Formación, Género Y Luchas Populares

Es evidente que pertenece a uno de los combos que se disputan el barrio, no importa que traiga el uniforme del colegio como es debido: camisa por dentro, correa que combina con los zapatos, un peinado aplacado. No importa que en el recreo sea muy popular y que todos lo llamen por el nombre. Cuando dijo que él y sus amigos tienen una pelea con los muchachos del barrio de abajo, todo quedó claro. Son las diez de la mañana y hablamos en una banca. El colegio se inunda de gritos, los adolescentes juegan fútbol en la pequeña cancha, un muchacho le coquetea a una chica rubia mientras le muerde la oreja, un profesor les da órdenes a las parejitas amorosas, a los hombrecitos que se corretean con los puños furiosos por los aires. 

Pido ayuda para que me identifiquen una nación democrática, una sola, que acepte como magistrado de alta corte a alguien con los siguientes antecedentes de vida: 1) asesorar a un amigo de Mancuso, extraditado por narcotráfico y confeso asesino de al menos 300 personas; 2) ocultar sus ganancias de $500 millones y evadir el pago de los impuestos correspondientes; 3) relacionarse con una investigada que porta brazalete electrónico del Inpec e irse a celebrar con ella su elección; 4) haber sido denunciado por falsedad en documento privado, fraude procesal y abuso de confianza, delitos de los que se salvó de ser investigado por prescripción, no porque demostrara que era inocente; 5) haber sido imputado, es decir acusado, de falsedad material en documento público, agravada por el uso, y de estafa.

El general (r) Luis Alfonso Zapata está citado mañana a interrogatorio, dentro del proceso contra miembros del Ejército por su participación en la masacre de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en febrero del 2005.

Testigos señalan que Zapata autorizó el operativo que terminó en la masacre, conocido como Fénix y ejecutado por 15 paramilitares y 5 uniformados que ya confesaron y están condenados. Pero ese no es el único tema por el que Zapata y otros militares serán interrogados.

Ad portas del examen periódico Universal (EPU) sobre la situación de derechos humanos en Colombia, vergonzosamente el Consejo de Estado anuló la destitución del General Álvaro Velandia Hurtado como responsable de la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista por razones de forma, al considerar que a la Procuraduría se le vencieron los términos legales para notificarle su destitución en 1995. El fallo condena a la Procuraduría a pagar al General todos los sueldos dejados de recibir desde 1995.

En el marco del Encuentro solidario con las luchas agrarias y populares y los diálogos de paz, realizado en Dublín los días 20 y 21 de Abril, recibimos un saludo de cinco de los compañeros presos de La Marina, injustamente encerrados en la cárcel de Picaleña en Ibagué, Tolima. En estas conmovedoras cartas, los presos nos comparten sus angustias y padecimientos, la preocupación por el impacto que este encierro está teniendo en sus familias: sus fincas están desatendidas, enrastrojadas; sus hijos, muchas veces, han tenido que abandonar la escuela para poder sostener las familias y poder apoyar a sus padres que, en la cárcel, no reciben implementos básicos de higiene como son el papel higiénico o la pasta dental. 

DOS GRANDES MENTIRAS, TEJIDAS durante años por el Estado y los medios de comunicación, y bien asimiladas por la ciudadanía, son los principales obstáculos del apoyo al proceso de paz. La primera es que las Farc son delincuentes comunes. La segunda, que están al borde de la derrota.

Fueron los instrumentos más poderosos para destruir políticamente a las Farc. La primera la fraguó Andrés Pastrana, la segunda, Álvaro Uribe. Pero hoy la primera constituye una barrera moral para la negociación de la paz, porque si son delincuentes comunes, no debería otorgárseles beneficios políticos para hacer proselitismo electoral. La segunda constituye una barrera práctica. Si están al borde de la derrota, para qué negociar en lugar de mantener la presión militar.