”, responde la directora ejecutiva de la Asociación de Trasplantados.
La gravedad de este drama condujo a la Asociación a concertar un trabajo mancomunado con la Personería de Medellín, lo que ha permitido que a muchas personas que ya tienen todos los exámenes se les autorice el trasplante. Pero esta acción eficaz, que incluye jornadas jurídicas y de capacitación sobre los derechos que tienen los pacientes, no significa la resolución del problema que a todas luces reclama la acción enérgica de los entes de control y del Ministerio de Salud.
Así las cosas, no pasará de ser letra muerta el objetivo de la Red de Donación y Trasplantes, responsable de la promoción, donación, extracción, trasplante e implante de órganos y tejidos, “con el objeto de hacerlos accesibles en condiciones de calidad, en forma oportuna y suficiente a la población, siguiendo los principios de cooperación, eficacia, eficiencia, equidad y solidaridad”.
Dicha Red, con su aparente inoperancia, podría estar incurriendo en una injusticia de las mismas proporciones de las EPS y las IPS, con el agravante de que ella la integran el Instituto Nacional de Salud (INS, adscrito al Ministerio) y las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, junto con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud habilitadas con programas de trasplante o implante y los Bancos de Tejidos y Médula Ósea.
Por disposiciones legales, el INS coordina la Red y la labor de las cinco regionales que existen a nivel nacional: Bogotá, Antioquia, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Ninguna de ellas, dice la directora Gloria Cecilia Calle, escapa de la problemática descrita, que involucra en todo el país –según cifras de la Asociación Colombiana de Nefrología– a 23.000 personas con insuficiencia renal crónica terminal, de las cuales una mayoría podría acceder a la remota posibilidad de un trasplante pero no lo logran por la situación descrita. En listas de espera están más de 3.000 personas, el 10% de ellas, aproximadamente, correspondiente a niñas y niños que fallecen a diario porque, en estos casos, no hay suficientes donantes.
Y si quisiésemos ahondar más en esta compleja problemática, baste con decir que, paradójicamente, Colombia también figura en el contexto internacional como un país modelo en legislación sobre trasplantes. Algo que, también, de poco o nada ha servido para frenar la insensibilidad de los comerciantes de la salud.
“Desde el año pasado la Asociación viene realizando un trabajo supremamente exitoso, donde les informamos a los pacientes que un trasplante es la mejor opción terapéutica y lo urgimos a que le planteen a los médicos que el trasplante es un derecho del paciente
Josefina Díaz Restrepo
Trabajadora Social
Unidad de Adolescentes Facultad de Medicina
Universidad de Antioquia
