El Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz celebrará del 19 al 23 de abril de 2027 en Rosario, Argentina, el XV Congreso CLAIP: "Donde hay raíces hay alas", al cumplir 50 años impulsando el pensamiento crítico y la construcción de paz. Participa.
El Bagre vuelve a ser escenario de guerra. Cambian los grupos armados, pero persisten las causas: oro, despojo, desigualdad y abandono estatal. La salida no es más militarización, sino una transformación territorial con justicia y dignidad.
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
En el San Juan, la violencia armada, el avance extractivo y la vulnerabilidad ante desastres se superponen sobre comunidades afro e indígenas históricamente excluidas. La respuesta no puede ser más guerra, exige derechos, paz y transformación territorial.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Catatumbo, Amalfi y San Cayetano, tres casos distintos, una alerta preocupante. Violencia armada, operaciones militares y denuncias sobre abusos vuelven a poner en debate el modelo de seguridad y sus costos para las comunidades.