Hace casi una década que la islamofobia estalló en EE.UU. Fue cuando el World Trade Center y el Pentágono fueron atacados por terroristas de al-Qaida. Existía antes del 11-S, pero las víctimas de ese día y el terror en general que se infligió a este país hicieron que muchos, muchos estadounidenses recelaran de los árabes y, con bastante rapidez, de la religión profesada por los terroristas.
Hemos emprendido el camino de legislar para aportar en la construcción del país justo y posible que nos merecemos todas y todos los colombianos. El primer paso de ese camino lo hemos denominado Congreso de Tierra, Territorio y Soberanías que para su preparación desarrolló el pasado mes de mayo su Seminario Preparatorio, donde se ratifica que vamos a prepararnos y atrevernos a legislar desde las comunidades.
En Arauca, con mayor intensidad que en el resto del país, estamos gastando tantos recursos como los países desarrollados, mientras la atención está al nivel de los países más atrasados. En el nivel departamental (es decir, sin considerar recursos municipales) se dispone de una cifra cercana a los $ 400.000 por persona y por año. Eso es lo que se desprende del estudio, Elementos para la Construcción de un Diagnóstico del Sector Salud en el Departamento de Arauca, realizado por el Grupo de investigación Ingeniería de la Salud de la Universidad Nacional de Colombia.
Un total de 68 mil dólares pagaron los grupos paramilitares para la remodelación y ampliación del puesto migratorio de la policía secreta colombiana (DAS) en Paraguachón, frontera con Venezuela, desde el cual se habrían fraguado acciones de espionaje e infiltración hacia el vecino país, según lo demuestra el contrato de donación firmado en junio de 2004 entre el jefe del organismo de seguridad, Jorge Noguera, hoy pendiente de sentencia dentro del juicio que se le sigue por homicidio y concierto para delinquir, y la cooperativa Atayawacoop, fachada del paramilitarismo en el departamento de La Guajira.
Se está creando un cierto consenso de que estamos siendo sometidos a la oligarquía financiera. Una crisis sin precedentes agudiza las desigualdades sociales y la pobreza y amenaza con llevar a Europa a un desastre inminente.
En la actualidad la movilización es el principal mecanismo utilizado por los movimientos sociales para exigir el cumplimiento de sus derechos y la población afrocolombiana no es ajena a la utilización de ese mecanismo. Hoy el tema que nos convoca es la reivindicación de los derechos que la comunidad estudiantil afrocolombiana denuncia frente a una serie de irregularidades que el gobierno, a través del ICETEX viene desarrollando en el proceso de administración de los créditos condonables para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, lo cual va en detrimento de los derechos plasmados en la Ley 70 de 1993 y las justas causas del pueblo Afrocolombiano.
Hace apenas unos días el presidente bolivariano Hugo Chàvez Frias anunciò que nacionalizarà la producción de oro y regresarà al país las reservas aurìferas que en la dècada de los 80 y por mandato del Fondo Monetario Internacional, (FMI), fueron sacadas de las arcas estatales y enviadas al exterior, para invertirlas en Brasil, Rusia y China, que gozan, segùn opinó, de “economìas estables”, o en instituciones financieras de la UNASUR. “¿Hasta cuando los paìses del Sur vamos a financiar las economìas del Norte?- sostuvo Chavez, quien informò que en la banca de EE.UU. hay mas de 18 mil millones de dòlares en oro venezolano, en Inglaterra, desde 1980, 4.595 millones; en Canadà (Toronto), 381 millones de dòlares desde 1992 y en Francia 184 millones de dòlares.