La FIDH y organizaciones colombianas que conforman la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCE-EU, presentaron en el día de hoy, en audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe según el cual, bajo el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se habrían producido por lo menos 85 casos de violaciones al derecho a la vida cometidas por agentes de la Fuerza Pública, tipificadas en el derecho internacional como ejecuciones extrajudiciales, lo cual contradice la anunciada política gubernamental de “cero tolerancia” frente a estos crímenes. 

Con el propósito de apoyar a las víctimas en sus procesos de reparación y reclamación de predios y, en general, en la defensa de sus derechos; algunos concejales y organizaciones sociales de Medellín coincidieron en la necesidad de crear un modelo de atención integral y representación jurídica para las víctimas del conflicto armado en la ciudad.

Carta enviada al presidente Juan Manuel Santos por las organizaciones Tierra y Vida, Redepaz, Nuevo Arco Iris, Instituto Popular de Capacitación (IPC) y Forjando Futuros, las cuales denuncian la creación de nuevos trámites -por parte de la Unidad de Restitución de Tierras- que entorpecen el proceso de reclamación y restitución de predios.

El caso de La Colosa, en Cajamarca, es uno de los casos más emblemáticos del actual modelo minero-extractivista que se busca imponer en Colombia en beneficio del gran Capital. Con este proyecto, se está militarizando y atropellando a la población campesina, mientras se posterga la soberanía alimentaria del pueblo colombiano para que una multinacional se lleve el monte y contamine con cianuro los cursos de agua. Este proyecto es paradigmático de la insostenibilidad social y ambiental del modelo de desarrollo dependiente y atrofiado imperante en Colombia.

El Centro de Atención Laboral se concibe como una instancia de ayuda jurídica a las y los trabajadores, especialmente a aquellos que no están sindicalizados y por tanto son más vulnerables a la violación de sus derechos. Pero también recibe casos de sindicatos que por sus limitaciones, o la razón que sea, precisan de apoyo jurídico, en especial cuando sus directivos y afiliados son víctimas de presiones, despidos, acciones arbitrarias por parte de patronos o mandos medios, que con esas actitudes tratan de debilitar al sindicato, cuando no borrarlo del mapa sindical.

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