El camino hacia la Paz pasa por la Justicia

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” Ccajar, propone una fórmula en debate y construcción, que permita no sólo terminar el conflicto armado sino que implique consolidar a futuro la paz a partir de tres elementos: la adopción de garantías de no repetición, la creación de un Tribunal Especial de Justicia para la Paz y la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad.

 Propuesta de garantías de no repetición

Para que las violaciones a derechos humanos no se repitan, se requieren cambios estructurales en el funcionamiento del Estado, que incluyen el fortalecimiento de las instituciones de investigación y protección, la depuración del Estado, la transformación de las estructuras económicas y tributarias, entre otras medidas que incluyen:

 Fortalecer el Estado de Derecho y la primacía del poder civil sobre el militar.

 Desmonte efectivo del paramilitarismo, a través de la investigación y sanción efectiva de sus auspiciadores

 Depurar las Fuerzas Armadas y las organizaciones estatales, con la destitución de funcionarios comprometidos en violaciones a los derechos humanos, ya sea por acción o por haber tolerado dichas acciones.

 Revisar y eliminar los manuales, reglamentos y legislación que reproducen visiones en las que sectores de la población son percibidos como el “enemigo interno”.

 Desclasificar y depurar los archivos de inteligencia estatal y no volver a recabar información de defensores de derechos humanos, sindicalistas, miembros de partidos y movimientos políticos de oposición y miembros de organizaciones sociales, en razón de su labor.

 Adoptar protocolos y mecanismos de control que frenen los abusos de la fuerza pública en manifestaciones sociales, así como derogar las normas que criminalizan el ejercicio de la protesta pacífica

 Afectar las estructuras económicas y tributarias que favorecen la injusticia social. Adoptar fórmulas que garanticen la subsistencia de las comunidades, la economía campesina y la soberanía alimentaria.

 Reducir el gasto militar y la composición de las Fuerzas Armadas, y asegurar que dichos recursos se destinen a la satisfacción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

 Reforma a la administración de justicia que contribuya a la superación de la impunidad que ha favorecido a los responsables de las masivas y sistemáticas violaciones a los DH. Ello implica la adopción de medidas para asegurar la independencia del poder judicial y la no intervención de las demás ramas del poder público.

 Consolidación de la carrera judicial obligatoria y concurso de méritos como mecanismo de acceso a la Rama, así como modificación de los sistemas de postulación y elección de magistrados y magistradas de las Altas Cortes.

 Abolición de los fueros políticos, religioso, militares o cualquier otro, que menoscabe el derecho a la igualdad formal y real ante la ley que tienen todos ciudadanos y ciudadanas.

 Garantía de participación de las víctimas en todas las etapas de procesos penales.

 Derogatoria de normas y retiro de iniciativas legislativas que amplían el fuero penal militar a graves violaciones de derechos humanos o tergiversan el Derecho Internacional Humanitario.

 Propuesta de Comisión de la Verdad

Se propone una Comisión de Verdad, que en ningún caso sustituirá la actuación de los órganos judiciales y disciplinarios. Esta será de origen oficial y contribuirá a la verdad sobre la sistemática y generalizada violación de los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio con especial énfasis en la responsabilidad estatal de dichos crímenes por ser éstos mayormente graves dada la calidad de garante del Estado.

Su composición, desarrollo y funcionamiento deberían tomar en cuenta las propuestas formuladas desde espacios sociales y de víctimas como el Movice y Conpaz, así como las solicitudes de las organizaciones de víctimas de desaparición forzada, de constituir subcomisiones de verdad por conductas que puedan profundizar sobre mecanismos de comisión de los crímenes, las víctimas e impactos sobre los procesos organizativos.

Sus recomendaciones en materia de reformas institucionales, verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición serán la base de la política pública de derechos humanos.

 Propuesta de Tribunal de Justicia para la Paz La paz para que sea creíble, firme y duradera no puede ni debe ser sinónimo de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio o graves infracciones al derecho internacional humanitario.

Se propone la creación de un Tribunal Especial de Justicia para la Paz al que deben someterse todos los que quieran aportar a un proceso de paz sólido, contribuyendo a desestructurar los métodos, prácticas, financiación y autorías intelectuales de crímenes de carácter internacional. Quienes no se sometan a este Tribunal o habiéndose sometido no hayan contribuido a satisfacer los derechos de las víctimas deberán ser juzgados por la justicia ordinaria o enfrentarse a una posible acción de la Corte Penal Internacional.

El carácter de este tribunal sería de composición mixta (nacional e internacional), de naturaleza confesional y estaría dividido en dos salas: una sobre los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado interno al que se someterán guerrilleros y militares responsables de crímenes de guerra, y otra sobre crímenes cometidos con ocasión del conflicto social, económico y político que tratará sobre genocidio, los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos.

El Tribunal contará con un procedimiento especial para la revisión de procesos judiciales y condenas contra líderes, activistas sociales y populares reconocidos por su trabajo en la reivindicación y defensa de los derechos humanos.

Frente a los grupos guerrilleros que se desmovilicen se debe conceder amnistías e indultos lo más ampliamente posible en relación a los delitos políticos y conexos, tomando en cuenta las obligaciones y estándares internacionales que limitan la concesión de dichos beneficios penales a quienes sean responsables de crímenes de guerra.

La responsabilidad y sanción penal debe ser asimétrica. Los beneficios que se otorguen deben tomar en cuenta sanciones diferenciadas para los promotores de los crímenes de Estado, caso en el cual la justicia debe ser más drástica, las inhabilidades políticas que se acuerden deben extenderse en primer lugar a aquellos.

A mayor contribución a la verdad y a las garantías de no repetición, serán más favorables los beneficios. Para la determinación de la pena, se tomarán en cuenta la gravedad de los crímenes, el grado de participación, así como las contribuciones específicas a la satisfacción de derechos de las víctimas, para ello el Tribunal contará con un catálogo amplio de sanciones que incluyen confinamiento territorial, detención domiciliaria, trabajos comunitarios de interés público o social, o privación de la libertad.

Las condiciones en que se realice la sanción penal no pueden convertirse en una nueva ofensa a la humanidad y en particular a las víctimas. El rango de las penas a imponer a responsables del Estado y particulares que han actuado con su aquiescencia, tolerancia o apoyo, no deberían ser inferiores a las establecidas en Justicia y Paz, y deberían ser el doble de las previstas en Justicia y Paz para los máximos responsables. Su fijación debe guardar relación directa con los siguientes criterios: gravedad de los hechos cometidos, determinación frente a los crímenes, contribución al desmantelamiento de la estructura, identificación del paradero de los detenidos desaparecidos, responsabilidad de mando o incidencia en la sociedad.

Sustento de la propuesta

El conflicto social y armado colombiano tiene profundas causas políticas y económicas. Entre los múltiples factores que lo alimentan, se encuentran la exclusión de amplios sectores de los beneficios del desarrollo y la exclusión política ligada al bipartidismo, factores que en su conjunto han limitado el fortalecimiento de la democracia como expresión de la multiplicidad de opiniones, fuerzas e intereses existentes en la sociedad.

A la par, la violencia socio política ha asegurado la consolidación de un bloque hegemónico en el poder así como un modelo de acumulación sustentado en la mercantilización de los derechos humanos; acumulando por vía del despojo y despojando por vía de la fuerza. Un modelo orientado a favorecer las políticas de desarrollo y acumulación con énfasis en sectores extractivos como el minero-energético y en la apropiación de los recursos naturales, sin tener en cuenta las necesidades de la sociedad.

Teniendo en cuenta estos factores, la violencia política y represión estatal son consecuencia de políticas y prácticas estatales que no son efecto único y exclusivo del conflicto armado.

Para avanzar hacia una paz estable y duradera se debe partir por reconocer que desde altas esferas del Estado se ha impulsado un modelo de represión que combina métodos legales y operaciones encubiertas a través de grupos paramilitares vinculados a sectores económicos y políticos en diferentes zonas del país.

Después de más de seis décadas de aplicación de doctrinas, ideologías y políticas implementadas desde el Estado contra el movimiento social colombiano, es difícil sostener que llegado a un acuerdo de terminación del conflicto armado entre Gobierno Nacional y guerrillas, terminarán también las violaciones a derechos humanos.

Pretender desarrollar fórmulas jurídicas para la desmovilización de las guerrillas sin contemplar la depuración del establecimiento criminal incrustado en la economía, en la política y en el Estado, no es una apuesta para la paz, si no para la perpetuación del status quo y la violencia estructural. Por tanto, la paz integral pasa porque todos los responsables de crímenes internacionales contra la población colombiana se sometan a un proceso de justicia para la paz o respondan ante la justicia ordinaria.

En diferentes sectores políticos, académicos y con cierto eco en los medios de comunicación, viene tomando fuerza la idea de que el tránsito hacia la paz exige que las víctimas y la sociedad en su conjunto sacrifiquen sus demandas de justicia. Nada más errado para un país que ha sufrido y sigue sufriendo de altísimos índices de impunidad frente a violaciones a derechos humanos, y como se ha puesto en evidencia en estos días, de un altísimo descrédito, corrupción y deslegitimación social de la administración de justicia.

La construcción de un futuro en el que se garantice una administración de justicia eficaz, pronta e independiente para todas las víctimas no puede construirse sobre la impunidad de las violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho humanitario cometidas durante décadas. La sociedad, las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, recibimos con grandes esperanzas el anuncio pactado entre los negociadores de La Habana de que no se produciría un intercambio de impunidades, esperamos que las partes honren su palabra.

Por otra parte, la Corte Penal Internacional ya ha señalado la eventual responsabilidad de guerrillas, Estado y paramilitares en la comisión de crímenes internacionales bajo la vigencia del Estatuto de Roma. El rol más importante que puede cumplir la CPI frente al proceso de paz en Colombia, es el de evitar la repetición de los crímenes al advertir a los máximos responsables de todos los actores armados y promotores de los crímenes causados por las múltiples violencias, que de no se acogerse a un proceso de justicia transicional o incumplir las obligaciones que se deriven del mismo, la CPI podría activar su competencia.

Como Ccajar consideramos que en la Mesa de Negociaciones de La Habana, se debe abordar explícitamente la discusión sobre justicia y dar dos tipos de respuestas: a los crímenes del pasado con fórmulas que satisfagan los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación; y de cara al futuro, con la discusión sobre garantías de no repetición que sienten las bases para que la historia de los crímenes no se repita.

Sobre lo primero, proponemos que las negociaciones incluyan de manera explícita un procedimiento judicial de carácter universal, esto es que se aplique a las dos partes que negocian la terminación del conflicto armado. Pero también diferenciado, que implique el reconocimiento de la asimetría de responsabilidades entre Estado y guerrillas, y que distinga entre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Sobre lo segundo, un proceso de paz que ponga fin al conflicto armado en Colombia, para que sea viable y real debe contemplar la desmovilización de todos los actores del conflicto armado y la eliminación de la guerra sucia. Se trata de apoyar un proceso de paz que lleve a la desmovilización de las guerrillas al tiempo que asegure el desmonte de las estructuras políticas y económicas que dan sustento a la violencia, en particular a los agentes estatales, paramilitares y auspiciadores civiles de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.