Por andar muy ocupado, empujándole votos a sus favoritos para las elecciones parlamentarias, y defendiendo la “confianza inversionista”, el Gobernador de Antioquia no se ha percatado del enorme hueco fiscal que le producirán al Departamento los decretos de Emergencia Social.En primer lugar, y sin mucho preámbulo o justificación, el Decreto 132 despoja a los entes territoriales de los recursos del Sistema General de Participación para atención al régimen subsidiado. Tal como quedó definido, el gobierno constituirá un patrimonio autónomo mediante un administrador fiduciario, que recaudará los recursos de financiación y cofinanciación de dicho régimen, y los girará de manera directa a las EPS-S.