Una denuncia campesina en La Macarena, Meta, vuelve a poner en el centro los riesgos de una política basada en la guerra: muerte de un campesino, presuntos abusos contra una familia y nuevas preguntas sobre derechos humanos, verdad y control territorial.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
Una denuncia que no puede pasar inadvertida
El 22 de septiembre de 2026, la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta, hizo pública una denuncia sobre graves hechos ocurridos durante una operación del Ejército Nacional. Según el comunicado comunitario, tropas militares ingresaron a una vivienda campesina, retuvieron e interrogaron a sus habitantes y habrían sometido a una mujer a tratos crueles y degradantes. Posteriormente, según los testimonios recogidos por la comunidad, el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán habría sido muerto por integrantes de la Fuerza Pública.
La denuncia sostiene además que durante los hechos se produjeron disparos hacia personas que intentaban acercarse a la vivienda, donde se encontraban dos menores de edad.
Estos señalamientos deben ser investigados y no pueden darse por probados mientras las autoridades competentes no establezcan los hechos y responsabilidades. Pero tampoco pueden ser desestimados. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó públicamente que recibió la denuncia de la Junta de Acción Comunal y solicitó a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Ejército información detallada sobre lo ocurrido.
La gravedad está precisamente ahí, una comunidad campesina denuncia que quienes debían garantizar su seguridad terminaron convirtiéndose, según su relato, en fuente de riesgo.
Grave denuncia en La Macarena, Meta
— INDEPAZ (@Indepaz) September 25, 2026
Desde Indepaz expresamos profunda preocupación por la grave denuncia realizada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta.
Según la denuncia de la comunidad, el 22 de septiembre, en medio de… pic.twitter.com/q7YlIOzYcI
La Macarena no es cualquier territorio
La denuncia adquiere una dimensión mayor cuando se recuerda la historia de esta región. La Macarena ha sido durante décadas escenario de conflicto armado, disputas territoriales, economías ilegales, abandono institucional y graves violaciones de derechos humanos.
El propio CINEP ha documentado la historia de las ejecuciones extrajudiciales y las fosas comunes en La Macarena y los Llanos Orientales. En una investigación publicada en 2020, recordó que 1.674 de los 2.304 cuerpos no identificados registrados en cinco cementerios de los Llanos habían sido reportados como muertos en combate por la Fuerza Pública. El caso de La Macarena se convirtió así en uno de los referentes nacionales para comprender el fenómeno de los llamados falsos positivos. (Cinep)
Por eso, cuando una comunidad de esta misma región denuncia nuevamente la muerte de un campesino en una operación militar y afirma que la víctima estaba desarmada, la respuesta democrática no puede ser el silencio ni la descalificación automática de los denunciantes. La respuesta debe ser verdad, investigación independiente, protección de los testigos y garantías para la comunidad.
No se trata de equiparar un hecho denunciado en 2026 con los crímenes ya judicializados de años anteriores. Se trata de reconocer que la memoria histórica obliga a extremar las garantías precisamente para impedir que esas prácticas se repitan.
¿Otra vez medir la seguridad en cuerpos?
El caso ocurre en un momento particularmente delicado para Colombia. Durante las últimas semanas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha colocado la confrontación militar en el centro de su política de seguridad. El propio Gobierno ha defendido operaciones militares como la realizada contra estructuras de las disidencias en Guaviare, mientras el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, sostuvo ante el Congreso que existía información de inteligencia que identificaba a los integrantes del campamento como personas en función permanente de combate. (ELHERALDO.CO)
Pero este enfoque enfrenta una cuestión que no puede resolverse mediante discursos, ¿qué estrategia existe para recuperar los territorios más allá de las operaciones militares?
La pregunta es urgente porque, mientras se anuncian resultados operacionales, persisten en diferentes regiones problemas de desplazamiento, reclutamiento, economías ilegales, control armado, pobreza rural, ausencia de servicios públicos y debilitamiento de las organizaciones comunitarias.
La propia Defensoría del Pueblo ha advertido sobre los riesgos derivados de las operaciones militares cuando existen menores reclutados en los campamentos. Tras un bombardeo en Guaviare en el que murieron tres menores, la entidad recordó que ha conocido 1.173 casos de reclutamiento desde 2024 y pidió reactivar la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA). (Defensoría)
Esto revela una contradicción profunda, si el Estado sabe que hay menores reclutados, la respuesta no puede limitarse a contabilizar las bajas producidas durante los bombardeos; debe impedir el reclutamiento y proteger efectivamente a la población civil.
La memoria de los falsos positivos vuelve a interpelar al presente
La preocupación no es solamente histórica.
En junio de 2026, antiguos integrantes del Ejército reconocieron ante la JEP su responsabilidad en 209 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el Meta, según reportó El País. (El País Cali)
Y en julio, tres generales retirados y otros 22 militares reconocieron ante la JEP responsabilidad por 604 falsos positivos cometidos en la Costa Caribe entre 2002 y 2008. (Comunicado 81, JEP)
Es decir, mientras Colombia intenta cerrar judicial y socialmente uno de los capítulos más graves de su historia reciente, aparecen nuevas denuncias que obligan a preguntar por los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas de las operaciones militares.
La memoria no sirve únicamente para recordar a las víctimas. Sirve para establecer límites al poder.
Por eso, hablar de un posible regreso de los falsos positivos no significa afirmar que cada muerte producida en una operación militar sea una ejecución extrajudicial. Significa algo más serio: que cualquier denuncia de civiles muertos, especialmente cuando las comunidades afirman que estaban desarmados, debe activar inmediatamente los más altos estándares de investigación y transparencia.
El problema no es solo militar
Colombia atraviesa un momento de enorme incertidumbre territorial. En distintos puntos del país se superponen disputas entre estructuras armadas, economías ilegales, control de corredores estratégicos, crisis humanitarias y comunidades sometidas a diferentes formas de regulación armada.
La respuesta exclusivamente militar corre el riesgo de confundir recuperar territorio con recuperar sociedad.
Un territorio puede ser ocupado militarmente y, sin embargo, continuar bajo control económico ilegal, sin carreteras, sin escuelas suficientes, sin justicia, sin salud, sin alternativas productivas y sin organizaciones comunitarias protegidas.
La experiencia histórica colombiana muestra que derrotar militarmente a una estructura no necesariamente elimina las condiciones que permiten su reemplazo por otra.
Por eso resulta insuficiente una política que mida su éxito fundamentalmente por capturas, toneladas incautadas o integrantes de grupos armados muertos. Son indicadores relevantes para la seguridad, pero no constituyen por sí mismos una política de transformación territorial.
La arrogancia del poder también produce inseguridad
Existe además un problema político y ético en la manera de comunicar la guerra.
La controversia generada por la difusión de imágenes del presidente recorriendo los cuerpos de personas muertas durante una operación militar en Guaviare llevó a la Defensora del Pueblo, Iris Marín, a reclamar públicamente respeto por los muertos y prudencia en la comunicación oficial. (TP)
La discusión no es meramente estética.
Cuando la muerte se convierte en espectáculo de eficacia gubernamental, se corre el riesgo de reducir la política de seguridad a una lógica elemental, ellos mueren, nosotros ganamos.
Pero en un Estado constitucional la seguridad no puede construirse sobre la deshumanización del adversario ni sobre la sospecha permanente respecto de las comunidades rurales.
Una política democrática de seguridad debe ser capaz de combatir a los grupos armados sin convertir a la población civil en daño colateral, sospechosa permanente o escenario de demostración de fuerza.
¿Qué hacer entonces?
El caso de La Macarena debería convertirse en una oportunidad para exigir algo más profundo que una nueva operación militar.
Primero, verdad e investigación independiente. Los hechos denunciados por la Junta de Acción Comunal deben ser investigados por las autoridades competentes, con participación de organismos de control y garantías para los testigos. La investigación debe establecer qué ocurrió, quiénes participaron y bajo qué órdenes.
Segundo, protección inmediata de la comunidad. Familiares, testigos, líderes y habitantes de Guaduales Nueva Esperanza deben contar con garantías frente a amenazas, estigmatización o represalias.
Tercero, control civil efectivo sobre las operaciones militares. Toda operación en zonas habitadas debe contar con mecanismos verificables de prevención de daños a civiles, particularmente cuando existe presencia de niños, niñas y adolescentes.
Cuarto, recuperar la política territorial. El Estado necesita una estrategia que combine seguridad, justicia rural, educación, salud, infraestructura, economía campesina, protección ambiental y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. La fuerza pública puede ser necesaria; no puede ser la estrategia completa.
Quinto, fortalecer la memoria y la no repetición. En regiones como La Macarena, la experiencia de los falsos positivos no puede ser tratada como un asunto del pasado desconectado del presente. La memoria debe convertirse en protocolo, control institucional y garantía efectiva.
La denuncia de La Macarena llega en un momento en que Colombia parece regresar a una vieja tentación, responder a la complejidad territorial con una simplificación militar.
El país necesita enfrentar a los grupos armados y proteger a las comunidades. Pero eso exige algo mucho más difícil que declarar una guerra, construir Estado allí donde históricamente ha existido abandono, garantizar derechos, recuperar la confianza de las comunidades y desmontar las economías que alimentan la violencia.
Si frente a cada crisis la respuesta es aumentar la intensidad de la guerra, pero no transformar las condiciones que producen y reproducen el conflicto, el resultado puede ser una administración permanente del caos.
La denuncia de los campesinos de La Macarena debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. No porque la versión comunitaria deba asumirse automáticamente como verdad, sino precisamente porque en una democracia la verdad no la determina el poder de las armas.
La historia de Colombia ya dejó demasiadas víctimas para que volvamos a aceptar que los cuerpos sean utilizados como prueba de eficacia.
La seguridad que necesita el campo colombiano no es solamente la ausencia del enemigo. Es la presencia de derechos, justicia, comunidad, tierra, dignidad y garantías para vivir sin miedo.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ y grupo autónomo kavilando.
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